Militancia ignorada
Calladito se lo tenían pero ya está decidido: la próxima dirigencia estatal del PAN en Guanajuato será elegida sin el voto de la militancia.
El pasado miércoles la Comisión Permanente Nacional del PAN palomeó lo que el Comité Directivo Estatal le propuso: que la dirigencia estatal para el periodo 2024-2027 sea electa por la votación del Consejo Estatal (que son 100 panistas más los ex oficio) y no por los aproximadamente 16 mil militantes que tiene este partido político en su padrón.
Aunque ya sabe usted que en el PAN de Guanajuato son muy disciplinados y la nómina del Gobierno del Estado y demás tentáculos acallan cualquier rebelión, la realidad es que en la militancia de a pie hay molestia por no permitirles ejercer su derecho a elegir dirigentes.
La sorpresa es mayor después de los resultados electorales nacional y estatales, donde si bien se retuvo la gubernatura con Libia García Muñoz Ledo, el partido en el poder sufrió descalabros de consideración, como la pérdida de la mayoría en el Congreso Local, la derrota en 8 de 15 distritos federales, en la fórmula del Senado encabezada por Miguel Márquez, el avance de Morena con el triunfo de 13 municipios y la clara victoria de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez en Guanajuato.
El mensaje que se ha repetido hasta el cansancio es que urge abrir al PAN a la sociedad, pero han decidido no abrirlo ni siquiera a sus propios militantes. La pregunta es ¿por qué?
A este ánimo decaído de la militancia panista hay que sumarle que, en los últimos procesos electorales, el método para elegir candidatos ha sido el de la designación, esto en parte con el argumento de la unidad, y principalmente por la complejidad de cumplir con la legislación electoral en materia de paridad y ahora de acciones afirmativas a grupos vulnerables.
Así que la militancia no elige candidatos y ahora tampoco elige a sus dirigentes. Así cómo.
Y para hacer más extraña esta decisión en Guanajuato, todo apunta a que a nivel nacional la renovación de la dirigencia sí será por voto de la militancia, que son algo así como 305 mil panistas. Esto falta que sea avalado por los órganos del partido en los siguientes días.
Aldo-Juanita, la dupla oficial
En Guanajuato lo que sigue es que el Comité Estatal, que comanda la interina Estrella Ortiz, emita la convocatoria para el proceso interno de renovación de la dirigencia estatal en donde hasta ahora solo han levantado la mano la dupla del oficialismo que son el también diputado electo Aldo Márquez para presidente y Juana de la Cruz secretaria general.
Los estatutos del partido azul marcan que la renovación de las dirigencias estatales y la nacional deben hacerse en el segundo semestre del año después del proceso electoral. En Guanajuato no perdieron ni un día, el pasado 17 de junio el presidente estatal del PAN, Lalo López Mares, presentó su renuncia anticipada (su periodo vencía en septiembre) en un mensaje por redes sociales. El Comité Estatal sesionó para avisar al Comité Nacional el vencimiento de su dirigencia a partir del 1 de julio y así acelerar el proceso de renovación.
De inmediato salió la fórmula Aldo-Juanita a confirmar que ellos estaban puestos.
A partir de entonces corrieron los 30 días para definir un método de elección, que por estatutos el ordinario es el voto de la militancia y el extraordinario por Consejo. No había que mover nada para que la militancia votara, al menos que quisieran lo contrario, y eso fue.
Lo que trasciende es que el Comité Directivo Estatal envió un oficio a los comités municipales apurándoles a que debían sesionar para aprobar el método, lo que no dice el estatuto. La línea fue ir por el extraordinario. El CDE notificó a la Comisión Permanente Nacional que las 2 / 3 partes que representan su padrón pedían que así fuera. Punto. Muchos integrantes de los comités municipales ni enterados estuvieron, la militancia menos.
La Permanente Nacional no tuvo de otra y el miércoles pasado les avaló la petición.
En sesión de junio Marko Cortés sugirió que las renovaciones de las dirigencias estatales fueran posteriores a la renovación nacional. Pero Guanajuato ya se había adelantado.
En el PAN saben que esto no cae nada bien y ni siquiera informaron de la decisión. Desde luego que esta no la tomó la dirigencia interina que está al frente del partido. Todo apunta a donde sabemos que se definen las cosas en Palacio de Gobierno: la jefatura de gabinete con Juan Carlos Alcántara, el todopoderoso “Charly” brazo del gobernador Diego Sinhue Rodríguez.
En el equipo de la gobernadora electa, Libia García, han dicho que no están metidos en esa grilla de partido, que tienen muchas otras cosas más importantes en qué ocuparse. Y sí.
Ya que salga la convocatoria veremos si hay alguno o alguna que se atreva a plantarle cara a los candidatos del oficialismo. En política sabemos que nada está escrito, hasta que pasa.
Amparo contra Sectur
El activista por la transparencia Roberto Saucedo Pimentel ganó un amparo mediante el cual se ordenó a la Secretaría de Turismo del Estado, que dirige Juan José Álvarez Brunel, que le entregue a él toda la información detallada que solicitó sobre los gastos y sus comprobantes de dos millones 320 mil pesos entregados al Colegio de Abogados de León en 2019, cuando Marcelino Trejo era el presidente.
Saucedo explicó que cuando él solicitó esta información, el año pasado, la Secretaría de Turismo solo entregó una factura del Colegio de Abogados por el monto total, cuando el convenio celebrado entre ambas partes establecía que el Colegio debía entregar a la Secretaría todos los comprobantes de los gastos hechos con ese dinero.
