Guanajuato parte de un voraz autoritarismo, asumido por el gobernador saliente y un grupo de corifeos dedicados a los negocios. Un replanteamiento radical de la política en nuestro estado, no puede esperar. No se trata simplemente de plantear un “nuevo comienzo”. La política en la entidad debe de ser reseteada, imponiendo el modelo romano de “tabula rasa”.
Primero analicemos al poder ejecutivo. Lo más profundo: La reflexión sobre el modelo gubernamental. ¿Va a ser un gobierno “diferente”, que ambicione el profesionalismo, la técnica y logre contrastarse contra el modelo populista o se abocará a competir en el mercado de compra de votos, regalando dinero público? También debe asumir la legalidad. Para ello, tiene que rectificar, porque no ha operado bajo los postulados de su propia ley orgánica. Un consejo: Hay que cancelar las ocurrencias, abandonando la tontería de reducir secretarías y cambiarles los nombres. Ya se abrió un debate innecesario con los migrantes. Pero vayamos a lo trascendente: Urge establecer un servicio profesional de carrera en el gobierno, para reemplazar a burócratas ineficientes que reciben una plaza como premio a su apoyo electoral. Hay que reiniciar el trabajo en gabinete, ahora suplido por una seudo vice gubernatura ilegal. Hay que retornar a la capital, símbolo del poder estatal. Hay que volver a ocupar el despacho oficial del gobernador. Ahí un hermoso cuadro de Don Miguel Hidalgo vigila el actuar del gobernante en turno.
Actúen con lucidez, los símbolos del Poder están en la capital del estado. Se debe de matizar la concentración de esfuerzos en León. El nuevo gobierno debe cubrir la totalidad del estado. Todos somos Guanajuato.
Acción urgente: Controlar la corrupción galopante que han dejado sembrada por doquier los funcionarios desleales. El Sistema Anticorrupción y el órgano garante de transparencia deben de revitalizarse, sin ellos y una fiscalía funcional, no se podrán combatir eficazmente las redes de corrupción instaladas dentro de los gobiernos. Hay que entenderlo bien, si las prácticas corruptas implantadas en las compras oficiales (moches), el tráfico de influencias y los abusos de poder no son combatidos, la seguridad pública no podrá ser recuperada. Todo se seguirá pudriendo a la vista de la nueva gobernadora.
Ahora toca al Legislativo. El Congreso se transformó en un aparato insulso, que en el colmo del oprobio, nos mostró a diputados que llevaban a sus perros a legislar. La consigna fue el cáncer que se expandió en el seno legislativo. Las prioridades han sido las piezas normativas impulsadas desde la gubernatura, como la ley de turismo, para fundamentar un extraño apoyo económico a proyectos vitivinícolas. En complicidad con el alcalde capitalino, no dudaron en autorizar créditos violando la Constitución. Para evitar cumplir con la resolución de la Suprema Corte sobre despenalización del aborto, activaron la congeladora legislativa, porque para ellos la ley no es la ley, ni otorgaron valor alguno a la solidaridad con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hoy tanto defienden, para respaldar sus resoluciones. La fiscalización ha sido ineficaz, y por ahora ya se encuentran sumidos en arenas movedizas, pretendiendo imponer un Auditor Superior que se revise a sí mismo, un descaro.
El Poder Judicial también nos regaló malas noticias, sobre todo en nombramientos. Llegó a su presidencia la compañera de despacho del joven Sinhué, por el solo hecho de su amistad. Con ello descubrimos el poder del dedazo del gobernador en el área de la impartición de justicia. ¿Qué el Poder Judicial estatal no debería ser un espejo del principio de meritocracia con que opera el Poder Judicial Federal? Cuando el gobernador Agustín Téllez Cruces hacía un nombramiento, podía confiarse en su buena mano ¿pero con Sinhué?
El Tribunal de Justicia Administrativa también ha sido tocado por la incuria, al darse nombramientos por amiguismo y como cobro de facturas políticas. Ese tribunal es un gran mecanismo para controlar al poder estatal y a los municipios abusivos, pero se queda a medio camino de realizar a plenitud su encargo. Debería, anualmente lanzar una serie de recomendaciones para que las instancias de gobierno y los poderes modifiquen leyes, reglamentos e instrumentos legales que hayan sido detectados como injustos e ilegales; no dejarlos seguir subsistiendo, como en el caso de los reiterados juicios contra el impuesto predial mal implementado por los municipios, a instancia y consejo del Secretario de Finanzas.
El próximo sexenio viene bravo, convulso y complicado. Morena es dueño del poder. Posee la llave para entablar juicio político contra un gobernador y desaparecer poderes. Los temas de seguridad y de agua no progresarán ni se resolverán sin la voluntad de la presidenta Sheinbaum. Las potestades estatales están más frágiles y amenazadas que nunca. Por eso más vale empezar bien.