Con el anuncio de una nueva estrategia en seguridad pública y el nombramiento del nuevo secretario, Jorge Guillén, en la ciudad de León, se espera una mejoría en la disminución de los delitos en general, especialmente los homicidios dolosos y robos, con o sin violencia, en casas y negocios, entre otros.
León es la tercera ciudad más poblada de México, sin considerar las zonas conurbadas o metropolitanas y es una de las economías más importantes en toda la República.
Entre otros factores, de ahí deriva que la delincuencia común y la delincuencia organizada vean a León como un botín o una plaza de alta relevancia para sus fines e intereses criminales.
Al olvido se fue aquella ciudad apacible donde un asesinato era el escándalo y la noticia que había que seguir hasta ver en qué terminaba, en materia de justicia. Hoy, los homicidios dolosos se han convertido en un elemento urbano más, que diluye la capacidad de asombro en la sociedad.
No se puede permitir eso porque representa el primer elemento de una mala percepción de seguridad en la población y nos hace olvidar otros delitos como los robos, asaltos y extorsiones, que van en ascenso, en forma callada por su naturaleza.
Además de las nuevas estrategias anunciadas por la alcaldesa, Alejandra Gutiérrez, en materia de la seguridad pública y combate a la delincuencia, se deben tener en cuenta otros factores:
No está de más buscar apoyos internacionales en materia de seguridad y protección de derechos humanos. Tampoco es ocioso conocer y tropicalizar modelos efectivos de otros países.
Tal vez se haya hecho, pero se debe buscar y exigir que cada instancia y orden de gobierno cumpla con su obligación constitucional en seguridad pública. La Federación, lo sabemos, tiene como competencia principal la lucha y el combate a la delincuencia organizada.
La delincuencia organizada no se termina con la simple presencia numerosa del Ejército y la Guardia Nacional; se debe atacar con trabajo de inteligencia permanente para que sean detenidos los capos de las mafias.
El problema de drogas no se termina solo con la detención de consumidores o vendedores callejeros sino con el control y aseguramiento del tráfico masivo.
El financiamiento del crimen organizado, que incluye el lavado de dinero, se debe atacar desde instancias como la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, y es a estas dependencias a las que se debe solicitar que hagan su trabajo.
Ocurre que la función federal la han asumido las fiscalías estatales y es momento de que se haga efectiva la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, que señala como facultad exclusiva de la Federación.
Pero como una instancia no puede sola y su capacidad se diluye cuando hablamos de todo el país, entonces viene la obligación legal de coordinación entre todos los órdenes y niveles de gobierno.
No debe pasar en León lo que le ocurre a Celaya, cuya Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana decidió, por necesidad o como sea, enfrentar sola a grupos del crimen organizado y es momento en que la lucha no ha terminado y ha cobrado la vida de muchos de sus elementos.
La diplomacia y la cortesía van por delante, pero si otras instancias no responden o no colaboran, será momento de señalarlas públicamente. Esto sería parte de una nueva estrategia, que realmente dé resultados en favor de la ciudadanía.