Reestructura e insuficiencias
Como estaba previsto y sin ninguna sorpresa, la mayoría “azul”, “tricolor”, “verde” y “naranja” en el Congreso del Estado aprobó las reformas a cuatro leyes estatales para crear las tres Secretarías de Estado que Libia Dennise García quiere inaugurar: la de Derechos Humanos, la del Agua y Medio Ambiente y la de Cultura. Los únicos que votaron en contra fueron “los morenos”.
Sin embargo, dentro del largo debate, entre el pleito de “morenos” contra “azules” y viceversa, se perdieron varios señalamientos importantes sobre deficiencias en la iniciativa de reforma, que formalmente se supone que le tocó hacer a Soledad Aguayo Aguilar en sus últimos días como coordinadora jurídica del Gobierno del Estado, pues la firmó el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.
Pero la autora intelectual fue Libia Dennise García como gobernadora electa, quien por todavía no asumir el cargo no la podía presentar.
La primera en señalar los faltantes fue la diputada Yulma Rocha Aguilar, de Movimiento Ciudadano, quien lo hizo con autoridad en la materia, porque recordó al inicio de su intervención que ella es administradora pública de profesión.
En general declaró que estaba a favor de las modificaciones, y votó en consecuencia, porque considera que todo gobernante está en su derecho de reorganizar la administración pública como considere conveniente.
“Desgraciadamente, la exposición de motivos es sumamente limitada, porque ahí es donde se puede observar cuál es el espíritu, la misión, la visión de los iniciantes. La iniciativa carece de un fundamento histórico, carece de un fundamento conceptual que pudiera dibujar el pensamiento de la gobernadora entrante”.
Tampoco describe el modelo administrativo que encabezará. El único argumento que dan es sentar las bases de un “nuevo comienzo”.
Fue lo que en su turno señaló el diputado “moreno” David Martínez: la ausencia de la justificación de todos los cambios, ni diagnóstico, ni justificación.
Yulma Rocha además identificó que hay una duplicidad de funciones de la nueva Secretaría de Cultura con la Secretaría de Turismo e Identidad, con la promoción del patrimonio y la identidad cultural que se les atribuye a ambas.
Respecto a la Secretaría de Derechos Humanos cuestionó que si el próximo gobierno quiere tener una política transversal, que le pareció bien, debería tener una política en derechos humanos para todas las personas, no solo para cuatro grupos vulnerables (migrantes, personas con discapacidad, de la diversidad y pueblos indígenas).
“Meterlos en una sola secretaría pierde la posibilidad de que se generen políticas públicas para estos grupos poblacionales”, advirtió Rocha Aguilar.
Y esta duda como argumento no solo es de los políticos de oposición, ya se conoce el sentir de buen número de liderazgos guanajuatenses en el exterior que están decepcionados con la eliminación de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional para integrarse como una subsecretaría en la nueva dependencia de Derechos Humanos.
Además a Yulma le apenó mucho que desaparezca el Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad (Ingudis) “porque fue de las pocas dependencias que sí trabajó”. Y tampoco se les consultó para hacer la iniciativa.
Por último, un cambio cosmético, la observación que hizo Yulma, que el cambio de nombres de algunas secretarías era “al estilo de la 4T”: a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, le pusieron Secretaría del Nuevo Comienzo (¿qué cambiará? No lo sabemos); a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas la rebautizaron como Secretaría de la Honestidad; a la Secretaría de Seguridad Pública le agregaron: “y Paz”.
“Solo faltó una Secretaría de la Amistad”, ironizó.
Se les olvida un ‘detalle’
Por último, tampoco incluyó el impacto presupuestal, sino que esa fue una tarea que hizo el Congreso y no hay un diagnóstico, señaló la diputada “naranja”.
Este punto fue enfatizado más tarde por los diputados “morenos” Alma Alcaraz Hernández y David Martínez Mendizábal, quienes cuestionaron la falta de impacto presupuestal de la reforma mencionada, porque no aparecía en el dictamen. La primera señaló que esto es un requisito del artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera.
