Hoy, la percepción de traición a la Patria depende del cristal con que se vea, pero las consecuencias de cada acto son las que ponen en su lugar a cada perspectiva y, en este sentido, es la historia la que absuelve o condena.
La aprobación o desaprobación de la reforma al Poder Judicial en México en el Senado de la República, luego de su votación en la Cámara de Diputados, roba la atención no solo en nuestro país, sino en otras naciones como Canadá y Estados Unidos y ante los ojos del mundo.
Decía Maquiavelo que el poder se ejerce, no se comparte, y es lo que hizo la mayoría calificada del Congreso Federal, en la persona de Morena, y sus partidos políticos aliados.
La pregunta de los 64 mil es si la democracia consiste en que los electores aprueban de antemano todo lo que un régimen electo quiera hacer o deshacer, y ahí reside el dilema de que, si tú me elegiste, ahora yo puedo hacer lo que quiera y no te quejes.
Ese es el principal argumento de Morena y sus compinches y, a lo mejor, de alguna forma tienen razón porque se vota por una ideología establecida y no por la opuesta o por otras diferentes.
Las circunstancias políticas del país, las coyunturas, han dado como resultado que, en este momento, el futuro del país depende de una sola persona. Dirían los clásicos en deportes, este final está de alarido.
En el Senado, compuesto por 128 escaños, la mayoría calificada equivale a 86 votos si están presentes todos los senadores. Morena cuenta con 85 y requiere solo de uno para alcanzar esa añorada mayoría.
Tal cifra la logró el oficialismo con dos senadores que eran del PRD y se echaron en las manos de Morena, ellos son (para la historia) José Sabino Herrera y Aracely Saucedo Reyes, y todo quedaría en decisión personal respetable, pero resulta que les prometieron futuras candidaturas para huesos grandes.
Los partidos opositores tienen 43 senadores (vivos llegaron y vivos los queremos) y todo depende de que ninguno más se pueda pasar al bando contrario o se haga el omiso, pues los ojos internacionales están puestos en ellos.
La reforma constitucional al Poder Judicial podría tener aristas buenas, pero la que se refiere a que jueces de distrito, magistrados y ministros sean nombrados por elección popular es lo que no cuaja, pese a que se le quieran dar ángulos positivos.
Los derechos y la seguridad jurídica nos tienen preocupados no nada más a mexicanos, sino a personas y empresas extranjeras, primero sobre la calidad de la justicia a impartir y segundo por el sesgo que esta puede tener por el hecho de los impartidores de justicia se deban más a un partido político y al gobierno mismo.
Al hablar de un país convulso no estamos exagerando porque en todo el país existen protestas por esta pretendida reforma constitucional y no han faltado hechos de violencia, porque grupos afines al gobierno han atacado a los manifestantes.
La propia ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, se ha unido a las protestas, mientras ministras afines al Gobierno (Lenia Batres y Loretta Ortiz) realizan mítines a favor de la reforma.
Hoy, lo deseable es que los 43 senadores de oposición se mantengan firmes en la discusión y votación por la reforma al Poder Judicial.
En compensación a una posible traición a la Patria por parte de un senador opositor, se necesita que senadores de Morena y sus aliados puedan ver la alternativa de convertirse en salvadores de la Patria.
AAK