“Acusar es tan fácil que es infamante hacerlo donde la prueba es imposible”.
Zoë Akins
No, no creo que Andrés Manuel López Obrador sea un narcopresidente. Es cierto que ha tomado decisiones inconvenientes. Su lema político “Abrazos y no balazos” manda un mensaje equivocado a la sociedad. Algunas declaraciones suyas, como “También cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos”, le han hecho daño. Su peor error de imagen fue haberse acercado a saludar a Consuelo Loera, la madre del Chapo Guzmán, en una gira por Sinaloa en marzo de 2020. Del Chapo dice que hay que tratarlo con respeto y llamarlo por su nombre, Joaquín Guzmán Loera, y no por su mote. Su afirmación de que para combatir a los criminales y los violentos hay que “acusarlos con sus mamás” ha sido un autogol, aunque lo haya dicho con ironía, pero no es una prueba de colaboración con el narco.
Es falso, sin embargo, que el presidente haya puesto fin a la guerra contra las drogas, como ha afirmado. De manera periódica el secretario de defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, presenta en las mañaneras sus partes de esta guerra. Este 20 de febrero, por ejemplo, afirmó que la Guardia Nacional y las fuerzas armadas están desplegando “281,773” efectivos “en actividades de seguridad pública”, más que nunca. La antigua Policía Federal solo llegó a tener 37 mil elementos; y si bien había operaciones militares contra el crimen organizado, estas eran puntuales, limitadas a objetivos concretos. Nada más en lo que va de este 2024, dijo el general secretario el 20, tenemos “716 detenidos, 435 vehículos asegurados”. “De lo que llevamos en la administración -añadió–, son 2,421 laboratorios de metanfetaminas. destruidos. 618.32 toneladas de metanfetaminas y 2,899.48 toneladas de sustancias químicas. Con todo esto se evitó la producción de 8,164.04 toneladas de metanfetaminas”.
Las investigaciones estadounidenses sobre los supuestos vínculos de colaboradores de López Obrador con narcotraficantes, las cuales se han revelado en varios medios internacionales, se han basado fundamentalmente en declaraciones de testigos colaboradores. En el reportaje del New York Times del 22 de febrero, el que enfureció al presidente, se habla de unos videos, pero los funcionarios no identificados que hablaron con los periodistas no los vieron, sino que sus testigos les dijeron que los tenían.
Son “otros rumores -me dijo ayer en radio Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA–. Ninguna evidencia, no existe prueba. La señora Consuelo nunca ha tenido ninguna relación con el narcotráfico. Hay buenos informantes, hay malos informantes”. De hecho, Vigil comentó en son de burla que, si Jesús de Nazaret hubiera sido hoy un personaje público, “pronto saldrían informantes que lo vincularan con todos los carteles de México”.
Así como no hay pruebas que vinculen al presidente López Obrador con el narcotráfico, tampoco las hay contra Felipe Calderón, a pesar de las constantes afirmaciones de López Obrador y sus seguidores. Las acusaciones contra Genaro García Luna, secretario de seguridad con Calderón, y el general Salvador Cienfuegos, secretario de defensa del presidente Enrique Peña Nieto, se fundamentaron también en declaraciones de testigos comprados, pero no se puede conceder credibilidad a algunos y a otros no. Los informantes no son suficientes para demostrar una colaboración con el narco; se necesitan pruebas fehacientes.
La etiqueta “narcopresidente” se ha convertido en un arma para atacar al presidente. Me parece falta de ética. López Obrador tiene suficientes errores y defectos como para inventarle acusaciones sin pruebas.
Pío
El hermano del presidente, Pío López Obrador, fue exhibido recibiendo sobres con dinero en efectivo para ayudar a Morena, pero no hubo ninguna acción legal en su contra. En cambio, ayer se realizó una audiencia en la demanda que presentó contra Carlos Loret de Mola por 200 millones de pesos por haber difundido los videos. Pío busca así dar un golpe mortal a la libertad de expresión.
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