“Y entonces me parece muy delicado que la reestructura venga de las ocurrencias de alguien del gobierno. A nosotros los de Morena nos rechazan las iniciativas porque no tiene impacto presupuestal o le ponemos de menos. Qué desfachatez”, expresó Martínez Mendizábal con toda la razón.
Por segunda ocasión durante la larga sesión de nueve horas, “pusieron a parir chayotes” los “morenos” al diputado Bricio Balderas Álvarez, presidente de la mesa directiva, cuando Alma Alcaraz pidió que le leyeran la página y el artículo donde aparecía el impacto presupuestal dentro del dictamen.
Como efectivamente no estaba, tuvo que llegar en su auxilio Jorge Sopeña, director de Apoyo Parlamentario, para explicarle quién sabe qué cosa y cómo salir del atolladero. Después de un rato de asesoría, Bricio Balderas informó a la morenista que le habían acabado de entregar el impacto presupuestal y que se incorporaría al dictamen.
“No, no se puede incorporar. El chiste es que no está y es ilegal que se apruebe si este dictamen no tiene el impacto presupuestal”, sostuvo la diputada de Morena. Ya había conseguido lo que quería: evidenciar una de las fallas de la iniciativa.
Extrañaron las carencias de la iniciativa porque dos de los actuales y cercanos colaboradores de Libia García: Jorge Jiménez y Alejandro Sierra -quien seguramente sustituirá a Soledad Aguayo en la Coordinación General Jurídica- conocen perfectamente el Derecho Parlamentario pues ellos fueron asesores legislativos del PAN, y de los buenos, durante varias Legislaturas.
Si es que ellos la confeccionaron, dejó mucho qué desear. O tal vez fueron las prisas por sacarla “al vapor”, antes de que la actual Legislatura termine -el 25 de septiembre- y con ello la mayoría panista, con lo cual se hubiera dificultado la aprobación.
Sea quien fuere quien la haya hecho, extraña que una iniciativa de una gobernadora electa, quien también fue legisladora durante seis años, haya sido entregada con tantas fallas al Congreso.
Más panista que los panistas
En el extremo opuesto, en la sesión legislativa del jueves apareció un “defensor de oficio” a la iniciativa de la gobernadora electa, quien hizo una defensa más vehemente que si la hubieran hecho cualquiera de los 21 diputados “azules”: Gerardo Fernández González, coordinador del PVEM.
Su intervención hizo palidecer los dos posicionamientos de las diputadas azules Susana Bermúdez Cano y Briseida Magdaleno González a favor de la propuesta.
“Desde el Partido Verde coincidimos en que todo modelo de gobierno es perfectible. Sin duda, aferrarse a estructuras que no funcionan o intentar salvar estructuras burocráticas que ya no funcionan y que desde hace años son inoperantes, es un grave error que la mayor parte de los funcionarios cometen y la muestra son los resultados de la actual gestión del Gobierno del Estado.
“El ejercicio de la función pública es mucho más que tener nombres rimbombantes o tener grandes oficinas llenas de personal poco efectivo, mal organizado, con duplicidad de funciones y pocos resultados”, inició Fernández González.
Es decir, de un plumazo, el joven diputado dijo que el trabajo que han estado haciendo Susana Guerra en la Secretaría de Atención al Migrante; José Grimaldo Colmenero en el Ingudis; María Isabel Ortiz Mantilla primero y luego Alberto Carmona Velázquez en la Smaot; Francisco García León en la Comisión Estatal del Agua (CEAG) y Adriana Camarena en el Instituto Estatal de Cultura, no es satisfactorio.
Por lo que señaló que siempre será necesario adecuar las estructuras a la realidad social.
Y remarcó que “muchas de las estructuras actuales son inoperantes y poco efectivas, ya que no cumplen con la finalidad para la que fueron creadas”.
El ejemplo más claro, agregó, es el de la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, que nació con la intención de ser una secretaría ejemplo a nivel nacional en el ordenamiento territorial y la preservación del equilibrio ecológico.
