Ya decidimos hacer a un lado esas instituciones caducas que no sirven para nada e impulsar la revolución de la conciencia para que el pueblo decida”.
Andrés Manuel López Obrador, 2006
Si se aprueban en septiembre las iniciativas que el presidente presentó el 5 de febrero, como ayer declaró el coordinador de los diputados de Morena Ignacio Mier, se estará poniendo fin al período de democracia liberal en nuestro país. López Obrador podrá vanagloriarse de que utilizó las urnas para destruirla. Dejará un poder hegemónico a su sucesora en la Presidencia.
Las 20 iniciativas del Plan C, 18 de las cuales tienen carácter constitucional, son muy diversas: van de lo irrelevante a lo trágico. Algunas resultan simplemente innecesarias, como la que establece que los pueblos indígenas y afromexicanos serán “sujetos de derecho público”, cuando ya lo son. Muchas expresan buenas intenciones, como la que señala que las pensiones aumentarán siempre por arriba de la inflación o la que promete becas para todos los estudiantes de todos los niveles, pero sin proyectar costos. Una más promete atención médica gratuita para todos los mexicanos, sin reflexionar por qué los servicios de salud pública han sufrido en este gobierno su mayor deterioro de la historia.
Algunas propuestas son más inquietantes. Es el caso de la que militariza de manera definitiva la seguridad pública, pero más las que buscan acabar con la independencia del poder judicial, eliminar los organismos autónomos y destruir la autonomía de las instituciones electorales.
López Obrador está usando un triunfo en las urnas para poner fin al régimen de democracia liberal. Estamos regresando a los tiempos de un presidente con poderes absolutos respaldado por un partido hegemónico. AMLO estará logrando por fin el sueño que expresó el 1 de septiembre de 2006: “¡Que se vayan al diablo con sus instituciones!”.
Lo curioso es que esas instituciones liberales fueron las que le permitieron llegar al poder. Ni AMLO ni su movimiento habrían podido tener éxito sin un árbitro y un tribunal electoral autónomos. Las decisiones de un poder judicial independiente les permitieron desafiar a los presidentes de las últimas décadas. Pero López Obrador ya no quiere esa independencia para él o su sucesora. Desde ahora, el presidente debe tener una vez más poder absoluto.
Si alguien quiere conocer información sobre cómo los funcionarios desperdician o se roban recursos, ya no podrá acudir al INAI, sino que tendrá que pedírsela al mismo gobierno que comete las faltas. Si un ciudadano piensa que es falso que los servicios de salud de México son mejores que los de Dinamarca, tendrá que aceptar los datos del mismo gobierno que lo reporta. Ni la Comisión Reguladora de Energía ni el Centro de Control de Energía podrán ya tomar decisiones que beneficien a los consumidores de electricidad, sino solo las que convengan a los políticos que controlan la Comisión Federal de Electricidad. Pemex será juez y parte en todas las decisiones que tengan que ver con la explotación de hidrocarburos en el país; y si sigue perdiendo dinero por decisiones equivocadas, a pesar de tener un monopolio, los contribuyentes tendremos que continuar entregándole recursos que deberían usarse mejor para educación o salud.
En 2006 López Obrador anunció que ya había tomado la decisión de hacer a un lado esas “instituciones caducas que no sirven para nada”. Nunca ha ocultado su desprecio por los contrapesos al poder que caracterizan a una democracia liberal. En este 2024 está a punto de cumplir su objetivo. Someterá a los mexicanos a una democracia autoritaria, en la que solo el presidente o su sucesora podrán tomar decisiones porque serán los únicos y verdaderos representantes del pueblo sabio.
El peso
En 2.7 % cayó ayer el peso tras el anuncio de Morena de que buscará aprobar en septiembre las iniciativas constitucionales de AMLO. Si bien la divisa se mantiene bastante fuerte, es claro que a los inversionistas no les agrada invertir en un país en el que no habrá contrapesos al poder del presidente.
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