El día de hoy acudimos a la marcha en la ciudad de Guanajuato, en defensa del Poder Judicial Federal. Es muy importante apoyarlos porque constituyen el mecanismo de defensa de la ciudadanía frente a los abusos de las diversas instancias de gobierno. ¿Quién nos defiende de los atropellos que intente el presidente López Obrador o cualquiera de sus secretarios? ¿Quién puede protegernos de las iniquidades perpetradas por Diego Sinhue o su jefe de gabinete? ¿Quién está dispuesto a socorrernos de los atropellos y mezquindades de Alejandro Navarro y su ayuntamiento incondicional e indigno? Solo hay una respuesta: el instrumento final y decisivo es el amparo, y este se gestiona ante el Poder Judicial Federal, atendido por los jueces de distrito y magistrados de circuito. Ellos son los verdaderos valedores de los derechos de los ciudadanos.
Durante los discursos pronunciados a los pies de la estatua de La Paz, en pleno centro de la capital del estado, nos llamó la atención la participación de un representante del foro de abogados y de una integrante del Poder Judicial del estado. Ambos reclamaron la ausencia de jueces y burócratas estatales y la indolencia del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado, Héctor Tinajero. Tal parece que el conflicto es absolutamente extraño a la actividad judicial estatal. Denunciaron: “Nuestros compañeros tienen miedo, por eso no están aquí.”
Y es entonces cuando tomamos conciencia de la asimetría entre la organización judicial federal y la estatal. Los puestos se distribuyen por exámenes de oposición de un lado, mientras que en el estado los magistrados, incluidos los del Tribunal de Justicia Administrativa, son nombrados por dedazo del gobernador. Exactamente el dispositivo al que aspira López Obrador, mediante elecciones arregladas, para imponer a los jueces que él decida. Diego Sinhue lo ha hecho con mayor descaro.
Por eso les preocupa y enerva que la explosiva confrontación entre poderes federales tenga como consecuencia estatal que el próximo Congreso deba establecer un sistema meritocrático para el nombramiento de magistrados por medio de rigurosos exámenes de oposición.
Una cosa queda clara también: en Guanajuato no contamos con una Norma Piña. No hay arrojo, solidaridad ni valentía en nuestros juzgadores. Mejor se esconden y gozan su domingo.
LALC