No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes”.
Benito Juárez
Nuestro sistema de justicia no es el mejor del mundo. Se parece tan poco al de Dinamarca como el sistema de salud de López Obrador al de ese país nórdico. La justicia mexicana no es ni pronta ni expedita, pese a que lo ordena la Constitución, lo que demuestra por enésima vez que poner algo en la carta magna no lo hace realidad. Es verdad que es gratuita; ni los ministerios públicos, ni las fiscalías, ni los tribunales cobran por sus servicios, los cuales sufragan los contribuyentes, pero los pobres difícilmente logran que se les haga justicia, ya que no tienen dinero para pagar abogados.
Son tan graves los males de la justicia de nuestro país que habría que aplaudir la decisión del presidente de lanzar una iniciativa de reforma judicial. El problema es que no resuelve uno solo de los problemas. Es un simple ajuste de cuentas con los tribunales que no han querido violar la ley para obedecerlo y que generará todavía más problemas en la justicia.
El que el pueblo bueno y sabio vote por jueces, magistrados y ministros no va a resolver ninguno de los problemas de la justicia: ni la va a hacer más pronta y expedita, ni permitirá que los más pobres tengan acceso a ella. Es tan obvio que no hay conexión entre los problemas y esta supuesta solución que uno podría pensar que el presidente la sugirió solo como una broma, pero los lopezobradoristas, que ya lloran ante el inminente fin del sexenio, han abdicado del uso de la razón. El proceso electoral con el que piensan escoger a los juzgadores se advierte ya como una costosa pesadilla burocrática que será manipulada por el gobierno y por quienes tengan dinero, entre ellos el crimen organizado. Que una tómbola se considere como uno de los procedimientos de selección de los aspirantes parecería también un mal chiste, pero el chiste ha sido de inmediato incorporado a la iniciativa para quedar bien con el iluminado de Palacio Nacional.
Acabar con la carrera judicial en nada ayudará a mejorar la calidad de la justicia en nuestro país. Tener jueces sin conocimiento ni experiencia, preocupados más por hacer campaña y ganar popularidad, tampoco nos ayudará a conseguir una mejor justicia. Al contrario, los que lleguen se interesarán en todo menos la justicia. Serán ambiciosos políticos, pero sin vocación de juzgadores.
El despido de todos los jueces, tanto federales como del fuero común, generará un vacío judicial extraordinario que puede durar mucho tiempo. Numerosos juicios llevan años en litigio y acumulan decenas de volúmenes de actuaciones. Los nuevos jueces podrían tardar años nada más en leer los expedientes, pero lo más probable es que incluso después de leerlos ofrezcan fallos sin considerar todos los elementos del proceso, ya que no tendrán el conocimiento acumulado en años de estudio y ejercicio de la jurisprudencia. La justicia mexicana se volverá más incierta y sometida a decisiones caprichosas. México vivirá un tiempo largo sin ley ni justicia.
La iniciativa misma es caprichosa. Dice, por ejemplo, que los aspirantes deben tener un promedio mínimo de 8 en la carrera y uno de 9 en “las materias específicas a su cargo”. ¿Cuáles son las materias específicas de las carreras de derecho para un juez? Pues todas. Pero no es lo mismo un 8 del Instituto Cúspide, donde el encargado de la fiscalía de la Ciudad de México obtuvo su título de derecho en unas cuantas horas, que uno de la UNAM, la Escuela Libre de Derecho o la Universidad Panamericana.
López Obrador ha cometido muchos errores en su sexenio, pero ninguno va a dejar una huella tan negativa como su reforma judicial. Quiere acabar de un plumazo con la justicia del país. Lo hace por una venganza personal, pero a un costo elevadísimo para la república.
Fraude
Nicolás Maduro dijo el 31 de julio que tenía todas las actas de escrutinio, pero nunca las presentó. La oposición sí presentó un 80 por ciento y demostró su triunfo. Ayer el Tribunal Supremo lo declaró presidente electo. Se ha completado el fraude.
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