PAN, y el no a su iniciativa

En este tramo final de la Legislatura ocurrió algo pocas veces visto en la historia política de Guanajuato, otra señal inequívoca de la crisis del PAN.

Se trata de la iniciativa de reforma a la Ley de Contrataciones Públicas que este jueves la bancada panista rechazó, la misma que la presentó en noviembre del año pasado. Así como lo lee, los que presumieron las bondades de esta iniciativa, la mandaron al carajo. Algo así como “ya sabes que como digo una cosa digo otra”.

Están en su derecho de decir que ya analizaron bien la propuesta y que no es necesaria, que sobrerregula y complica las compras y todo lo demás que argumentaron, la pregunta entonces es: ¿por qué la presentaron y presumieron sus bondades de impulsar la transparencia y la competencia con un sistema de evaluación de proveedores?

Fue el presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso del Estado, el irapuatense ahora electo para otro trienio, Víctor Zanella Huerta, quien el 1 de noviembre del 2023 subió a tribuna a presentar la iniciativa a nombre de toda la bancada del PAN.

“La generación de un sistema de evaluación permitirá contar con un instrumento para impulsar la competencia en el proceso de adquisiciones, desarrollar y profesionalizar el mercado de proveedores y fomentar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los términos y condiciones en las que se acuerda”, dijo Zanella en tribuna ese día.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda que él preside, la misma que esta semana decidió archivarla con los votos de tres panistas: Zanella, Alfonso Borja y Miguel Ángel Salim, y en contra el morenista Cuauhtémoc Becerra y la priista Ruth Tiscareño.

El dictamen negativo precisa: “Aun cuando consideramos que la intención de la propuesta es abonar a la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, y reconocer las buenas prácticas para limitar la discrecionalidad en los procesos de contratación con la valoración del comportamiento y resultados que se tengan registrados en la evaluación realizada de cada proveedor, la misma no aporta los elementos objetivos indispensables para la implementación del referido sistema de evaluación”.

También argumentan que no se precisa el impacto presupuestal de su implementación. Resulta absurdo que se cuiden los pesos cuando se trata de blindar compras de corrupción.

La siguiente pregunta ahora es: ¿Por qué archivarla y no enriquecer la propuesta? El propósito debiera ser una prioridad del Legislativo: transparentar las compras públicas.

La iniciativa fue impulsada por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción encabezado por Andrea González y antes por Katya Morales, y por la Red Ciudadana del Sistema, integrada por profesionistas, académicos, etc. En el amplio estudio que la sustenta es evidente la urgencia de una reforma en esta materia.

Lo último que se recuerda de un descalabro panista así, fue cuando en 2018 el gobernador Miguel Márquez vetó una reforma al Código Civil en materia de alimentos al que popularmente se le llamó “ley de mantenidos”, y que establecía la obligación de los padres a la manutención de sus hijos hasta los 24 años, mientras siguieran estudiando. Fue una propuesta de un diputado panista, Ismael Sánchez, y apoyada por la mayoría azul.

Las compras públicas (además de los contratos de obra pública) son parte central de las redes de corrupción en todo nivel de Gobierno. La siguiente Legislatura y administración estatal deberán enviar prontas señales de que harán todo para que no haya ninguna duda de que el Gobierno compra en las mejores condiciones. ¿O por qué no?

Fiscal, a lo que sigue

Todo apunta a que, como ha repetido el gobernador Diego Sinhue Rodríguez cada que le preguntan, el fiscal general del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, y el secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca, terminarán junto con él su mandato.

Desde el primer día de campaña la gobernadora electa Libia García anunció que ninguno de los dos continuarán en su Gobierno; en el caso del Secretario, que lleva dos sexenios, se trata de un puesto que depende del Gobernador, así que no hay problema. La duda es cómo decir adiós a un fiscal autónomo nombrado por el Congreso hasta febrero de 2028.

La ley establece los casos de remoción por faltas graves y la otra salida es la renuncia. Así que todo apunta a una tersa negociación de la que no son ajenas las recientes noticias del autoblindaje de su pensión por parte del Fiscal y de la propuesta enviada por el Gobernador al Congreso para que su esposa, Elvia Oralia del Pilar Durán, sea magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa (esto sin demérito de su trayectoria, sino el momento).

El proceso de nombramiento de un nuevo fiscal tampoco es complejo y más de alguno advertía que este relevo se daría con el gobierno de Diego y la actual Legislatura, en la que todavía el PAN conserva la mayoría. Después, sin el control del Congreso, será más difícil.

Hoy no hay señales de que esto vaya a pasar. El último periodo de sesiones del Congreso termina este mes y no hay visos de un periodo extraordinario (aunque la Legislatura termina hasta el 25 de septiembre). Lo otro es que Diego ha defendido al Fiscal contra viento y marea de los ataques desde Palacio Nacional, y tal vez no quiera ceder de última hora.

