La votación popular es un malísimo sistema para escoger a los magistrados de la Corte”.
Daniel Cosío Villegas
Nos dicen los portavoces del gobierno que la elección de jueces, magistrados y ministros no está a discusión porque el pueblo bueno y sabio ya votó por ella. Una vez más mienten. No hay estudio o indicio que sugiera que este tema fue la razón que llevó a los electores a votar como lo hicieron el pasado 2 de junio. Los ciudadanos sufragaron principalmente por el dinero, por los programas sociales, y por eso el esfuerzo tan intenso del gobierno para promover la idea de que un régimen distinto cancelaría estos apoyos.
Ningún país tiene un sistema en el que todos los jueces sean electos por voto popular. La mayoría de los juristas considera que este es un pésimo método para escoger a los juzgadores. La gente común y corriente no conoce las virtudes o defectos de un impartidor de justicia, pero además los jueces tienen la obligación de juzgar de conformidad con la ley, sin dejarse influir por la multitud. Necesitamos justicia, no linchamientos.
En México ya tuvimos elecciones para la Suprema Corte. El procedimiento lo estableció, aunque por votación indirecta, la Constitución de 1857. Benito Juárez fue electo presidente de la Corte ese año y de ahí pasó a la presidencia de la república tras la renuncia de Ignacio Comonfort en 1858. Porfirio Díaz mantuvo el sistema porque le permitía controlar el máximo tribunal. Los constituyentes de 1917 se negaron a entregarle el mismo poder a Venustiano Carranza y decidieron que el Congreso tuviera la facultad de designar a los ministros de la Corte. En 1928 se hizo una reforma judicial que dio al presidente la facultad de nombrarlos, aunque con ratificación del Senado, pero esto sometió la Corte al ejecutivo en los años del PRI hegemónico. El actual sistema, en que el presidente propone ternas y el Senado nombra, que ha resultado en tribunales más independientes, se estableció con la reforma de 1994.
Después de haber sido presidente de 1876 a 1880, Porfirio Díaz fue electo magistrado de la Suprema Corte en 1883, pero también quedó como senador y prefirió asumir este cargo que usó para regresar a la presidencia en 1884. Con la reforma de AMLO empezaremos a ver nuevamente casos como este. En lugar de que la Corte sea la culminación de una carrera judicial, se convertirá en simple trampolín para cargos políticos.
No es esta la primera vez que el tema se discute en México. Emilio Rabasa, el jurista liberal chiapaneco, escribió en 1912 que el voto popular sirve para elegir a gobernantes que representen “la voluntad de las mayorías”, pero “los magistrados no pueden, sin prostituir la justicia, ser representantes de nadie”. En el actual debate coincido con la ministra Loretta Ortiz, que en otros temas ha respaldado siempre a AMLO, cuando afirma que los jueces y magistrados no se dan “en maceta”, “no se cambian de un día para otro, hay toda una vocación de vida, preparación, enseñanza, méritos”. La ministra ha señalado cómo en Estados Unidos, donde algunos jueces locales son electos, estos muchas veces pronuncian fallos basados en su deseo de ser populares y no en el de lograr la justicia.
No obstante, el nuevo partido hegemónico ha tomado ya la decisión de impulsar la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular. Así, concentrará más el poder, como en el régimen de don Porfirio. En el México de hoy, sin embargo, este sistema resultará en un problema mayor. Al crimen organizado se le está sirviendo en bandeja de plata la oportunidad de elegir a jueces que representen sus intereses. Quizá este sea el propósito real de la reforma.
Venganza
A pesar de que lo niega, AMLO termina siempre por ratificar que la reforma es una venganza. Ayer declaró: “No me tienen tan contento los del poder judicial porque ellos, que me digan si no, por defender a empresas extranjeras, cancelaron la Ley de la Industria Eléctrica, que era para beneficiar a los mexicanos”. En realidad, la Corte invalidó la ley porque en su aprobación se violó la Constitución.
www.sergiosarmiento.com