“La emisión de las ideas por la prensa debe ser tan libre como es libre en el hombre la facultad de pensar”.
Benito Juárez
Como siempre, el presidente López Obrador empezó insultando y agrediendo. Se refirió al New York Times como “un pasquín inmundo” y divulgó el teléfono de la reportera Natalie Kitroef, un acto intimidatorio y violatorio de la ley sobre datos personales. Dijo que exigiría al gobierno de Estados Unidos una explicación: “Yo espero que el gobierno de Estados Unidos exprese algo, manifieste algo también. Cualquier gobierno democrático, defensor de las libertades, tendría que informar“.
Es paradójico ver a López Obrador exigir transparencia a un “gobierno democrático” cuando él mantiene tanta opacidad, pero la furia del presidente surgió de un cuestionario que le sometió el New York Times para un reportaje sobre una “investigación de autoridades estadounidenses basada en testimonios de informantes y transferencias de dinero” que sugiere que “aliados cercanos del presidente se reunieron” con criminales y “recibieron millones de dólares. La investigación fue cerrada luego que las autoridades estadounidenses concluyeron que podía causar un conflicto diplomático en México”.
Solicitar a una persona mencionada en un reportaje que manifieste sus posiciones no es práctica de un “pasquín inmundo”, sino de un periódico serio. El presidente, sin embargo, prefirió agredir al periódico y a la reportera antes que responder el cuestionario.
Ante la furiosa reacción el NYT publicó el artículo, firmado por Alan Feuer y Natalie Kitroeff, en versión electrónica ayer al mediodía. Su oficina de relaciones públicas, @NYTimesPR, consideró que la respuesta de AMLO “es una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial en un momento en que las amenazas a los periodistas van en aumento. Hemos publicado el artículo en cuestión y respaldamos nuestro trabajo. y a los periodistas.”.
El texto afirma que “funcionarios” y “agencias” estadounidenses investigaron acusaciones que sugerían vínculos entre narcotraficantes y “aliados” de López Obrador. Nunca se promovió una acusación formal contra el mandatario y al final la indagatoria se archivó. Los funcionarios no identificados “concluyeron que había poca disposición en el gobierno estadounidense para rastrear acusaciones que pudieran implicar al líder de uno de los principales aliados del país“.
La investigación se fundamenta en “informantes cuyos testimonios pueden ser difíciles de corroborar y en ocasiones resultan ser incorrectos”. Efectivamente, los “testigos colaboradores” suelen mentir para obtener beneficios judiciales. Los funcionarios que narraron la investigación al periódico, sin embargo, “también lograron rastrear por su cuenta pagos de dinero de personas que se creía eran operadores del cártel [de Sinaloa] a intermediarios de López Obrador. Al menos uno de esos pagos, dijeron, se realizó más o menos al mismo tiempo que López Obrador se trasladó al estado de Sinaloa en marzo de 2020 y se reunió con la madre del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo”.
El caso se cerró no porque no hubiera indicios, sino porque Washington no quería una disputa con México. “El gobierno de Joe Biden tiene un enorme interés en el manejo de su relación con López Obrador, quien es considerado una figura indispensable para contener el aumento del flujo migratorio que se ha convertido en uno de los temas más contenciosos de la política estadounidense”.
Hay buenas razones para no creer en los testigos comprados. El problema de AMLO, sin embargo, es que rechaza estos testimonios en los casos de sus colaboradores o del general Salvador Cienfuegos, pero los consideran inobjetables en el de García Luna.
El empleado
Arturo Zaldívar sostiene que fue presionado por Felipe Calderón en 2011 para modificar su proyecto sobre la guardería ABC. “Dile al presidente que postuló un ministro. que yo no soy su empleado“, afirma que le dijo al secretario de gobernación. Lo curioso es que sí aceptó ser un empleado de López Obrador.
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