Uno de los mayores problemas de México tiene que ver con la existencia de amplias capas de gente pobre con pocas esperanzas de dejar de serlo. Siendo que México se encuentre entre los quince países con mayor desarrollo económico del mundo, se esperaría que nuestra sociedad se pareciera más a la de los países europeos o a la de Japón o incluso a la de Estados Unidos que al de muchas naciones en desarrollo. No es el caso y quizás esto explique, en parte, los recientes triunfos electorales de Morena y grupos afines. Hay que decir, sin embargo, que todos los gobiernos mexicanos, al menos desde el gobierno de Salinas, han puesto en marcha programas gubernamentales para combatir la pobreza.
Entre la primera tentativa del Programa Solidaridad y los intentos más recientes han habido ciertamente aprendizajes. Uno de ellos llevó a la creación del CONEVAL. La idea detrás de su creación fue la necesidad de contar con un organismo independiente que pudiera evaluar científicamente la situación socioeconómica de México, así como la efectividad de las políticas sociales aplicadas por los diferentes gobiernos. El desempeño del CONEVAL ha sido ciertamente adecuado y se ha ganado el reconocimiento internacional.
Como órgano descentralizado de la Administración Pública Federal, el CONEVAL ha tenido un modelo de gobernanza que incluye un cuerpo colegiado de académicos y un Secretario Ejecutivo. Su éxito se ha debido en buena parte a la independencia técnica de sus estudios y a su competencia académica.
A pesar de todo esto, el gobierno actual busca fusionarlo con el INEGI, con el objetivo ostensible de debilitarlo, bajo el pretexto de la austeridad. La verdad de las cosas es que el propio CONEVAL se ha venido apegando a los principios de la Ley Federal de Austeridad Republicana, desde hace tiempo. De hecho, quizás se trate del organismo autónomo más ahorrador. Entonces, la cosa no va por ahí. Habría que entender el reordenamiento administrativo propuesto por el gobierno como una forma de minar las actividades del CONEVAL.
La fusión con el INEGI parece una mala idea. Para empezar las funciones de los dos organismos son muy distintas. Mientras al INEGI le corresponde levantar información estadística sobre diversos aspectos socioeconómicos del país, el CONEVAL mide, por medio de estudios multidimensionales, la situación de la pobreza en el país. Aún juntos, tendrían que estar separados. Pero bajo el nuevo esquema, ambos organismos dejarían de contar con los recursos financieros y materiales para realizar su encomienda. Y, en última instancia, de eso se trata la iniciativa oficialista.
Sin capacidad para realizar sus actividades, tanto el CONEVAL como el INEGI serán posteriormente exhibidas como irrelevantes y podrían desaparecer. O continuarían una existencia fantasmal, a la manera en que hoy lo hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El problema, claro está, es que el grupo en el poder no tiene un proyecto alternativo, salvo la idea de un Estado absoluto, sin controles. Una especie de CONEVAL sin relativa autonomía nunca podría sacar conclusiones diferentes a las del poder en turno.
Estaríamos sin conocimiento de lo que pasa, situación que difícilmente contribuiría a resolver el problema ancestral de la pobreza en nuestro país.