Poco a poco se cierra la trampa sobre los apostadores por ganar las elecciones a punta de billetazos. Temerarios, se han decidido por el cinismo, para intentar salir victoriosos de la contienda. En tanto la ciudadanía ve con asombro la maniobra que puede conducir a la eliminación de la democracia que tanto insisten en defender últimamente.
A ver, si se actúa fuera de los cánones democráticos y se maniobra condicionando el voto y truncando la libertad de los ciudadanos para votar por quienes consideren más aptos para un puesto, le estarán otorgando el derecho al presidente de la República para terminar de despedazar nuestro maltrecho sistema, al actuar también fuera del estándar jurídico.
Peor aún, se abren las puertas de la contienda electoral de par en par, para aquellos que posean dinero en cash. Informan los bancos que la base monetaria ya aumentó, en el primer trimestre, más del 14%, llegando a 3 billones de pesos. Es gasto electoral. La delincuencia organizada podrá participar cómodamente, comprando votos para sus candidatos favoritos. Estamos fortaleciendo al crimen organizado; luego no nos quejemos.
No falta quien afirme que para enfrentar los programas sociales del gobierno federal se debe actuar con una táctica similar para neutralizarlos. Pierden de vista lo que está sucediendo en el terreno llano: los operadores de Morena están desinformando a las ciudadanas sobre la Tarjeta Rosa. Les comunican a las mujeres que dicha tarjeta es en realidad un beneficio adicional de los programas federales, incluso tiene el mismo color. Si unos trampean, los otros también.
Comprando votos se logra un impacto perverso sobre la política de transparencia y rendición de cuentas, ya que debe neutralizarse cualquier avance que mejore el gobierno. Como se utiliza el dinero público para fortalecer una candidatura y fondear campañas, se debe simular que se trata de programas institucionales. Falsedad obvia. Al final todo se derrumbará por falta de resultados.
Si estas perversidades los conducen al gobierno, cuando ganen deberán entregar las posiciones a malos funcionarios públicos, cuya enseña sea la deshonestidad. Por ejemplo, el Auditor Superior del Estado será un corrupto que encubra los boquetes financieros en los presupuestos. En los municipios se designará a contralores que garanticen la impunidad. Así nada funcionará bien.
El asunto no para aquí. Cualquier intento de iniciar la construcción de un gobierno profesional quedará desactivado ante la necesidad de contratar empleados deshonestos para los puestos más importantes. ¿Ven como la compra de sufragios revienta de raíz la posibilidad de gobernarnos bien?
El Congreso no se salvará tampoco. Se deberá fomentar la llegada de diputados subordinados al Ejecutivo. ¡Quiúbole! ¿No critican tanto la actuación de los morenistas en el Congreso federal que parecen verdaderos zombis parlamentarios al servicio de su Señor? Toda la actividad legislativa queda condicionada a la selección de una mansa recua de diputados. De otra manera, una función primordial de contrapeso, como es el control del gasto y su fiscalización eficaz, provocaría la persecución de muchos funcionarios de alto nivel.
La Fiscalía General del Estado también se vería afectada. Su función persecutora debería utilizarse para poner tras la reja a muchos políticos pillos dedicados a la extracción de fondos públicos para repartir dinero y bienes con el fin de condicionar y comprar votos. Para evitar esto se deberá contar con un fiscal aquiescente y tolerante, que pacte con el funcionariato estatal un ambiente de impunidad que roerá poco a poco la estructura de la Fiscalía. Así el persecutor se convertirá en encubridor. Sería el inicio de pactos con otro tipo de delincuentes.
Como remate, la comercialización de los votos es inversamente proporcional a la legitimidad de un gobierno. Mientras más se compre, menos legitimidad poseerá. Y si no gana Xóchitl, una gobernadora de oposición padecerá una fragilidad política crónica, que la enfrentará a un terrible y turbulento destino. El llamado a una actuación honesta no solo es una ingenua convocatoria a la virtud, sino un requerimiento para que puedan funcionar bien las instituciones. Deberían saberlo y reflexionarlo en lugar de prometer tarjetas rosas por doquier.