“Retener información es la esencia de la tiranía. El control del flujo de información es la herramienta de la dictadura”.
Bruce Covill
Es el mundo al revés. El presidente López Obrador y los miembros de su gobierno difunden información privada de sus críticos, pero ocultan la información pública que por ley debiera estar al alcance de todos.
Este pasado 3 de julio vimos y escuchamos en la mañanera al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, difundir datos de los supuestos ingresos personales de los colaboradores de la plataforma informativa Latinus, en abierta violación a la Ley General de Protección de Datos Personales por Sujetos Obligados. En contraste, el 4 de julio el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) empezó a ocultar sistemáticamente información sobre el sistema eléctrico nacional que debería ser pública; de hecho, lo anunció desde el 28 de junio: “La información del Margen de Reserva Operativa, publicada anteriormente en el área pública, quedará disponible a partir de 04 de julio de 2024 en el área segura del Sistema Información de Mercado para los Integrantes de la Industria Eléctrica, ya que la información es susceptible de ser considerada de Seguridad Nacional” (Bloomberg Línea).
El margen de reserva del sistema eléctrico no es información que, en un país democrático en tiempos de paz, pudiera ocultarse por razones de seguridad nacional. Al contrario, es un indicador que necesitan monitorear muchas industrias que pueden incurrir en pérdidas millonarias si sufren apagones imprevistos. Estos dañan algunos equipos. Los hornos de inducción magnética de la industria siderúrgica, por otra parte, tienen que enfriarse durante horas y reiniciarse posteriormente si sufren apagones, lo cual genera costosos retrasos en la producción.
La única razón por la cual el Cenace pudo haber reclasificado el margen de reserva operativa del sistema eléctrico como un asunto de seguridad nacional es porque los bajos niveles registrados demuestran que el presidente López Obrador y el director general de la CFE, Manuel Bartlett, mintieron cuando dijeron que era falso que hubiera una insuficiencia de capacidad en el sistema eléctrico. El gobierno está tratando de ocultar la precariedad que ha provocado en el mercado eléctrico por la cancelación de muchos proyectos privados de generación y por el retraso de la CFE en la construcción de nuevas plantas.
No es este, sin embargo, el único caso en que el gobierno de López Obrador ha decidido esconder información que debería ser pública. Lo ha hecho también, por ejemplo, con la investigación que una comisión intersecretarial está llevando a cabo sobre el fraude de Segalmex: la Secretaría de Hacienda ha reservado todos los datos, según ha reportado Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Por otra parte, los datos de obras como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el AIFA y el aeropuerto de Tulum han sido también reservados por el gobierno por supuestas razones de seguridad nacional. La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional en mayo de 2023 el decreto del gobierno que clasificaba como asuntos de seguridad nacional todas las obras de infraestructura del gobierno federal, pero eso no ha hecho que la administración pública transparente sus proyectos. Hasta la fecha no conocemos con exactitud ni cuánto han costado estas obras ni cómo se repartieron los contratos.
El gobierno de López Obrador se ha negado a aceptar que en un régimen de derecho la información que genera el sector público debe estar al alcance de todos mientras que la de las personas debe ser privada. Esperemos que su sucesora entienda la diferencia, que haga público lo público y mantenga privado lo privado.
Líderes
En el Reino Unido, Rishi Sunak renunció como líder del Partido Conservador el 5 de julio, un día después de su derrota electoral. En México, en cambio, Alejandro Moreno, “Alito”, aprovechó el desastre del PRI del 2 de junio para cambiar los estatutos a fin de poderse reelegir como presidente hasta 2036. ¡Qué poca. vergüenza!
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