Hacia 2017, un año antes del término de la administración federal sexenal, se implementó el programa conocido como “Repatriación de Capitales”, emitido por el SAT, con la ventaja de realizar un solo pago sobre el monto repatriado.
Para ese entonces recuerdo que los funcionarios del área de Banca Patrimonial de BBVA invitaron a un desayuno ejecutivo en el Hotel Crown Plaza a un grupo selecto de cuentahabientes, para explicarles las bondades de esa medida fiscal y conocer todos los detalles; en lo personal recibí la invitación de la entonces funcionaria Miroslava Vela, una eficiente y agradable ejecutiva quien me había atendido durante muchos años (creo que ahora ya labora para otra institución bancaria), con un programa específico para esa sesión informativa a cargo de expertos que llegarían desde la Ciudad de México de las oficinas centrales de la institución bancaria BBVA.
Acudí con entusiasmo y curiosidad al desayuno, en donde encontré a muchas personas conocidas en el ámbito empresarial del ramo de la zapatería, de la curtiduría, del comercio y sobre todo muchos de la construcción. La atención fue magnífica y los dos expositores, uno en materia financiera y otro estrictamente en la materia fiscal sobre impuestos, durante casi dos horas explicaron a detalle en qué consistía el decreto de marras. Seguramente los ejecutivos de otros bancos locales hicieron lo mismo para sus cuentahabientes.
Las principales bondades que pregonaban recuerdo muy bien que consistían en una especie de “amnistía fiscal” que no contemplaba multas y recargos y el fisco reservaría la identidad de los beneficiarios que se acogieran a este programa, consistente en regresar al sistema bancario mexicano los fondos que tuvieran en el extranjero (Estados Unidos, Canadá, Islas Caimán, Panamá, España, Suiza y sobre todo Andorra), pagando únicamente el 8% del impuesto sobre la renta, ahorrando tasas del 30 al 35% que son las que corresponderían. Además, se prometía no realizar investigación alguna sobre el origen del dinero, ni habría límites sobre los montos retornados.
Explicaban que se necesitaba incentivar este rubro porque según las investigaciones con que se contaba a esas fechas había más de 550 mil millones de dólares propiedad de cuentas de ciudadanos mexicanos fincadas en el extranjero.
Ahora, me sorprendió muchísimo ver en las páginas de este periódico AM en su publicación del martes 19 de marzo 2024 en la página AM2-B6, que el SAT está fiscalizando los capitales repatriados de hace ¡siete años!, ya sea incumpliendo las supuestas bondades del decreto o bien ajustando o reajustando los pagos parciales que hicieron algunos de los beneficiados de ese programa. En la nota informativa se incluyen algunos casos específicos de los cuentahabientes que están sufriendo esta persecución fiscal; no obstante que según los datos que ahí se mencionan con ese programa regresaron a México “cerca de 345 mil millones de pesos y permitió una recaudación de casi 28 mil millones de pesos, según estimados”.
Ahora resulta que causantes de diversos estados de la República, como de Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Quintana Roo, Ciudad de México y de aquí de Guanajuato, que se acogieron a este beneficio, están siendo requeridos para revisión del origen de los recursos retornados.
En la ciudad de Torreón un abogado fiscalista de nombre Bernardo Elizondo, platica que tiene una clienta que se acogió a ese programa hace casi siete años, “está desesperada, su padre murió, ella es una ama de casa y no tiene forma de comprobar el origen de ese capital (hereditario) y los abogados le van a costar un ojo de la cara”. ¿Cómo dudar de la bondad de un programa fiscal del SAT? Ahora hay que defenderse. Hay muertos que resucitan.