Autorizan seguridad después de su muerte
En la tragedia que vivió Guanajuato con el asesinato de Gisela Gaytán, candidata de Morena a alcaldía de Celaya, salió a flote la terrible burocracia.
Casi un mes después de que Gisela solicitó seguridad para hacer campaña, le fue autorizada, desafortunadamente, la mataron antes.
En entrevista publicada por AM el jueves, Jesús Oviedo Herrera, secretario de Gobierno del Estado, admitió que el 11 de marzo sí recibió el oficio enviado por Brenda Canchola Elizarraraz, presidenta del Instituto Estatal Electoral de Guanajuato -IEEG-, en el cual le solicitaba seguridad personal para los candidatos de Morena.
Por burocracia no se solicitó a ninguna corporación otorgar dicha protección entre el 11 y el 31 de marzo.
El 1 de abril, asesinaron a Gisela, cuando caminaba por las calles de San Miguel Octopan en su primer día de campaña. Ella era una de los 11 candidatos a presidentes municipales que aparecían en la solicitud de seguridad.
En la tribuna del Congreso, el diputado David Martínez Mendizábal, coordinador de los legisladores de Morena, hizo un enérgico reclamo a las autoridades estatales por el asesinato de Gisela Gaytán.
Acusó “negligencia criminal. Tanto el Gobierno del Estado, como el IEEG, fueron criminalmente omisas”.
Y efectivamente, esas palabras describen lo que ocurrió las semanas previas al homicidio de la celayense, pues, la Secretaría de Gobierno y el IEEG se preocuparon más por cumplir requisitos de papeleo que por brindarle seguridad a 12 candidatos morenistas, de los cuales 11 son a presidentes municipales y a Alma Alcaraz, candidata a gobernadora. Burocratismo puro.
Así fue el “peloteo” de oficios y responsabilidades entre el IEEG, Morena y la Secretaría de Gobierno en el mes previo al asesinato.
AM publicó el miércoles la entrevista de la presidenta del IEEG Brenda Canchola, quien explicó que el 11 de marzo, ella recibió un oficio del INE mediante el cual Morena Guanajuato solicitaba seguridad para varios candidatos. No dijo cuántos.
Pero los morenistas sí compartieron el oficio-petición, el mismo martes, en donde aparecían 13 candidatos: 11 a presidentes municipales, aunque en León no daban nombre. Entre ellos aparecía Gisela Gaytán, de Celaya.
También estaban Alma Alcaraz, candidata a gobernadora, y Ricardo Sheffield, candidato a senador. Pero como su cargo es federal, esa petición se la quedó el INE. Al IEEG solo le corresponden los candidatos estatales.
Burocratismo electoral
El mismo 11 de marzo, Brenda Canchola turnó a la Secretaría de Gobierno ese oficio con la petición, pero con dos aclaraciones:
La primera, que citó el artículo 196 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales que establece que las medidas de seguridad se dan a los candidatos.
Y la segunda, que a esa fecha solo había candidatas a gobernadora, que los candidatos a presidentes municipales se iban a registrar del 15 al 21 de marzo y hasta el 30 de marzo, el IEEG aprobaría a los candidatos a alcaldes.
Durante todas las entrevistas que dio esta semana Brenda Canchola, luego del asesinato de Gisela, insistió en que no se podía dar seguridad a quienes aún no eran candidatos.
Gisela fue formalmente candidata el 30 de marzo así que ninguna gestión podía iniciar para protegerla.
Jesús Oviedo esperó sin prisa que llegara el oficio “legal” del IEEG para empezar el trámite de brindarle seguridad a Gisela y a los demás candidatos.
Además, tuvo el pretexto de que Morena debía cumplir otros tres requisitos para que sus candidatos tuvieran derecho a la protección del Estado.
Estos son: una denuncia ante el Ministerio Público, una descripción por escrito de las circunstancias de tiempo, modo y lugar del riesgo que se percibe y un teléfono de contacto para poder localizar al solicitante.
