Después de la victoria morenista la visibilidad pública se ha enfocado en la reforma al Poder Judicial. En estos tiempos podemos preguntarnos si realmente lo que está a debate es la justicia en México. El momento de los foros para discutir la reforma -que propuso el ejecutivo- ya empezó, sin embargo, parece que los consensos entre los tres poderes son pocos y las diferencias se polarizan.

Fue muy ilustrativo el escenario en donde los y las ministras de la SCJN fueron a emitir sus opiniones al Congreso de la Unión el pasado 27 de junio: se respiraba el clima de mayoría que dejaron las elecciones del 2 de junio y, sobre todo, una actitud ambigua de los morenistas, entre dispuestos al diálogo y “sólo los vamos a escuchar”. Se ha especulado mucho si esos espacios van a servir realmente como parlamento abierto o se trata de una simulación porque la propuesta presidencial va como sea. Muy pronto sabremos si hay cambios al proyecto original. Si AMLO dice que la elección por voto popular es “irreductible”, la consigna se repite como eco en el morenismo. Si se habla de gradualidad y escalonamiento, ¿habrá alguna posibilidad de modificar la iniciativa? Parece difícil.

De cualquier forma, la mayoría morenista traduce de forma automática el voto en las urnas como un mandato para legislar la agenda que presentó AMLO el 5 de febrero pasado. Como ya ha sido analizado de forma precisa, la formación de la mayoría calificada en la Cámara de Diputados de la coalición “sigamos haciendo historia”, tiene una sobrerrepresentación que hace un fraude al espíritu de la ley, como lo ha analizado Jorge Alcocer. Tener 54 % de la votación y quedarse con el 74% de la representación es una aberración. ¿Será posible que el INE y el Tribunal corrijan estos excesos? Hay muy pocas posibilidades.

Resulta extraño el argumento de que hacer una reforma al Poder Judicial es una demanda popular expresada en el voto mayoritario, cuando se ha mostrado que la mayoría, un 62 %, dice que conoce poco o nada de la reforma (El Financiero, 27 de junio, 2024). ¿Cuál es el mandato del pueblo? Otro dato interesante de esta medición señala que se percibe mucha corrupción, como problema de los tres poderes: entre jueces (60 %), legisladores (57 %) y funcionarios del gobierno federal (53 %). El resultado de este sexenio en materia del combate a la corrupción parece que no deja buenas opiniones en la ciudadanía, a pesar de que el discurso presidencial sólo habla de corrupción en el Poder Judicial a partir de enero del 2023.

Fue interesante escuchar a las y los ministros que fueron a San Lázaro a expresar sus posiciones sobre la reforma. Prácticamente se da por hecho que la reforma llevará a una elección popular de nuevos ministros, que ya solo serán nueve y no once, nadie sabe por qué; a una elección de más de 1,600 jueces y magistrados. De los diferentes argumentos se pueden rescatar algunos planteamientos importantes: como la contraposición entre una carrera judicial y una elección popular, dos métodos diferentes, los méritos de una especialización o la popularidad y el apoyo político. La elección pondrá en riesgo no sólo capacidades construidas durante décadas, sino la independencia y autonomía de los juzgadores. Se podrá discutir mucho sobre las modalidades de la elección, si es gradual, si hay filtros, pero nada asegura la indispensable separación entre justicia y politización. Otro argumento importante lo señaló la ministra Piña, la justicia es un tema de Estado y no es monopolio del poder judicial, es decir, va desde las policías, los ministerios públicos, las fiscalías, hasta los jueces y tribunales.

En favor del voto popular de los jueces estuvieron las ministras Batres (que se dice “ministra del pueblo” y llegó por dedazo) y Esquivel (que presuntamente plagió su tesis de licenciatura). Llamó la atención que al final hablara el exministro Zaldívar, que polarizó al mejor estilo trumpista, y dijo que con él y su reforma el Poder Judicial fue el paraíso y, después, llegó el infierno.

La nueva mayoría no mira el problema de la justicia en todos sus niveles y complejidades, y desafortunadamente parece que iremos a un régimen de elección popular, sin garantía de justicia. Será una gran oportunidad desperdiciada…

 

* Investigador del CIESAS

@AzizNassif

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