No podemos continuar así. Los costos de pensión y de salud de los trabajadores van a quebrar a nuestra ciudad”.
Michael Bloomberg, cuando era alcalde de Nueva York
La mayoría oficialista en la Cámara de Diputados ha impulsado la creación de un nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar, pero no como prometió el presidente López Obrador, aprovechando las “utilidades” de las nuevas empresas gubernamentales, sino apropiándose de los fondos no reclamados de los trabajadores, alrededor de 40 mil millones de pesos.
Ya el 16 de diciembre de 2020 se hizo una modificación al sistema de Afores que redujo de 1,250 a 1,000 las semanas cotizadas para tener derecho a pensión y que está incrementando de manera gradual la aportación patronal de 3.15 % a 11.875 % del salario entre 2023 y 2030. Este aumento quizá no sea un problema para las grandes empresas, pero sí para las demás, que son el 95 % de las 280,489 compañías registradas en el país en 2021 (INEGI).
Pese a la reforma de 2020, el presidente anunció a principios de 2024 que lanzaría una veintena de nuevas iniciativas de reforma, entre ellas una constitucional que acabaría con los fondos de pensiones creados por las reformas de 1997 de Ernesto Zedillo y de 2007 de Felipe Calderón. Prometió un nuevo sistema que pagaría una pensión de 100 % del último sueldo de todos los trabajadores, pero al final alguien le hizo entender que esto llevaría a la quiebra de las finanzas públicas.
Cuando se presentó la iniciativa constitucional definitiva, el 5 de febrero, ya era muy diferente. No solo no desaparecían las Afores de Zedillo y Calderón, sino que la pensión de 100 % se limitaba al sueldo promedio de 16,777 pesos mensuales. Para pagar esto creaba un “fondo semilla” de 64,619 millones de pesos, que crecería después. ¿De dónde saldría el dinero? Del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, con la liquidación de Financiera Rural y algunas propiedades de Fonatur, más las utilidades de las nuevas empresas gubernamentales manejadas por las fuerzas armadas. El problema es que estas empresas pierden carretadas de dinero y no hay indicios de que puedan ser rentables en el futuro.
Así, el presidente ha impulsado ahora un nuevo cambio de reglas. Para obtener una parte de los recursos del fondo semilla se apropiará de los ahorros no reclamados de los trabajadores del IMSS de más de 70 años y los del ISSSTE de más de 75.
La parte más dañina de la iniciativa se eliminó en comisiones el 15 de abril; esta establecía que el gobierno no solo tomaría los recursos de las cuentas “abandonadas”, sino también las de los trabajadores en activo a los 70 años. Ni Ignacio Mier ni sus diputados se dieron cuenta de que estarían despojando de los ahorros de toda su vida a quienes cometieran el pecado de seguir trabajando a los 70. La presión de los medios obligó a echar para atrás este abuso, pero se mantuvo la apropiación de las cuentas inactivas. El gobierno, es cierto, se compromete a que si los trabajadores o beneficiarios llegan a reclamar su ahorro después lo podrán recuperar, aunque este ya haya sido incorporado al fondo semilla.
Carlos Ramírez F., ex presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y hoy consultor de Integralia, ha señalado que en 2017 el gobierno lanzó una campaña para recuperar ahorro “abandonado” en Afores e identificó a muchos trabajadores que habían dejado sus cuentas sin movimiento. El programa, sin embargo, se descartó en 2018. Hoy lo justo sería informar a estas personas o a sus beneficiarios de la existencia de ese dinero, antes de que el gobierno se los quite.
Gasto
En 2024 el gobierno gastará 1.99 billones de pesos en pensiones contributivas y no contributivas: 27.3 % de los ingresos y 22 % del gasto neto, el doble de lo que se destina a salud. Se trata de 5.8 % del PIB. El envejecimiento natural llevará este gasto a 7.1 en 2030, los nuevos cambios podrían subirlo a 7.8 % (CIEP). Cada vez queda menos para los servicios públicos.
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