El camino hacia la tiranía está empedrado de dificultades para quienes buscan imponerla. De acuerdo con pensadores clásicos como Platón, las contradicciones de la democracia tendían a dar lugar a la tiranía. Pero esta última no es el fin de la historia. La tiranía también es inestable y puede dar lugar a otros tipos de regímenes políticos.
Una definición de tiranía es la que permite una excepción a los poderosos para violar la Ley sin ser castigados. Cada vez con más ahínco el actual régimen nos está diciendo que habrá una Ley para los que están adentro y otra para los que están afuera.
A pesar de ésto, el grupo en el gobierno tiene un camino todavía complicado para lograr derribar la República. En primer lugar, se encuentra el obstáculo del Senado de la República para aprobar la reforma judicial propugnada por el Presidente. Al momento en que escribo estas líneas, los Senadores de la oposición parecen haber decidido actuar en bloque para que no se apruebe la reforma judicial. La diferencia es de un sólo senador, por lo que la acción colectiva de la oposición debe estar muy bien calibrada.
Otro obstáculo para el oficialismo radica en que cualquier reforma constitucional debe ser aprobada no sólo por las dos Cámaras del Congreso de la Unión sino por al menos 17 legislaturas de las 32 entidades federativas. Es cierto que Morena y sus aliados tienen mayoría en 27 legislaturas estatales, no obstante eso no quiere decir que hayan asegurado mayorías suficientes en las 17 legislaturas necesarias para aprobar reformas a la Constitución Federal. La razón es que la propia Constitución sólo señala que las Legislaturas necesitan aprobar reformas constitucionales por una mayoría, pero no estipula si estas mayorías deben ser simples o calificadas. Habrá una disputa sobre este punto.
En tercer lugar, se encuentra el hecho de que, hoy por hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue resolviendo casos desde su autonomía e independencia de los otros dos poderes. A pesar de la amenaza de ser capturada precisamente a través de la reforma judicial, la SCJN puede aún desechar cualquier reforma inconstitucional y seguramente lo hará.
Finalmente, se encuentra el obstáculo de la realidad económica y política. Los inversionistas nacionales y extranjeros tienen mucho que decir sobre la reforma constitucional del obradorato. Si esta llegara a aprobarse por el Congreso de la Unión y 17 o más Congresos locales, podríamos ser testigos de la madre de todas las fugas de capitales. Todos esperamos que no haya que llegar hasta ese límite para que se actúe con responsabilidad y con grandeza republicana. Aún estamos a tiempo antes de cruzar un Rubicón del cual quizás ya no haya regreso. Pero sépase que quienes buscan llevar a México hacia una ruta tiránica tendrán que verse con una oposición política reforzada por una sociedad civil cada vez más potente, cómo nos lo han demostrado los estudiantes y los trabajadores del poder judicial. El oficialismo no quiere ver en pie de lucha al mejor México: el que quiere preservar y mejorar nuestro pacto republicano.