“Todo revolucionario acaba siendo opresor o hereje”.
Albert Camus, El hombre rebelde
¿Qué pasó con el Andrés Manuel López Obrador que decía que iba a hacer una revolución pacífica? ¿El que protestaba contra las elecciones inequitativas de los ochenta y noventa y peleaba contra el partido hegemónico? ¿El que rechazaba la cláusula de gobernabilidad porque daba una sobrerrepresentación al PRI-gobierno en el Congreso? ¿El que aplaudía en 1997, como presidente del PRD, que con la reforma electoral de 1996 “no sólo dejó el IFE de depender de Gobernación, se cortó el cordón umbilical, sino que ya el órgano de dirección del IFE se formó tomando en consideración la opinión de los partidos de oposición”? ¿El que prometió al poder judicial “y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado”, al recibir la constancia como presidente electo del Tribunal Electoral en agosto de 2018, que “no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen”?
En 2017 López Obrador declaró en Guadalajara: “No les va a funcionar su campaña de decir que soy como el finado Hugo Chávez o como Maduro”. Efectivamente, no les funcionó. Andrés Manuel fue electo presidente el 2 de julio de 2018. Chávez cambió la constitución de Venezuela en 1999, el año siguiente de su elección, y disolvió la Corte Suprema de Justicia para instaurar un Tribunal Supremo de Justicia completamente supeditado a su persona. López Obrador, en cambio, ha esperado hasta su último año de gobierno para hacer los cambios constitucionales que Chávez realizó desde un principio.
Quizá la espera se debió a que en México había todavía una oposición y un poder judicial independiente que le rechazaron acciones y leyes inconstitucionales. Esto llevó al presidente a deplorar las decisiones de los jueces, a quienes advirtió: “y que no me salgan con el cuento de que la ley es la ley”. Anunció en 2023 que propondría ministros de la Suprema Corte absolutamente obedientes a sus órdenes: “Voy a empezar a ver a quien propongo, a ver si tengo suerte y le atino, porque he propuesto cuatro y dos salieron ‘conservas'”. Por eso nombró directamente, sin molestarse siquiera por lograr la aprobación del Senado, a Lenia Batres, una incondicional.
Pero ya ni siquiera eso es suficiente. López Obrador decidió cumplir su amenaza del 1 de septiembre de 2006: “Ya decidimos hacer a un lado esas instituciones caducas que no sirven para nada e impulsar una revolución de las conciencias para que el pueblo decida. ¡Que se vayan al diablo con sus instituciones!”. Como presidente ha maniobrado con paciencia para colocar a incondicionales en organismos del Estado, como el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral, con el fin de eliminarlos. El INE ya le ha aprobado una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, a pesar de una reforma electoral que él mismo apoyó en 1996 para hacerlo supuestamente imposible. En el Tribunal Electoral tiene asegurada una mayoría leal de tres votos contra dos, para lo cual ha impedido el nombramiento de los dos nuevos magistrados que ordena la Constitución
Con su mayoría calificada el presidente tiene ya el poder de hacer lo que quiera con la Constitución y las leyes. Es un retorno a los tiempos del partido hegemónico. Si quisiera, podría cambiar la Constitución para permitir su reelección, como hizo Chávez, pero ha preferido dejarle el poder a otra incondicional, que si cambia de rumbo tendrá que enfrentar una revocación de mandato.
Desde 1997 hemos tenido alternancia de partidos en el poder, una judicatura independiente, organismos reguladores autónomos y una discusión intensa y relevante en el Congreso. Todo eso terminará a partir de este 1 de septiembre. Regresaremos a un sistema de partido único y a una presidencia con poderes absolutos. Andrés Manuel ha pasado de revolucionario a opresor.
Senadores
En el Senado Morena y sus satélites necesitan todavía tres escaños para alcanzar la mayoría calificada, pero ya demostraron en 2018 que pueden comprar los senadores que se necesiten.
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