Pero como los morenistas no llegaron con la denuncia, ni con la descripción del riesgo, ni con el número de teléfono, Oviedo no movió un dedo para asignar la seguridad.
Bueno será que Morena proporcione a la Secretaría de Seguridad Pública una relación de teléfonos de todos sus candidatos y una comunicación permanente sobre sus movimientos públicos.
Total que pasaron los días, las vacaciones de Semana Santa y para mala suerte, la petición apareció ante el Secretario de Gobierno el 29 o 30 de marzo quien la guardó en su escritorio mientras los morenistas reunían los tres requisitos.
Así que mientras esperaba, mataron a Gisela Gaytán, el 1 de abril. Y fue hasta el 3 de abril cuando finalmente turnó la petición de seguridad para los candidatos morenistas a la Secretaría de Seguridad Pública.
Oviedo no movió nada hasta que Brenda Canchola le informó, mediante otro oficio, que el 30 de marzo el IEEG ya había aprobado oficialmente a los candidatos a presidentes municipales.
Papeleo o la vida
Ante tanto burocratismo, el jueves, David Martínez se lanzó contra las autoridades involucradas por el “peloteo” de oficios y requisitos.
Refirió que cuando se remitió la solicitud de protección al IEEG, “y es en este ámbito estatal donde esta solicitud quedó totalmente inoperante. Negligencia criminal. Tanto el Gobierno del Estado, como el IEEG, fueron criminalmente omisas.
“Por un lado, el Gobierno del Estado, encabezado por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo sabía de nuestra solicitud, y sin embargo no movió un dedo para brindar protección. Todo lo contrario, subordinó la vida de nuestros candidatos y candidatas a un proceso burocrático que no conocen quienes perpetran los asesinatos y la demás violencia extrema”, expresó.
También reclamó que era absurdo que el IEEG pidiera requisitos bajo el argumento de que todavía no eran candidatos para brindar protección “cuando es evidente que la violencia no conoce de certificados formales de inscripción.
“Sin embargo, tanto el gobierno de Diego Sinhue como el IEEG optaron por poner restricciones innecesarias y absurdas ante el escenario de violencia generalizada en Guanajuato, del que Gisela fue víctima y una vez ocurrido el asesinato de Gisela las autoridades locales se lavaron las manos”.
De no creerse tanto burocratismo para proteger la vida de una persona.
Celaya, la moneda en el aire
El asesinato de la candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya, Gisela Gaytán Gutiérrez, conmocionó a todo el estado y encrespó el panorama electoral.
Para nadie era un secreto que la designación de Gisela como abanderada de Morena había causado inconformidades en la mayoría de los morenistas en Celaya.
La imposición del grupo de Ricardo Sheffield, el pasado priista de Gaytán y la fidelidad que le tenía a su equipo más cercano nunca fueron bien vistas por sus compañeros de partido.
Durante las tres semanas previas al arranque de las campañas, el rumor de que Morena reemplazaría a Gisela Gaytán sonó muy fuerte ya que había el temor del rompimiento interno y una desbandada a otros proyectos políticos.
Gisela Gaytán siempre mantuvo un bajo perfil al interior del partido guinda y pese a tener trabajo territorial nunca atrajo los reflectores de la prensa y de la opinión pública como lo tuvieron otros aspirantes.
A pesar de sus intentos por cerrar filas e incluir perfiles de otros grupos a su proyecto lo cierto es que su campaña comenzaría con más dudas que certezas.
Con este panorama, Gisela y su equipo planearon un inicio de campaña que la posicionara mejor, con un contundente spot publicitario, su primera rueda de prensa al pie de la bola del agua y un gran evento de arranque en la Calzada Independencia que estaba programado para este sábado donde asistirían más de 7 mil personas.
El inicio de campaña no contemplaba una visita a la comunidad de San Miguel Octopan, ya que se subió a su agenda hasta la mañana del lunes.
Por la tarde, su asesinato cambió para siempre la vida política de Celaya.
No habían pasado ni 24 horas de su muerte y las declaraciones de Ricardo Sheffield de que habría reemplazo este sábado no cayeron nada bien en el círculo cercano de Gisela Gaytán ya que reprocharon que no se guardó el luto.
