“El poder corrompe, y cuando hay demasiado poder concentrado en un lugar se tiende al abuso. Por eso los contrapesos son siempre necesarios”.
Dean Ornish
López Obrador casi ha logrado su objetivo. El propósito era destruir el sistema democrático surgido de las reformas electorales, políticas y judiciales de los noventa que dieron lugar a un Estado con contrapesos y que permitieron la alternancia de partidos en el poder. Quería regresar a los tiempos del partido hegemónico en el que creció, a cuyas filas se integró y que nunca dejó de admirar.
El Instituto Nacional Electoral discutirá este viernes un dictamen que reparte diputaciones plurinominales de acuerdo con la interpretación de Morena del artículo 54 de la Constitución. Se espera que los partidos del gobierno obtengan 364 diputados de 500, 73 %. Esto les dará la mayoría calificada para cambiar la Constitución de manera discrecional, tal y como lo hacía el PRI hasta 1988. Si el presidente quiere borrar derechos fundamentales, lo podrá hacer.
López Obrador tiene otros datos. Ayer afirmó que el pueblo votó “pensando que era necesario modificar leyes, hacer reformas a la Constitución, para devolverle a la Constitución su origen popular, su origen auténticamente democrático”. Ahora bien, es cierto que Claudia Sheinbaum obtuvo 60 por ciento de los votos para la presidencia, pero Morena y sus satélites solo lograron 54 por ciento para el Congreso. No es realmente un mandato para poner fin al régimen democrático en que ha vivido nuestro país, pero para AMLO todo vale con el fin de regresar al paraíso que recuerda cuando el PRI gobernaba sin oposición.
López Obrador ha ejercido el poder con mayor discrecionalidad que cualquier presidente desde José López Portillo. No solo ha dominado el ejecutivo, sino que ha tenido mayorías absolutas en el Congreso. Pero esto no la ha dejado satisfecho. Hoy quiere eliminar los organismos autónomos, tener mayorías calificadas en las dos cámaras del Congreso, y, sobre todo, acabar con la independencia del poder judicial para que los jueces no le salgan “con el cuento de que la ley es la ley”.
Las instituciones financieras ya han empezado a advertir sobre las posibles consecuencias que tendrían la mayoría calificada en el Congreso y las reformas que el presidente ha impulsado de manera apresurada, las cuales, como ha señalado Fitch Ratings, “pueden afectar negativamente la calidad institucional y los controles y contrapesos de México”. Morgan Stanley, un banco de inversión, ha bajado la recomendación a los valores mexicanos y ha señalado que “reemplazar el sistema judicial debería aumentar las primas de riesgo de México y limitar las inversiones de capital. Eso es un problema ya que el nearshoring está alcanzando cuellos de botella clave”. El Departamento de Estudios Económicos de Citibanamex ha apuntado que los mercados parecen subestimar las “graves implicaciones” de la sobrerrepresentación y la reforma judicial, que “podrían suponer la cancelación de la democracia liberal, asentada en el estado de derecho y regida por el cambio electoral periódico de gobiernos mayoritarios y sólidamente contrapesados”. El peso, que registró un valor de 0.0557 dólares el 22 de julio, se encontraba ayer a las 13:30 horas en 0.0517 (Bloomberg); es una depreciación de 7.2 por ciento en apenas un mes.
La concentración del poder en manos del ejecutivo está generando preocupación entre los inversionistas. Sheinbaum declaró ayer que “quizá están mal informados; vamos a tener un mejor sistema de justicia, sus inversiones estarán mejor resguardadas”. Pero es falso. Cuando todo el poder de un país se concentra en unas solas manos, cuando desaparecen los contrapesos al poder, el poderoso puede cambiar las reglas cuando quiera y afectar a quien sea.
Civiles
La ONU ha calificado como “profundamente alarmante” que el gobierno de Nicaragua haya ordenado el cierre de 1,500 organizaciones civiles. AMLO no ha llegado a ese extremo, pero ya ha emprendido una guerra contras estas organizaciones utilizando a MCCI como pretexto.
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