Freno a la Policía de Investigación
Con la sesión del 27 de junio, la Legislatura local cerró el último periodo ordinario de su tercer año, y hoy no hay noticias de si habrá un extraordinario antes de despedirse, pues formalmente dejan de cobrar su jugosa dieta hasta el próximo 24 de septiembre.
Entre los asuntos pendientes que estaban en agenda para votarse en junio, y pusieron en pausa, está la esperada reforma para dar vida al modelo de Policía Investigadora tanto a nivel del Gobierno del Estado como en los municipios, es decir, por fin tener policías que sí investiguen delitos y no solamente gasten gasolina haciendo patrullajes sin resultados.
En la reforma del 2008 al sistema de justicia penal en el País se modificó el artículo 21 constitucional para quedar de la siguiente manera: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”. Pero esa facultad, así como la recepción de denuncias, no ha sido aprovechada por las policías estatales y municipales.
La iniciativa de reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato fue impulsada por el diputado panista celayense, Martín López Camacho, y votada por la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, que él preside, el 18 de junio, a tiempo para haberse subido al Pleno del Congreso y aprobarse. Pero no fue así.
Se busca eliminar argumentos o pretextos legales para que las policías investiguen.
En un artículo transitorio se precisó que: “Las instituciones policiales municipales y estatal establecerán en sus estructuras unidades de policía de investigación dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto atendiendo al nivel de madurez que presenten asegurándose que se cuente con la adecuada capacitación y equipamiento para llevar a cabo la función de investigación así como la adecuada articulación y coordinación con la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía General de la República”.
Sin razón para guardarla
Si el dictamen no subió en la última sesión fue por decisión del presidente en turno de la Mesa Directiva del Congreso, el panista Alfonso Borja, y de la Junta de Gobierno y Coordinación Política que también conduce otro panista, Luis Ernesto Ayala Torres. La iniciativa pudo subirse al Pleno, ahí discutirse y hacer modificaciones, pero se guardó.
La respuesta de ¿por qué se frenó?, a ciencia cierta no la sabe ni el propio Martín Camacho, solamente que se pidió tiempo para diferirla a un posible periodo extraordinario.
Esta propuesta fue planteada en la oferta de campaña de la gobernadora electa, Libia Dennise García Muñoz Ledo. En el documento público de la estrategia de “Seguridad y paz para Guanajuato”, el punto tres se refiere al “Modelo de inteligencia operacional”, el punto 11 al “Centro estatal de inteligencia e investigación criminal”, y el 12 a que “la Secretaría de Seguridad Pública tendrá facultades de investigación”.
Además, la próxima renovación del titular de la Fiscalía General del Estado, donde en su momento se habló de resistencia a la colaboración policial, es otro plus para modificar una estrategia en donde la investigación policial sea clave para poner freno a la impunidad.
No hay razones para dilatar la aprobación de la reforma. Urge el periodo extraordinario.
Notarios públicos contra agentes inmobiliarios
Ante diputados locales, dos integrantes del Colegio Estatal de Notarios se inconformaron respecto a la iniciativa del PAN de reforma a la Ley que Regula a los Agentes Inmobiliarios en el Estado, que pretende darles la obligación de revisar si los agentes inmobiliarios están empadronados y registrados.
Y en caso de que no cuenten con ese registro, avisar a la Secretaría de Gobierno Estatal. Dijeron que eso no les toca a ellos. En cambio, señalaron algunas prácticas irregulares de los agentes inmobiliarios.
Jesús Luis Vega Castillo pidió al Congreso no autorizar las modificaciones al artículo 26 de la Ley del Notariado porque tomando en cuenta toda la argumentación que dio tanto él como otra notaria, “va a ser imposible que los notarios demos seguimiento a todas las operaciones inmobiliarias”.
“No podemos dar seguimiento a actos que no estuvieron bajo nuestro control, que no está en nuestras manos y que no podemos meter las manos al fuego por ellos”, sostuvo.
