Pacto por la paz

Si Alma Alcaraz, de Morena; Yulma Rocha, de Movimiento Ciudadano y Libia García, del PAN, por una sola vez se ponen de acuerdo, esta semana se firmará el compromiso por la paz en Guanajuato.

Lástima, el “pacto” no significa que se van a acabar los asesinatos ni que dejen de robar autos en cada esquina. Tampoco tiene que ver con los desaparecidos ni con reducir la adicción a las drogas, solo será una muestra de buena voluntad de las candidatas.
La firma del compromiso significaría que quién gane la elección el próximo 2 de junio, enfocará su gobierno a restituir la paz en nuestro Guanajuato.

La convocatoria viene de la organización Diálogo Nacional por la Paz que realizó 1,600 foros por todo el País con unos 20 mil asistentes. 

La invitación a las candidatas ya se entregó, pero ninguna ha anunciado su decisión de firmar.

En Guanajuato, los representantes de Diálogo por la Paz son: David Herrerías Guerra, Hugo García Vargas, Jorge Atilano González, Juan Carlos Usabiaga del Moral, Alfonso González Valencia, Olimpia Montoya Juárez y Nelson Manuel García González.  

Por lo pronto todos están optimistas de que las tres candidatas firmarán el pacto pero en el fondo dudan de la morenista Alma Alcaraz, quien en todas partes percibe un olor a pan. 

Regatean sus derechos

Sergio Contreras y la diputada Martha Ortega con los candidatos de la diversidad sexual a presidentes municipales, regidores y síndicos de varios municipios. / Foto: Catalina Reyes

 

Más lento que los juicios penales avanza el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI. Al Gobierno estatal, es decir, a los panistas, les cuesta reconocer que los grupos de diversidad sexual también tienen derechos y obligaciones como cualquier otro ciudadano que se asume “normal”.

La comunidad LGBTI ha vivido arrinconada en nuestro terruño y ahora está a punto de ser reconocida oficialmente, pero los diputados del PAN se resisten. 

Los blanquiazules se vieron obligados a aceptar estos grupos. No resistieron la presión social porque cada vez son más numerosos, organizados y activos, pública y políticamente.

Aprobaron la Ley de la Diversidad Sexual pero ahora… el gobernador Diego Sinhue no da su brazo a torcer y se niega a ordenar la publicación de dicha ley en el Estado. Y mientras no se publiquen, no cambia nada.

La lucha por los derechos de los grupos LGBTI y la resistencia del PAN lleva años, pero vamos a los acontecimientos recientes. 

En diciembre de 2021, en su primer año como secretaria de Gobierno, Libia Dennise García Muñoz Ledo emitió una circular a todos los oficiales del Registro Civil en el Estado para que permitieran el matrimonio entre homosexuales, sin necesidad de mediar un amparo, como se habían realizado  en los últimos años. 

La medida fue aplaudida y se entendió que Libia contó con el aval de Diego Sinhue porque de lo contrario nadie le hubiera hecho caso.

Sin embargo, la orden quedó en un mandato y todavía falta que la  iniciativa sea incorporada al Código Civil para que la autorización sea definitiva y no quede a contentillo de las autoridades en turno. 

Los líderes LGBTI, con el apoyo de partidos opositores, pidieron en esta semana que el Gobernador ordene la publicación pero no fueron escuchados. Diego Sinhue no anda preocupado por reconocer derechos sino por ganar las elecciones.
Lo dicho: el PAN no está listo para aceptar que la diversidad sexual forma parte de nuestra sociedad. 

Un amparo con retraso

Otro ejemplo de la resistencia blanquiazul a las familias LGBTI se registró en marzo de 2022 cuando la organización Amicus de defensa de los derechos de las personas de la diversidad sexual, presidida entonces por Juan Pablo Delgado, ganó un amparo contra el Congreso que se negaba a destinar presupuesto para esta comunidad en ese mismo año. 

Los diputados azules patalearon y se defendieron con una impugnación a ese amparo contra la solicitud de Amicus, pero al final de cuentas perdieron. Era septiembre del mismo año.

Ya con el fallo, enseguida Luis Ernesto Ayala, coordinador de la fracción del PAN y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, anunció en conferencia de prensa que acatarían el fallo judicial. 

Pero no lo hicieron inmediatamente y dejaron correr el tiempo con la esperanza de que se olvidara el asunto hasta que casi a mediados de diciembre de ese 2022, una ruidosa protesta en la que participaron activistas de varias organizaciones de la diversidad sexual, encabezados por Juan Pablo Delgado, obligó a los diputados panistas y varios funcionarios de la Jefatura de Gabinete, Secretaría de Finanzas y Coordinación Jurídica de Gobierno del Estado, a sentarse a negociar la manera en que los legisladores cumplirían. 

De una reunión nocturna de varias horas surgió el acuerdo de que una parte mínima de dinero para contratar, se destinaría antes de que finalizara 2022 para alguna y empezar a cumplir con el amparo. 

Poco después, el diputado Gerardo Fernández, del PVEM, anunció con la bendición panista, por supuesto, que habían destinado 7 millones de pesos dentro del Presupuesto de Egresos del Estado para 2023 para realizar un estudio sobre las necesidades de la comunidad LGBTI de Guanajuato. 

El último episodio de esta estrategia del PAN-Gobierno de “avanzar un paso y detenerse” se ha dado en los últimos meses y semanas. 

Tercer atorón

El último eslabón de la cadena se remonta al 15 de febrero. Ese día el Congreso del Estado aprobó, por unanimidad de todos los diputados presentes de todos los partidos, la Ley de la Diversidad Sexual para el Estado, lo que significó un paso importante para los derechos de esta población.

