“Si el gobierno se vuelve delincuente, genera desprecio por la ley; invita a todos a convertirse en una ley por sí mismos; invita a la anarquía”.
Louis D. Brandeis
La Secretaría de Gobernación anunció en son de triunfo: “¡Es oficial! La reforma al poder judicial ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación”. Efectivamente, en una inusitada edición dominical nocturna, el 15 de septiembre se publicó el decreto. La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. comentó: “Inverosímil, pero verídico. Con todo y suspensión, el Ejecutivo publicó la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de poder judicial, un domingo en la noche”. El presidente violó una resolución judicial, pero no es la primera vez.
López Obrador ha desobedecido la ley siempre y de manera sistemática. En 1996 encabezó bloqueos a 51 pozos petroleros de Pemex en Tabasco; la notoriedad que alcanzó con estos actos ilegales lo ayudó a ganar la presidencia nacional del PRD en 1997. Cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, ordenó la construcción de una calle en Santa Fe para dar acceso al Hospital ABC. El predio había sido expropiado al final del gobierno de su predecesora, Rosario Robles. Un juez de amparo otorgó una suspensión para impedir la realización de las obras mientras se definía de fondo la legalidad de la expropiación. López Obrador no se preocupó y empezó la construcción. Un juez de amparo lo declaró en desacato. La sentencia fue ratificada por un tribunal colegiado por dos votos contra uno; el magistrado que votó en contra fue, curiosamente, Alberto Pérez Dayán, hoy ministro de la Suprema Corte, a quien el presidente ha descalificado en repetidas ocasiones.
Hubiera sido fácil comprobar la causa de utilidad pública de la expropiación del predio, pero el gobierno de López Obrador no pudo o no quiso hacerlo. AMLO fue desaforado en 2005 por el Congreso para ser procesado, pero el presidente Vicente Fox ordenó a la Procuraduría General de la República no presentar acusaciones. Esto llevó a la renuncia del procurador, el general Rafael Macedo de la Concha, quien sostenía que la ley tenía que aplicarse siempre. El episodio le sirvió a AMLO para lanzar su campaña presidencial de 2006.
Como presidente, López Obrador ha incurrido en numerosos desacatos. Lo hizo, por ejemplo, ante las suspensiones a la construcción del Tren Maya. A los senadores de la 4T les ordenó desacatar la orden de la Suprema Corte para nombrar a los dos magistrados que faltaban en el Tribunal Electoral; la explicación de AMLO fue que los magistrados habrían sido “del bloque conservador”. Desacató también el fallo de la Corte que invalidó la ley que adscribía la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa a pesar de que la Constitución ordenaba que estuviera en la Secretaría de Seguridad. Por órdenes de AMLO el Congreso discutió la reforma judicial pese a que había varias suspensiones en contra. AMLO publicó la reforma también en desacato de otra suspensión.
Este desprecio por la ley ha sido permanente. Como presidente, a pesar de su juramento de “guardar y hacer guardar la Constitución. y las leyes que de ella emanen”, López Obrador incurrió en un desacato tras otro. En su reforma judicial incluyó un transitorio que afirma que “no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial”. Decreta así un desacato permanente contra cualquier decisión judicial frente a la reforma. Ha convertido el desacato en ley. El único derecho que vale es la voluntad del jefe del ejecutivo.
¡Viva la 4T!
El grito de independencia ha unido siempre a los mexicanos sin importar ideologías. Sin embargo, este 15 de septiembre, al gritar “¡Viva la Cuarta Transformación!”, el presidente mostró desprecio por quienes no comulgan con su movimiento. Es como si Felipe Calderón hubiese gritado “¡Viva el PAN!” o Enrique Peña Nieto “¡Viva el PRI!”. Habría sido inaceptable. Es el mismo caso con la 4T.
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