Advirtió que el 85% de los notarios ya dijeron que ellos no van a dar aviso cuando los agentes inmobiliarios no estén registrados, para no meterse en problemas. “Esto en realidad va a ser letra muerta”, advirtió.
Dijo que tampoco es procedente multar al notario que no verifique que el agente inmobiliario no esté acreditado por la Secretaría de Desarrollo Económico. ¿Y si no contamos con el padrón, cómo vamos a revisar eso?
Reclamó que ya tienen muchas obligaciones y los diputados les pretenden dar más. “En realidad va a ser letra muerta porque va a ser más fácil decir: aquí no pasa nada y no hubo ningún agente, y no vimos nada, porque la Ley del Notariado y el Código Civil no me obligan a nada”, volvió a advertir.
Esto ocurrió en la sesión de las comisiones unidas de Obra Pública y Justicia, el jueves. Ahí, la legisladora panista Susana Bermúdez detalló que la iniciativa pretende, entre otras cosas, establecer la obligatoriedad de acreditarse para realizar operaciones inmobiliarias y aplicar sanciones a los agentes que no lo hagan.
Pero los representantes de los notarios se llevaron ¡43 minutos!, del total de dos horas que se llevó la reunión, en cuestionar, criticar y refutar la iniciativa panistas, ante tres diputados azules: Alfonso Borja Pimentel, Cristina Márquez Alcalá, autora de la iniciativa y Susana Bermúdez Cano. También ante una docena de agentes inmobiliarios.
Pilar Fuentes, secretaria general del Colegio Estatal de Notarios, aclaró que los créditos que tramitan los agentes inmobiliarios no tienen nada que ver con la función notarial.
“Porque los agentes inmobiliarios solo acuden como gestores, a dejar papeles, no forman parte del instrumento (…) Pero tengo casi nulo contacto con las agencias inmobiliarias”.
Cuestionó en qué beneficiaría que ellos les pidan a los agentes inmobiliarios estar en el padrón de estos profesionistas. “¿En qué va a impactar? En nada.
“Lo único que yo tengo que hacer es dar fe de los actos que se realizan en mi notaría, yo no tengo que ir más allá porque a mí no me toca”, aclaró.
“¿Por qué tengo yo que asentar en la escritura que el agente inmobiliario está en un padrón? A mí no me toca, cuando le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Económico y a la Secretaría de Gobierno. No tengo por qué involucrar a más personas”. Pues destacó que la función de los notarios no es fiscalizadora.
En lugar de eso, sugirió que se apliquen sanciones a los agentes que incurren en incumplimientos o irregularidades. Porque también señaló que en los créditos hipotecarios que gestionan los agentes, se hacen muchas prácticas irregulares, como alteración de avalúos.
Informó que los notarios tienen que dar aviso de las operaciones de las que dan fe, a la Unidad de Inteligencia Financiera. Y sugirió que lo mismo deberían hacer los agentes inmobiliarios para las transacciones inmobiliarias.
‘Ir de chismoso’
Jesús Luis Vega Castillo, representante del Colegio Estatal de Notarios, coincidió en que la identificación o no de un agente inmobiliario, no afecta en nada la función notarial.
“Para mí la implicación de esta ley es ir de chismoso. A mí no me interesa ir de chismoso para ver si el agente cumplió o no con su obligación o no de traerme su identificación”, afirmó.
Por lo que señaló que se tendría que modificar también el Código Civil y la Ley del Notariado para imponer a los notarios esa obligación.
“Porque cuando se pretende modificar la Ley del Notariado en su artículo 26, creo que la redacción es muy vaga: Los notarios darán seguimiento a las operaciones inmobiliarias y deberán informar cuando habrá algún problema.
“¿Cuál es el seguimiento? ¿A qué se refiere?”, cuestionó. Señaló que todas las propuestas de reforma a la Ley de los Agentes Inmobiliarios, como sanciones, fortalecimiento, ética en las operaciones, son obligaciones de estos agentes, no de los notarios.
