La avidez con que se conducen los miembros del partido Morena, o de la 4T, después de su triunfo a nivel federal en las elecciones del 2 de junio, resulta por demás incómoda, para llevar a cabo cambios en varias áreas no solo administrativas propias del Poder Ejecutivo que lograron refrendar, sino aún sin tomar posesión del Poder Legislativo en la proporción en que hubieren logrado su mayoría, ya adelantan posibles reformas en general del paquete de 18 o más que presentó como iniciativas desde febrero el presidente López Obrador; es más, ya las dan por hechas sin mayor problema; llevan prisa y además cuentan con el ánimo, anuencia y concordancia en todo también por la declarada ya oficialmente presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Así que ya parecería que han logrado todo lo que se habían propuesto y planeado desde hace años.
No obstante, el proyecto de reforma al Poder Judicial Federal, o sea la injerencia directa en otro Poder de la trilogía en que se finca la democracia efectiva, el Estado de Derecho, y el equilibrio político de un país como México, es el que más ha calado hondo, profundo y en la raíz de todo nuestro sistema desde 1824.
La cerrazón de las dirigencias de los otros dos poderes (Ejecutivo y Legislativo) unidos; los diálogos prometidos con varios sectores del ámbito jurídico del país, como los miembros del mismo Poder Judicial Federal afectado, el Foro de Colegios, Asociaciones y Barras de Abogados, y de las Instituciones académicas encabezadas por la UNAM, que no desahogaron a cabalidad; ha desembocado en un paro o suspensión de labores por el personal de apoyo y las bases de trabajadores de ese Poder ahora lacerado; así como de los Jueces y Magistrados que lo conforman, cuya duración o plazo es indefinido, para defender sus derechos.
Como abogado que llevo ejerciendo más de 48 años mi profesión y con este espacio periodístico que ocupo semanalmente desde hace más de 22 años, no puedo abstraerme del tema y debo abordarlo hoy mismo, ante este panorama.
Siendo mesurado y consciente de los variados problemas a que nos enfrentamos tanto los justiciables, los abogados litigantes y los propios integrantes del Poder Judicial Federal, siempre hemos considerado una reforma necesaria a varios rubros del funcionamiento de ese poder; pero jamás pasó por nuestra intención, por impropia, riesgosa y alarmante, implementar la elección popular por voto directo del ciudadano y a través de postulaciones y campañas con partidos políticos, la designación de jueces y magistrados, con la consiguiente destitución y desechamiento de todo el patrimonio intelectual, académico y experiencia de más de mil quinientos juzgadores en activo de los más calificados en conocimiento en el país.
Con el ingrediente de locura para algunos y para otros hasta como burla a la abogacía, de que en caso de que hubiera exceso de aspirantes se les escogiera por “tómbola”; caray, ¡que bribonada!
Obvio que en la iniciativa se omite explicar que magistrados y Jueces del Poder Judicial de la Federación, a diferencia del Ejecutivo, tanto federal, estatal y municipal, y de los diputados y senadores, no son representantes del pueblo, no representan los intereses de nadie; ellos son imparciales y resuelven sin influencia de partidos políticos; ni facciones o sectores específicos, sino con base en las leyes vigentes y en la Constitución Federal, sobre todo velando por el respeto a los derechos humanos.
Además, pese a que los presidentes tanto quien está en funciones como la electa, pregonan que “se respetan los derechos de los trabajadores” que “no se afectan los derechos laborales”, ello resulta inexacto, pues se pulveriza la carrera judicial, en la cual se encuentran cientos de trabajadores si no es que hasta miles, pues quienes logran ingresar desde la base de oficiales judiciales lo hacen con el afán de llegar a ser Juez Federal, y luego muchos de ellos aspiran a ser Magistrados; al desechar este proceso de preparación, evaluación, concurso y designación, por uno de elección popular, se trunca la carrera de los actuales y se violan sus derechos.
Ello sin mencionar lo que por todos es sabido, donde ya existen zonas de la República dominadas por el crimen organizado y ellos postularían a sus propios miembros.
Afortunadamente ya se ha sensibilizado este tema y puede subsistir esa iniciativa de reforma, sustituyendo o extrayendo solamente este rubro de inmediato; con ello se calmarían las aguas y las reacciones de carácter internacional, que afloran en contra tanto del Embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar; las calificadoras bursátiles; la Banca Nacional e Internacional; la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Acceso a la Justicia y Estado de Derecho de la ONU; y de última hora el embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark; que ya han pronunciado al respecto, sobre esta parte de la propuesta de Reforma al Poder Judicial de la Federación, rechazándola.
Creemos que esta necedad será corregida, atemperada y modificada por los legisladores; claro, con la anuencia razonable de los demás mandatarios mencionados, saliente y entrante.
¡Ánimo, miembros del Poder Judicial de la Federación!