Aunque se barajan varios perfiles, lo cierto es que varios aspirantes desistieron a su sueño político y uno de los pocos que levantó la mano es el exrector del campus Celaya-Salvatierra de la UG, Juan Miguel Ramírez Sánchez, quien tiene el camino libre para lograr la candidatura.
Los morenistas coinciden en que si este domingo fueran las elecciones ganarían la presidencia municipal de Celaya y acabarían con 27 años de gobiernos panistas, pero reconocen que el candidato que elijan será fundamental para cerrar filas y seguir el legado que intentó dejar Gisela Gaytán.
Personal de salud, a la deriva
Vaya con la 4T y sus desacuerdos con el gobierno de Guanajuato.
Trabajadores de la Salud que pertenecen al IMSS-Bienestar, que estuvieron al frente de hospitales COVID, de un día para otro, recibieron el aviso de que tenían que renunciar.
En total son 294 trabajadores que estaban asignados por el Gobierno federal a hospitales y clínicas de la Secretaría de Salud de Guanajuato bajo contratos de tres o seis meses.
El domingo les avisaron que se presentaran en el Hospital de Alta Especialidad del Bajío para avisarles que había dos sopas: renunciar sin finiquito o reubicarlos, otra vez con contratos temporales, a unidades de otras entidades.
El enojo era evidente, muchos de ellos llevan años trabajando sin una base. Tomaron por momentos la carretera León-Silao en sus dos vías para protestar y forzar una mesa de diálogo con la advertencia de regresar, si no hay solución.
Tras la mesa, el Gobierno del Estado informó que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez negoció con Zoé Robledo, director general del IMSS, extender por tres meses más el contrato a los 294 colaboradores que prestan servicios en las áreas de medicina, enfermería, psicología, nutrición, de las ocho jurisdicciones sanitarias que conforman la Secretaría de Salud de Guanajuato.
José Martín Cano, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud Sección 37, envió el 2 de abril un oficio al secretario de Salud federal, Jorge Alcocer Varela, en el que solicita que el presupuesto de dichos programas sea transferido íntegramente al Gobierno de Guanajuato para utilizarlo como base del programa de basificación del personal.
El IMSS-Bienestar echó la pelotita a los ocho gobiernos estatales que decidieron no sumarse al proceso de federalización que incluía este programa conocido como “Atención a la salud”, que fueron: Guanajuato, Coahuila, Yucatán, Durango, Aguascalientes, Chihuahua, Jalisco y Querétaro.
Explica que en los otros 23 estados federalizados el IMSS-Bienestar ha otorgado bases permanentes a los trabajadores contratados en condiciones precarias y que los ocho que no se sumaron al proceso, entre ellos Guanajuato, “conocieron oportunamente de la imposibilidad de seguir recibiendo apoyos federales en materia de recursos humanos, infraestructura, medicamentos y equipamiento médico, en el entendido de que se harían cargo de manera directa”.
Y cierra la postura haciendo un llamado a los ocho estados no sumados a IMSS-Bienestar a que ofrezcan una propuesta de basificación a los trabajadores.
El diputado federal leonés secretario de la Comisión de Salud en San Lázaro, Éctor Jaime Ramírez Barba, acusó que se trata de una “represalia hacia Guanajuato por no haber entregado su sistema de salud, dinero, hospitales y personal del IMSS-Bienestar. Guanajuato no cedió el control de sus recursos a la Federación y ahora quieren ahorcarlo financieramente y con despidos”.
Desde un inicio que desapareció el Seguro Popular en 2019 y luego con el fracaso del Insabi en 2023 y la creación del IMSS-Bienestar, se advirtió que se hizo de “manera irresponsable y precipitada, no hubo un proceso de diálogo con los profesionales de salud para conocer sus necesidades”.
En resumen, solo se pateó el bote con un contrato de tres meses para los 294 trabajadores a quienes, de no darles respuesta, veremos otra vez en protestas.
RAA