“Toda esta regulación es para ustedes, el seguimiento lo tienen que dar ustedes, no yo”, aclaró.
Mencionó casos de agentes inmobiliarios que aconsejan “mañas” a los clientes para no pagar impuestos, como el hecho de disfrazar una cochera de casa con Photoshop o presentar únicamente los recibos de luz pero no los comprobantes de pago. O presentarlos en ceros.
“Si pretendemos de veras darle fuerza a esto, si pretendemos darle una profesionalización, si pretendemos que se haga esto que dice este papelito, ¿por qué no modificamos las diferentes leyes para que ustedes (los agentes inmobiliarios) también firmen la escritura, para que ustedes lleguen a ser parte”, retó Vega Castillo.
Señaló como prácticas irregulares tramitar escrituras por parte del Infonavit mediante cartas-poderes legales.
“¿Queremos profesionalizar esto en serio? Vamos a hacerlo en serio, vamos a hacerlo de verdad, como se debe”, invitó a los agentes.
Va porque va
En respuesta, Susana Bermúdez dijo que una decena de entidades ya cuentan con obligaciones para las notarías públicas en esta materia. Leyó los artículos de las leyes de tres estados en donde se establece que los notarios públicos tienen la obligación de verificar que los agentes inmobiliarios cuentan con su registro y dar aviso en caso de que no lo tengan.
Para defender su iniciativa, Cristina Márquez hizo oídos sordos a todo lo que le dijeron los notarios y ratificó su intención de seguir adelante con la misma, sin dar visos de aceptar alguna de las propuestas o señalamientos que le hicieron tanto Pilar Fuentes como Jesús Luis Vega Castillo. Ni siquiera de considerarlas o analizarlas.
Dijo que lo que busca ésta es proteger el patrimonio de los guanajuatenses, y por eso lo que pretenden es que los notarios públicos se cercioren “para que no aparezca de repente un broker que anda mal asesorando a las personas que ponen en sus manos su patrimonio”.
Incluso lanzó algo muy parecido a una advertencia o a un reto:
“Por eso pedimos su colaboración. Y sería muy lamentable que si los notarios tienen que cumplir la ley, no lo hicieran”.
Destacó que esta iniciativa lo único que busca es dar seguridad a los ciudadanos, porque desde antes que apareciera el tan lamentable caso de Punto Legal, en el PAN ya estaban trabajando en ella.
Menos días, más ocurrencias
A dos meses de concluir la administración del alcalde panista de Guanajuato capital, Alejandro Navarro Saldaña, pasa sus últimos días como comenzó: enfrentándose con unos y otros.
Un caso fue la construcción de un mega hotel y un mega fraccionamiento en Paseo de la Presa, donde irregularmente talaron cientos de árboles, confrontando a la delegada del INAH, Olga Adriana Hernández Flores; al final el proyecto quedó parado.
Otra confrontación con comerciantes y ciudadanos fue el fallido nuevo Museo de las Momias, donde ya se había endeudado al Municipio, pero al final en una causa liderada por la regidora de la 4T, Paloma Robles Lacayo, el proyecto quedó en el cesto de la basura.
Ahora el Alcalde se aventó contra Mariana Aymerich Ordóñez, directora general del Festival Internacional Cervantino (FIC), al asegurar que en la próxima edición del FIC le exigirá que pague el 11 % de impuesto por venta de boletaje.
Son eventos que el mismo festival patrocina con un 70 % del costo total, prácticamente el resto llega de Gobierno del Estado, por que la aportación municipal de alrededor de 8 millones de pesos, también los paga Gobierno del Estado.
Mariana Aymerich recordó que parece que a Navarro se le olvidó que recién firmaron el convenio de colaboración para celebrar el FIC, por lo que no hay preocupación y descartó que el tema ponga en juego la permanencia del festival en Guanajuato.
El evento se celebrará del 11 al 27 de octubre, es decir, justo a la llegada del nuevo Ayuntamiento que encabezará Samantha Smith (esposa del hoy Alcalde).
LALC