“Sin embargo, los resultados nefastos hoy distan de haber logrado la preservación de dicho equilibrio”.
Reclamó que nada se hizo por la calidad del aire con la entrega de calentadores solares, estufas ecológicas “y mucho menos con la entrega de gallinas enfermas” o tractores para cuates.
Con esto, Gerardo Fernández también “escupió para arriba”, porque esa secretaría fue propuesta originalmente por Sergio Contreras, cuando fue diputado local por el PVEM, y luego por Beatriz Manrique, en su turno por el mismo cargo, también del PVEM. Pero los panistas la rechazaron para crearla tiempo después.
“Y no nos hagamos, todos sabemos que es una secretaría que ya no está acorde con la realidad de Guanajuato”, pues el año pasado se le recortó el recurso de 443 millones de pesos a 270 millones, lo que desde su punto de vista es mucho, porque es una dependencia que manda a los diputados a presentar denuncias ante las instancias federales o que manda a sus funcionarios a viajes millonarios en lugar de atender las carencias en los tiraderos de basura en los municipios.
Aunque no dijo a cuáles funcionarios se refería, era en clara alusión a María Isabel Ortiz Mantilla, anterior titular de la Smaot, quien por lo menos en una ocasión, en 2023, acudió a la Cumbre Mundial de Medio Ambiente (COP), que tuvo lugar en Egipto. Y en otra ocasión recibió un reconocimiento internacional en Washington, Estados Unidos. La funcionaria poblana se acomodó bien en el terruño y será diputada local en la nueva Legislatura.
“Todo eso, mientras Guanajuato se encuentra en una de las crisis hídricas más devastadoras de la década.
“Es por eso que aplaudimos que desde Gobierno del Estado y la gobernadora electa retomen el camino y replanteen a partir de lo que desde este Gobierno ha sido un fracaso”, expresó el coordinador de los diputados del PVEM. Órale.
Más dudas que certezas
La intervención de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en Celaya, Comonfort y Tarimoro ha dejado más dudas que certezas sobre las formas que utilizó el Gobierno federal para hacerse cargo de la seguridad pública de los tres municipios.
Hace más de tres semanas, la Sedena llegó a Celaya para supuestamente iniciar una revisión de armas a la Policía Municipal y a partir del 22 de agosto se hizo cargo de la seguridad de la ciudad.
El miércoles pasado ocurrió lo mismo pero en los municipios de Comonfort y Tarimoro, donde las fuerzas federales llegaron a desarmar a los elementos municipales y argumentaron que su arribo era para reforzar la seguridad durante las fiestas patrias.
La incertidumbre que ha provocado la irrupción de la Guardia Nacional también ha propiciado un ambiente de ingobernabilidad en estos tres municipios de la región Laja-Bajío, donde ninguno de los tres niveles quiere aclarar lo que está ocurriendo.
De manera tardía, el gobernador Diego Sinhue declaró el jueves que era urgente que el Ejército Mexicano aclarara por qué se estaba tardando tanto la revisión de armamento en Celaya.
Lo mismo ha ocurrido con el alcalde de Celaya, Javier Mendoza Márquez y su secretario de Seguridad, Jesús Rivera Peralta, quienes se han lavado las manos y responsabilizado a la Sedena en la demora de la revisión.
Durante este periodo, la violencia en Celaya se ha recrudecido, mientras que en Comonfort los ataques contra personas cercanas al alcalde electo por Morena, Gilberto Zárate Nieves, continúan, lo que orilló al Gobierno Municipal a cancelar los festejos patrios y realizar a puerta cerrada el último informe del presidente municipal panista, Claudio Santoyo. Algo de lo que no se tiene un antecedente en la historia reciente de la entidad. Muy triste.
Bajo este panorama, es imposible no relacionar que las fuerzas federales hayan tomado tres municipios que se pintarán de guinda a partir del 10 de octubre con la llegada de Morena donde sus alcaldes electos siguen indecisos sobre las estrategias de seguridad que implementarán en sus gobiernos.