La ola populista en el mundo ha tenido graves consecuencias en varios ámbitos de la vida política de los países. La expresión democracia iliberal, popularizada, entre otros, por el politólogo Fareed Zakaria, describe muy bien el problema.
Gobiernos populistas en todo el planeta buscan tener la aprobación de las mayorías y recurren a un supuesto “pueblo” de carácter homogéneo que, según esto, encarna la voluntad de la población. Lo que se pierde de vista es la corrección liberal a la doctrina de la democracia como la dictadura de la mayoría. El liberalismo es, entre otras cosas, la forma en que se limita el poder de las masas para que este no sea tiránico y oprima a las minorías.
Pero hay otra parte del liberalismo que está en riesgo también debido a la llegada de populismos autoritarios. Me refiero al ejercicio de la deliberación pública.
El teólogo político, Carl Schmitt, uno de los mayores críticos del liberalismo, denunció que el problema de los regímenes liberales es que ocupaban mucho tiempo en la deliberación pero nunca arribaban a una decisión.
De ahí surge la doctrina autoritaria del decisionismo, donde lo que importa es quién toma una decisión y no el camino democrático para tomarla.
Esta doctrina autoritaria se ha convertido, en la práctica, en el modus operandi de los gobiernos populistas en el poder. Los parlamentos, que son el lugar privilegiado para la deliberación y el debate público, son reducidos a espectáculos donde las mayorías sólo levantan las manos siguiendo los dictados de un líder, normalmente quien ocupa la rama ejecutiva.
Esto es indudablemente un atentado a la intención constitucional de que los proyectos de Ley sean racionalmente evaluados. Un país donde no existe la deliberación pública ya ha aceptado el autoritarismo como forma de gobierno.
En México pudimos presenciar el despliegue de esta práctica durante el sexenio que está por terminar, cuando el Congreso no sirvió para el debate y la deliberación. El problema es que no hay razones para pensar que esto no seguirá sucediendo en el siguiente sexenio.
De continuar esta dinámica política, sería necesario pensar en instancias alternativas donde el diálogo sobre ideas y la deliberación pública puedan ocurrir.
En este sentido, se podría pensar en crear uno o más foros de deliberación que tuvieran como objetivo informar a la población en general sobre las complejidades de diversas políticas públicas que se consideren en el Congreso de la Unión, las Secretarías de Estado, así como otras entidades gubernamentales.
Estos Foros Deliberativos podrían ser conformados por académicos reconocidos, empresarios, líderes de opinión, organizaciones civiles y otros grupos diversos. Su mandato sería el de discutir iniciativas de políticas públicas diversas y someterlas a la consideración ciudadana. Estos deberían tener acceso a los medios de comunicación y las redes sociales.
Su significado principal sería el de mantener la discusión racional y razonable de los asuntos públicos para el bienestar general. Su modelo último sería el ágora griega de la Atenas del siglo V antes de nuestra era. La razón no debe ser expulsada de la vida pública.