Y lo último es dejarle a Libia y sus operadores (Jorge Espadas en el Congreso) el trabajo. Sobre todo porque a la Gobernadora le llevará tiempo la revisión a fondo de los perfiles.

Antes de que se pierda la mayoría 

Cuando el PRI era el partido mayoritario a nivel nacional y en los estados, hace más de 30 años, cada final de sexenio los gobernadores priístas solían recompensar con notarías públicas a sus amigos, colaboradores más fieles y cercanos, compañeros de partido con quienes tenían intereses, deudas o negocios, o a quienes les habían prestado grandes servicios.

En aquella época, como el otorgamiento de los fiats notariales eran una facultad exclusiva y discrecional de los gobernadores, sin necesidad de concursos ni exámenes ni nada, los entregaban en los últimos meses de su mandato a quienes no querían dejar en el desamparo del desempleo ante el cambio de administración y con ello también de funcionarios públicos.

De esta forma, en virtud de que un fiat notarial se revoca sólo en casos graves, como comisión de delitos, se aseguraba la manutención de por vida del beneficiado con este codiciado documento que es una mina de oro.

Hoy, al final de su sexenio, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez recompensa a sus fieles amigos con magistraturas y consejerías.

El miércoles el Gobernador otorgó puestos en tribunales de justicia a dos panistas de élite o fieles amigos y servidores. Los propuso para ocupar vacantes.

El primero es Eduardo López Mares, quien apenas el lunes renunció como presidente estatal del PAN, fue propuesto ante el Congreso para ser consejero del Poder Judicial.

También Vicente Esqueda Méndez, procurador de los Derechos Humanos, fue propuesto como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa ante el Congreso del Estado.

Los dos ya iban a terminar sus encargos próximamente. López Mares en septiembre y Vicente Esqueda en diciembre, cuando ya Diego Rodríguez no estará, sino Libia García como gobernadora.

Nombramientos ‘al vapor’

Hay razones poderosas por las que el Gobernador los propuso ahora, cuando todavía faltan tres meses para terminar su mandato y la actual Legislatura.

La primera: el periodo de sesiones del Congreso termina el 30 de junio legalmente, pero en los hechos, el día 27, es decir, solo queda una semana y media para hacer el procedimiento legislativo de ambos nombramientos.

Y solo resta el jueves 27 de junio para que sesione el pleno del Congreso, instancia que aprueba los nombramientos, por lo que los diputados del PAN harán un procedimiento “fast track” para aprobar los nombramientos ese día.

A ambos corresponderá dictaminarlos la Comisión de Justicia, en donde tiene mayoría el PAN, solo hay un diputado de Morena y uno del PRI. Este último es aliado del PAN, así que seguramente aprobará la decisión de “los azules”.

El procedimiento legislativo está en manos de la Comisión de Justicia, que preside la panista Cristina Márquez Alcalá, que el viernes ya encabezó la sesión de esa comisión para recibir las propuestas y encargar las tarjetas informativas donde se analice el cumplimiento de requisitos legales. De esta forma, aunque ella no lo admitió, se confirmó que sí sacarán los nombramientos para aprobarlos en la sesión del jueves 27 de junio.

Terminarán con este trámite ese día, a pesar de que tienen todo julio, todo agosto y 24 días de septiembre que todavía le restan a esta Legislatura, para convocar a un periodo extraordinario con este fin. Pero los diputados no gustan de que se les llame a trabajar en periodo de receso. Como siempre, quieren sacar todo el último día del periodo ordinario y no volver a acordarse de regresar a sus curules en casi tres meses de receso.

Pero la segunda razón, más importante, para hacer las propuestas ahora y no en julio, agosto o incluso septiembre, que todavía hay tiempo y no son necesarias las prisas, es otra: simples matemáticas.

Porque ahora el PAN todavía es mayoría en el Poder Legislativo (21 diputados), con lo cual puede aprobar, sin problema, y con los otros tres votos del PRI, que ha sido su aliado toda esta Legislatura, los nombramientos tanto de Vicente Esqueda como de Eduardo López Mares. Entre los dos partidos, 24 votos de 36.

Puede hacerlo con la mano en la cintura, aunque toda la oposición los cuestione y vote en contra, porque todos juntos los de Morena, PVEM, MC y una sin partido, son solo 12.

Y lo tiene que hacer ahora, porque a partir del 25 de septiembre, cuando asuma la nueva Legislatura, el PAN habrá perdido la mayoría en el Congreso del Estado, frente a la oposición, como resultado de la elección del 2 de junio.

Así que ya no podrá sacar los nombramientos sino que tendrá que negociar con cuatro partidos: Morena, PVEM, PT y MC. Y lo más seguro es que, precisamente porque los propuestos son panistas, la oposición se los rechazaría. Por eso ahora le urge a Diego Sinhue sacar estos nombramientos, antes de que se le compliquen las cosas a su partido en el Congreso del Estado.