Roberto Saucedo informó que el 10 de abril de 2023, solicitó por la Plataforma Nacional de Transparencia a la Secretaría de Turismo conocer el convenio celebrado con el Colegio de Abogados de León, por medio del cual la Secretaría entregó al Colegio 2 millones 320 mil pesos, a fondo perdido.
El dinero era para realizar el Segundo Congreso Internacional de Derecho, del 29 al 31 de mayo de 2019, organizado por el Colegio de Abogados y para el cual todos los asistentes pagaron una cuota de 900 pesos si eran abogados y de 700 pesos si eran estudiantes.
El año pasado, Saucedo Pimentel solicitó entregar comprobantes del gasto de los más de dos millones de pesos. “Yo quería saber en lo que se lo habían gastado. Lo que yo quería saber era cuanto gastaron en hotel, coffee break, etc.
“Pero el Gobierno del Estado me dice: solo tengo una factura por dos millones 220 mil pesos. Es lo único que tengo y es lo único que te puedo entregar. Y el IACIP ratificó esto”.
Acudió al Instituto de Acceso a la Información Pública (IACIP) para inconformarse con el recurso un recurso de revisión, pero el 7 de junio de 2023, el IACIP emitió una resolución en la que ratificó que el Gobierno del Estado cumplió al entregarme la factura que dio el Colegio. Esa es mi inconformidad, porque el Gobierno del Estado debería de tener todo”.
Así que el abogado se fue al amparo. Al mismo tiempo, el Colegio de Abogados se enteró de que había un juicio de amparo, y se apersonó con el nuevo presidente, Víctor Quiroz, e impugnó todo.
“El juez federal nos dio la razón y nos concedió el amparo, pero lo único que obliga al IACIP es a reconsiderar su criterio: si el Colegio de Abogados es sujeto obligado y si satisface la obligación de informar. Esto no nos gustó y promovimos un recurso de revisión, porque esto es dar más evasivas y no satisface el derecho a la información”.
El 29 de septiembre de 2023 se emitió esa primera resolución de un juez de distrito, ante la cual interpuso un segundo amparo en revisión. Roberto Saucedo lo ganó y se estableció que si el Colegio de Abogados de León recibió recursos públicos, debe de transparentarlos.
Transparentar, nada más
Saucedo Pimentel afirmó que el Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa emitió la siguiente sentencia el 11 de julio de 2024.
“Le ordena al IACIP que deje insubsistente su resolución y emita otra en la que la Secretaría de Turismo, en su carácter de sujeto obligado, vincule a proporcionar al peticionario la información con la cual debe de contar.
“Porque en el convenio con el Colegio, se decía que debería conservar los comprobantes. Es decir, la Secretaría de Turismo sí debe de contar con esta información. Se le está ordenando a la Secretaría de Turismo que entregue esta información”.
Entrevistado por AM al respecto, Marcelino Trejo afirmó que él no manejaba el dinero para este evento, sino que lo hizo el tesorero del colegio. Además, que los dos millones 300 mil pesos no fueron el costo total del congreso, sino solo una parte, que el resto fue sufragado gracias al apoyo de empresarios.
“Tuvo un costo alto”, afirmó y se comprobó hasta el último centavo.
La gente encargada de esto entregó todo, si no, hubiera habido auditorías y no las hubo, afirmó.
Destacó que ese congreso fue el único evento, que en más de 60 años de existencia del Colegio de Abogados de León, solicitó el apoyo del Estado.
En este caso, lo cuestionable es que el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado, que preside Mariela Huerta, que debería de ser el garante de que la información pública de oficio, como es el gasto del presupuesto público, no se ponga del lado de la transparencia, como ocurrió en este asunto.
Natanael Cano, siempre no
Las autoridades capitalinas pretendían apoyar un concierto de corridos tumbados en el estadio de beisbol Aguilar y Maya que desde un inicio estuvo plagado de irregularidades.
Los organizadores a finales de junio dieron a conocer dentro del estadio que el 3 de agosto se presentaría Natanael Cano, pese a que en ese momento no había un solo permiso.
Por ello hay quienes se preguntan quién les dio las llaves del estadio a los organizadores para que ingresaran, llaves que están a cargo de la Comisión Municipal del Deporte dirigida por Efraín García Ledesma, quien le echó la culpa a los integrantes del Consejo.
Gustavo Buck, titular de Fiscalización, reconoció que no había permiso para dicho concierto, por lo que supuestamente sancionaría a los empresarios por vender boletos por la libre.
Misteriosamente el Consejo del Deporte aprobó el concierto de la noche a la mañana, pese a que un integrante dijo que no sabía ni cuándo fue la supuesta sesión donde eso pasó, y fue ni nada más ni nada menos que el síndico panista Rodrigo Enrique Martínez Nieto.
Estas irregularidades sacaron a los capitalinos de sus trabajos y casas, y se fueron a manifestar a la Presidencia Municipal por promover en un concierto la apología del delito, en un estado donde los homicidios están a la orden del día. Y donde además tanto se cacarea la adopción del modelo islandés de prevención de adicciones Planet Youth.
A la manifestación de rechazo se sumaron los deportistas, quienes exigieron que el estadio de beisbol siga siendo la catedral del deporte y no termine en una mega cantina.
En fin, wl alcalde Alejandro Navarro Saldaña y el regidor del PAN Carlos Chávez trataron de defender el concierto, algo que estuvo más allá de su coto de poder, y la orden de cancelar el concierto llegó de las altas cúpulas del PAN-Gobierno.