Los villanos que son tan obviamente villanos no son buenos villanos”.

Germán Dehesa

 

En ese culto maniqueo instaurado por el presidente López Obrador, aquellos que le rinden pleitesía son premiados y ensalzados sin importar sus pecados, mientras que los que se oponen a sus designios son denostados como conservadores, neoliberales, corruptos y traidores a la patria. A veces, sin embargo, los propios sacerdotes del culto se confunden y no saben quién es héroe y quién villano.

Ahí está el caso del ministro Alberto Pérez Dayán de la Suprema Corte. Aleida Alavez, vicecoordinadora de los diputados de Morena, presentó una denuncia de juicio político en su contra este 26 de febrero porque, dijo, el ministro incurrió en una “violación grave” de la Ley de Amparo y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. “Es un desaseo el que tienen en los procedimientos en la Corte para analizar temas de fondo”.

La diputada, con licenciatura en comunicación de la UNAM, le ha señalado al ministro de larga carrera judicial, hoy presidente de la Segunda Sala, sus supuestos errores jurídicos. Dice que, ante un empate en el voto sobre la Ley de la Industria Eléctrica, el ministro debió recurrir al artículo 17 de la Ley Orgánica. El primer paso debió haber sido turnar el asunto a otro ministro. De persistir el empate, la ministra presidenta debió nombrar a un ministro de otra sala para emitir su voto. “Solo como tercer paso., entonces sí el presidente o presidenta de la sala tendrá voto de calidad”. El ministro Pérez Dayán, sin embargo, acudió al artículo 56 de la Ley de Amparo que dice: “En caso de empate, quien presida tendrá voto de calidad”.

En una entrevista de radio con Guadalupe Juárez y yo, la diputada Alavez afirmó que desde antes el pleno de la Corte había decidido, por ocho votos, declarar “la constitucionalidad” de la ley. Ahora, en una “sala regional”, Pérez Dayán “hace un procedimiento anómalo”. La diputada justificó el juicio político porque hubo una “actuación dolosa de este presidente de sala regional”.

No quisiera decirlo, pero yo tengo otros datos. Para empezar, es falso que el pleno haya declarado la constitucionalidad de la ley por ocho votos. La votación del 7 de abril de 2022 se hizo por apartados en los que cuando menos siete ministros votaron en contra de la ley. No se alcanzó la mayoría calificada de ocho para una declaratoria formal de inconstitucionalidad, pero esto no hace constitucional la ley. Precisamente porque no se alcanzó la supermayoría, los tribunales colegiados y la Segunda Sala de la Corte han tenido que resolver los amparos individuales. Por otra parte, no existen esas “salas regionales” que la diputada citó en dos ocasiones. Aplicar el artículo 56 de la Ley de Amparo para desempatar la votación no es ni ilegal ni doloso. La ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, hoy senadora por Morena, nos dijo en el mismo programa ayer que tanto la Ley de Amparo como la Ley Orgánica podían aplicarse al caso. Yasmín Esquivel, en efecto, emitió un voto igual de calidad cuando era presidenta de la Segunda Sala en el amparo 5102/2021.

Mientras la diputada trata de promover un juicio político contra el ministro villano, la secretaria de economía, Raquel Buenrostro, reconoció este 27 de febrero que los amparos y decisiones de la Corte han resuelto las consultas con Estados Unidos y Canadá para establecer paneles de controversia por la violación al T-MEC. “Ya no hay litis o muerto el perro se acabó la rabia”.

Efectivamente, la Ley de la Industria Eléctrica era el perro con rabia que violaba el tratado comercial de Norteamérica. Los amparos y la Corte le han ahorrado así a México unas sanciones que podrían haber sido extraordinariamente costosas. En lugar de juicio político, quizá los diputados de Morena debieran rendirle un homenaje a Pérez Dayán. 

 

En familia

 

Bertha Alcalde, hermana de la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde, ha sido designada ahora directora general del ISSSTE. Parece que en la 4T los cargos públicos siempre quedan en familia. 

 

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