Estamos muy cerca de conocer el desenlace de este confuso proceso electoral. Muchos peligros acechan a las próximas elecciones, pues los órganos reguladores de la contienda están debilitados y su funcionamiento no es el óptimo. Esto se puede observar con nitidez en la elección de Ayuntamiento de Guanajuato capital, que se ha convertido en un lodazal, entre los candidatos supuestamente punteros.

Negligentes, el gobernador Sinhue y su soberbio operador político de cabecera, dotaron a Alejandro Navarro, alcalde de la ciudad, de la más absoluta impunidad para que actuara a su arbitrio; abusando del poder. Así comprometieron, incluso al Congreso y a la autoridad medioambiental a respaldar los negocios planificados desde el poder municipal, que se convertirían en desmesurado aumento del patrimonio privado del alcalde y sus asociados. 

La degradación de la política local desembocó en una espiral negativa que conducirá a los capitalinos a los peores escenarios que puedan ser pensados, para elegir, con total certidumbre, a pésimos gobernantes. Porque se pensó que el dolo y la mala fe, era propiedad del actual presidente municipal y con ello sacaría adelante un proceso electoral corrompido hasta la médula. Pero he aquí que la actual pandilla gobernante ha encontrado en su principal adversario, a un demagogo de abolengo, armado de un medio de comunicación que ha roto y despedazado el principio de equidad en la contienda electoral. Ahora el arbitrario munícipe y su esposa-candidata, están contra las cuerdas y a punto de knockout.

El populismo demagógico en el que tienen ahogado a Guanajuato capital ambos contendientes, está a la vista de todos. Navarro y Samantha intentan gestionar la compra masiva de votos más descarada y cínica que jamás haya vivido este municipio. Las noticias periodísticas, los testimonios televisivos y los relatos de muchos guanajuatenses, conforman una realidad incontrovertible: la clientelización electoral de los pobres; quebrando su dignidad, a través de kilométricas filas, bajo un asfixiante calor, rogando y suplicando por la entrega de tarjetas bancarias, intercambiables por su voto. El escándalo es mayúsculo y está comprobado. Sin embargo las autoridades electorales denotan, una vez más, su parcialidad y su total tolerancia con estas prácticas.

Del otro lado, todas las noches, en el noticiero parroquial, se presentan pormenorizadamente, las actividades del otro aspirante, cargando colchones, dando regalos a familias necesitadas, comprando medicinas para los enfermos y repartiendo billetitos a los indigentes. Pura retórica inflamatoria que desemboca en una manipulación emocional indignante. Pero no importa, para eso estamos, para ganar elecciones a cualquier costo, entre cachuchas, camisetas, bolsas y tarjetas multicolores. El repartidero pues. Todo se vale para obtener el mejor negocio de México: el poder; mientras hacen picadillo nuestra débil democracia. En tanto, la causal genérica para anular la elección municipal capitalina está claramente esbozada.

Pero no todo son malas noticias; esta competencia electoral, en lo federal, ha acarreado una buena sorpresa: la emergencia de una fuerza ciudadana que se comienza a instalar por encima de los partidos políticos y la cloaca comicial. De pronto, con una mínima organización, los ciudadanos se han avivado, decidiendo participar de manera definitiva y definitoria en la vida pública nacional. Han convocado a marchas en defensa de las instituciones y de una vida pública sana y oxigenada. Cosa curiosa en México, se atreven a exigir buenos gobiernos y claman por paz y seguridad. 

La multitudinaria marea que ha inundado las avenidas de nuestras ciudades otea un futuro brillante si logra la hazaña de vencer al populismo; sustentado por el oficialismo federal. Por lo pronto, ya es dueña de las calles y plazas, y puede reaccionar a cualquier insensatez o amenaza, con la finalidad de imponer respeto a la institucionalidad, así como para exigir conductas éticas a los gobernantes y representantes que sean electos. 

La marea es la representación de una ciudadanía activa que impida el despotismo al que nos han sujetado en estos tiempos. El poder no es para hacer negocios y repartir dádivas para traficar votos, a costa de despilfarrar los presupuestos públicos. La potestad que otorgan los ciudadanos, no “el pueblo”, conlleva la obligación de construir buenos gobiernos, sujetos a rendición de cuentas, cuya finalidad es identificar y perseguir el bien común. Por lo pronto, en las elecciones la competencia estará cerrada, entretanto en Guanajuato capital, los comicios están viciados de origen por irregularidades gravísimas que han violentado principios jurídicos fundamentales de la elección. Desde ahora lo decimos: estos comicios locales se deben de anular. 

 

RAA

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