Todo intento de mejorar la condición humana debe pasar por un análisis realista de las medidas propuestas. Dejarlo todo a meras declaraciones de buenas intenciones puede ser contraproducente, pero es peor cuando las declaraciones pasan a ser proyectos irrealizables. Más de una vez las ilusiones del progreso han sido deshechas por el ácido ineludible de la realidad.
Dar rienda suelta a anhelos desaforados suele ser uno de los atributos de los populismos del siglo XXI. Su expresión lingüística es la demagogia y su intención política es el aplauso y el voto popular. Pero es la irresponsabilidad su marca distintiva.
Una versión de esto está ocurriendo ahora con la propuesta de Morena en el Congreso en favor de una reforma que pueda financiar las pensiones con recursos de personas mayores de 70 años que no hayan reclamado su afore.
Esta propuesta complementaría la hecha hace un par de meses por el Presidente de la República, según la cual se garantizaría una pensión del 100 por ciento de su último salario a quienes ganen menos de 16,777.78 pesos, que es el sueldo promedio de cotización en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). De aprobarse, esta propuesta podría beneficiar a algunos trabajadores en el corto plazo pero al costo altísimo de dejar en la indefensión económica a muchos en el futuro. El hecho de que esto se proponga en plenas campañas electorales desnuda aún más su carácter eminentemente demagógico.
Tomar el dinero de las pensiones de personas mayores a los 70 años que no la han reclamado podría pensarse como una forma de conculcar derechos, sobre todo si no se ponen en marcha mecanismos que le permitan a quienes fueron despojados de sus pensiones recuperarlas, de ser el caso. La verdad sea dicha, muchas personas podrían ser perjudicada si la propuesta se convierte en Ley.
La propuesta también sigue un proceso inusual, ya que la institución que administraría tales fondos reclamados – el Fondo de Pensiones para el Bienestar – ni siquiera existe hoy en día.
Nos encontramos ante un ejercicio que busca imponer más que negociar. Organizaciones serias como el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) o la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (AMAFORE) han puesto objeciones importantes al proyecto propuesto. Lo cual quiere decir que no fueron verdaderamente consultadas en su elaboración.
Al presente Gobierno le parece bien no integrar a organizaciones profesionales y de la sociedad civil en la elaboración de Leyes y proyectos. Todo lo cual desmiente su vocación aparentemente democrática. Lo que se percibe, más bien, es un intento autoritario por parte de una minoría para imponer su voluntad. El problema aumenta ya que esas Leyes y proyectos, al no ser negociados ni consultados con las partes inmiscuidas, terminan siendo dañinos.
Sin duda, el actual sistema de pensiones puede mejorarse, pero esto no sucederá si se ponen en marcha proyectos a la vez demagógicos, irrealizables y perjudiciales.