“La liviandad a la hora de repartir acusaciones desde el máximo poder ha alcanzado alturas -o bajezas-nunca antes vistas en el México moderno”.
María Amparo Casar, Los puntos sobre las íes
El presidente López Obrador y el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, continuaron ayer sus ataques contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). AMLO se dijo sorprendido de que el INAI haya abierto una investigación de oficio por la publicación de un expediente con datos personales de la doctora Casar y sus hijos: “Recurren al instituto de la transparencia, que es hechura de ellos, para decir que ‘se violó la privacidad’, como si es válida la corrupción siempre y cuando se mantenga en secreto”. Romero Oropeza argumentó que “el INAI resuelve en el pleno que toda la información relacionada con un acto de corrupción no puede ser clasificada”.
El presidente, sin embargo, está equivocado. El INAI sí tiene obligación de abrir una investigación de oficio cuando el gobierno publica información privada de una persona y sus hijos. La investigación podría concluir, aunque lo dudo, que el gobierno está en su derecho de cometer esta violación a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, pero la investigación sería obligatoria de todas maneras ante la publicación de los datos. Si el INAI no la hiciere, sus consejeros podrían ser sancionados por omisión ante sus obligaciones legales.
Por otra parte, es cierto, como dice el director Romero Oropeza, que no puede reservarse información en casos de corrupción, solo que la información personal publicada en las páginas oficiales del gobierno no tiene nada que ver con un caso de corrupción, sino más bien con una investigación de 2004 sobre el presunto homicidio de un funcionario público, Carlos Fernando Márquez Padilla García. Esta investigación llegó a la conclusión de que la muerte no había sido un homicidio. Si Pemex presenta ahora una denuncia por corrupción, el expediente tendría que ser público; pero el caso todavía no existe y los datos personales de los presuntos responsables tendrían que ser testados, esto es, borrados, y los de sus familiares también.
Dice el director de Pemex que se están presentando denuncias contra los exfuncionarios que hace 20 años permitieron el pago de un seguro de vida privado y de una pensión de Pemex a la doctora Casar. Habrá que ver si los delitos no han prescrito, pero en todo caso la investigación tendría que hacerse contra el funcionario de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal que permitió la emisión de un acta de defunción falsa. Sin un acta que señalara que el esposo de Casar murió de manera accidental, la compañía de seguros privada no habría cubierto el seguro de vida -una aseguradora privada no puede realizar un pago si los papeles no son 100 por ciento correctos-ni Pemex la pensión. Si algún funcionario cometió alguna irregularidad, habría sido el entonces procurador Bernardo Bátiz, viejo aliado de López Obrador, o alguno de sus subalternos. El delito habría sido la emisión de una falsa acta de defunción.
La verdad es que los ataques contra María Amparo Casar son políticos. Su papel como presidenta de MCCI ha irritado al presidente López Obrador desde hace mucho tiempo y por eso este ha pedido a quienes financian los gastos de la institución, incluyendo al gobierno de Estados Unidos, que dejen de hacerlo. Quizá el primer mandatario tiene la facultad de ordenar que se revise hasta el último punto sobre las íes de las conductas de la doctora Casar, pero tiene también la obligación de ajustarse a lo que dice la ley en el proceso. Y la ley simplemente prohíbe la exhibición de datos personales.
Suspensión
Un juez de distrito ha otorgado una suspensión provisional al auditor especial de desempeño Agustín Caso Raphael ante su destitución por el titular de la Auditoría Superior de la Federación David Colmenares. No sorprende. Colmenares no justificó las causas graves que la ley establece para destituir a un auditor especial.
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