No, no hay nada que temer porque no van [sic] a haber apagones. Hay reservas suficientes de energía eléctrica”.
Andrés Manuel López Obrador, 24.06.2023
Es apenas la segunda ola de calor de 2024, pero ya agotó la escasa reserva del sistema eléctrico nacional. Este 7 de mayo el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) publicó una escueta nota informativa que declaraba “un estado operativo de emergencia en el sistema interconectado nacional” y advertía que “llevará a cabo las acciones operativas conducentes”, o sea, la aplicación de apagones programados. Más tarde justificó la decisión por una “situación atípica”.
Tanto el presidente López Obrador como el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, han prometido en varias ocasiones, sobre todo después de algunos apagones, que ya no habría más. Estos, sin embargo, se han sucedido constantemente, mientras los responsables del sistema dicen que son consecuencia de quemas de pastizales o de la generación de energía renovable.
En su explicación técnica del martes, el Cenace explicó que salieron del servicio al mismo tiempo varias centrales de generación y hubo además una disminución en la generación eólica y fotovoltaica. En un principio “quedaron indisponibles 1,668 MW [megavatios o megawatts] de la generación total” mientras se registraba una demanda máxima de 49,997 MW con un margen de reserva operativa de 3 por ciento. Por eso se realizaron los apagones.
El presidente culpó al calor y, por razones ideológicas, al sector privado. “La mitad de la generación de energía eléctrica se produce con empresas particulares y tenemos que ponernos de acuerdo para que se tengan las plantas en buen estado.”. Pero afirmó que hay que “decirle a la gente que tenemos capacidad de generación de energía”.
Yo tengo otros datos. No estamos viendo una situación atípica, sino el resultado de una serie de políticas fallidas. Por años los especialistas han advertido que la estrategia del presidente estaba destinada al fracaso. “Desde 2022 prácticamente no ha entrado en operación ninguna central nueva”, comenta Víctor Ramírez, socio de la consultora P21 Energía. “El gobierno frenó la inversión privada en generación”, pero no la reemplazó, ni invirtió lo necesario en transmisión. Ramírez afirma que ya es muy tarde para resolver el problema inmediato: “Vamos a tener apagones de aquí a 2028”. El estado operativo de emergencia del 7 de mayo se registró con una demanda máxima de 49,997 MW, pero “este año vamos a llegar a una demanda de hasta 55,000 MW”.
Lo peor es que ni el presidente, ni Bartlett, ni el actual secretario de energía, Miguel Ángel Maciel Torres, parecen entender el problema. El gobierno ha frenado las nuevas inversiones privadas en generación y desconectó incluso plantas privadas que ya estaban operando. Gastó 6,200 millones de dólares para comprar centrales de Iberdrola, sin sumar un megavatio de capacidad nueva al sistema, solo para presumir que la CFE tenía ya una participación de 54 % en el mercado de generación. Además, comprometió 84,899 millones de pesos para reestablecer el viejo sistema de pensiones de los trabajadores de la CFE. Su famoso Plan Sonora, de 7,000 millones de dólares, solo ha añadido 120 MW de energía fotovoltaica al sistema, pero además está construido en un lugar con poca interconexión con el sistema nacional.
No, no estamos viendo una situación atípica producida por el calor o por quemas de pastizales; es el fracaso de un equipo que, sin saber cómo se maneja un sistema eléctrico, pensó que podía funcionar con pura ideología.
Presiones
Enrique Acevedo presentó el martes en Nmás un reportaje que exhibió, con grabaciones de audio, las presiones de Carlos Alpízar, entonces secretario general del Consejo de la Judicatura Federal, al magistrado Alberto Roldán para dar un fallo a modo por presuntas instrucciones de Arturo Zaldívar, quien presidía la Suprema Corte. No eran simples recomendaciones, sino presiones y amenazas, en abierta violación al principio de independencia judicial.
www.sergiosarmiento.com