Aunque hubo dos diputadas panistas que no asistieron a la votación de esta ley. Cristina Márquez Alcalá no asistió a toda la sesión. Y la diputada María de la Luz Hernández, de Celaya, se salió del salón de sesiones cuando se dio la aprobación, según lo señaló la diputada morenista Edith Moreno Valencia.

Era un triunfo de la oposición y de los grupos y activistas de esta comunidad, pues la iniciativa había sido presentada en 2020, es decir, llevaba guardada “en la congeladora legislativa” más de tres años. 

Guardan la ley más de tres meses

Y cuando parecía que ya era un hecho, resulta que el gobernador Diego Sinhue detuvo otra vez la publicación de la Ley LGBTI, la guardó en su cajón y ahí la tiene desde entonces, hace más de tres meses, en lugar de pasarla al Periódico Oficial de Gobierno del Estado.

La situación fue denunciada por primera vez por el diputado David Martínez, coordinador de la fracción de Morena en el Congreso, en la sesión del 8 de mayo. 

David se sumó a la denuncia de Sergio Contreras Guerrero, secretario general del PVEM estatal, quien señaló que mientras la reforma está guardada en el cajón del gobernador, en todos los eventos de la campaña de Libia García se ondean las banderas arcoíris. La primera muestra fue el 25 de noviembre en la Alhóndiga de Granaditas.

El jefe del PVEM calificó el contraste como una falta de respeto porque la candidata a gobernadora ofrece algo que su antecesor Diego Sinhue no quiere soltar, a pesar de que ambos militan en el mismo partido.

Ya por favor

Finalmente, el jueves, los diputados David Martínez, de Morena, y Juan Carlos Oliveros, del PVEM, subieron a la tribuna de la Cámara de Diputados para pedirle al gobernador que cumpla con su obligación de publicar la ley LGBT y lo haga a la brevedad, pues ya pasaron más de tres meses desde que fue aprobada.

Ese mismo día, en la misma sesión, la mayoría del PAN rechazó que se votara por lo que la invitación a Diego Sinhue de publicar la nueva ley pasó a comisiones para analizarla y votarla otro día.

El diputado morenista citó el artículo 58 de la Constitución Política de Guanajuato que establece: “Todo decreto aprobado deberá publicarse inmediatamente. Se reputará no vetado si no lo devuelve al Congreso el Poder Ejecutivo con observaciones dentro de los siguientes 10 días hábiles”, que ya pasaron. 

Consideró que la única explicación es la falta de voluntad. “Lo que está sucediendo es que le está faltando al respeto a este Congreso”, manifestó. 

La propuesta de pedirle a Diego que publique la ley fue rechazada por 19 votos en contra de los panistas y 15 votos a favor del PRI, Morena, Movimiento Ciudadano y PVEM. 

Los mismos panistas que tres meses antes habían aprobado esa ley, ahora decidieron que no hay prisa porque entre en vigor y no tienen porqué pedirle al gobernador que cumpla con la Constitución del Estado. 

“Aquí hay gato encerrado y si se publicara después del 2 de junio, otro sería el mensaje”, advirtió Sergio Contreras cuando hizo el reclamo. 

La campaña en Celaya

Los actos de campaña de Javier Mendoza son controlados, en espacios cerrados y con menos de cien asistentes./ Foto: Facebook 

A dos semanas de las elecciones, la carrera por la presidencia municipal de Celaya aparentemente se cierra entre los dos principales contendientes. 

El asesinato de la ex candidata morenista, Gisela Gaytán Gutiérrez, cambió por completo el panorama electoral de Celaya y modificó drásticamente la manera en que se están realizando las campañas. 

El lamentable suceso provocó que los pronósticos se apretaran y las aspiraciones de Morena crecieran para acabar con 27 años de hegemonía panista en Celaya. 

El desgaste de casi tres décadas de gobiernos azules provocó que Javier Mendoza evitara el contacto con la sociedad durante su gobierno y se preveía que siguiera así en búsqueda de su reelección. 

Sin embargo, esto tuvo que cambiar aunque sus eventos de campaña siguen siendo en ambientes controlados, en espacios cerrados y con menos de cien asistentes. 

Los problemas al interior de su equipo de campaña no se han hecho esperar y los aires de protagonismo de su sobrina y coordinadora de campaña, Érika Suárez, han provocado rupturas entre sus colaboradores. 

Uno de los grandes errores de su campaña fue que Javier Mendoza, candidato de la coalición PAN-PRI-PRD, pasó prácticamente desapercibido durante la visita de Xóchitl Gálvez y ni siquiera fue invitado al recorrido que hizo en un andador del Jardín Principal.
Una de las principales señales de desesperación fue el cambio de estrategia para difundir sus planes, ya que en lugar de exponer semanalmente sus ejes de campaña ahora está dando diariamente ruedas de prensa improvisadas para presentar propuestas específicas. 

Los errores en la logística también se han hecho presentes en la campaña del morenista, Juan Miguel Ramírez Sánchez, quien también ha confiado la coordinación a personas cercanas, incluidos sus dos hijos. 

Durante sus primeros eventos solo reunieron a unos 20 simpatizantes en un mitin en la colonia Hacienda del Bosque y otro en la comunidad de Ojo Seco, en donde tuvieron que recurrir a regalar playeras para que se acercara la gente a tomarse fotografías. 

A pesar de que su campaña no termina por arrancar, Morena se encuentra ante una oportunidad histórica de arrebatarle uno de los últimos bastiones del PAN en Guanajuato. 

 

RAA

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