“La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado”.
Lenia Batres
Sí, estamos presenciado un golpe de Estado, pero no de la Suprema Corte, sino del gobierno para acabar con la división de poderes y el estado de derecho. Los elementos están a la vista. Uno ha sido el desacato del presidente y el Congreso a las suspensiones de la reforma judicial, el cual se ha extendido al Instituto Nacional Electoral. El Senado busca ahora emitir la convocatoria para la elección de jueces, magistrados y ministros sin importar las suspensiones.
El camino al golpe, que busca el regreso a un régimen de partido hegemónico, empezó hace tiempo y ha incluido medidas legales e ilegales. Uno de los pasos más importantes fue cargar al INE con consejeros favorables al gobierno, lo cual ha creado una mayoría morenista en el pleno.
Otro paso fue asegurar esa misma mayoría oficialista en el Tribunal Electoral. Esta se consiguió con la decisión de los senadores morenistas de abstenerse de nombrar a los dos magistrados que faltaban en el pleno. El mismo expresidente López Obrador reconoció como suya la decisión, al declarar que buscaba evitar que hubiera nuevos magistrados del “bloque conservador”. El propósito era mantener una mayoría favorable a Morena con tres de cinco magistrados. Estos tres le dieron un golpe interno al magistrado Reyes Mondragón para entregarle la presidencia a Mónica Soto Fregoso.
Las mayorías oficialistas en los órganos electorales le sirvieron al régimen para transformar un voto de 54 por ciento en una representación de 74 por ciento en la Cámara de Diputados. Llegamos al extremo de que la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde, anunció el reparto de diputados plurinominales para dar al gobierno su super mayoría, como en los viejos tiempos de Manuel Bartlett en Bucareli, Para lograrla, Morena prestó diputados al Partido Verde, que el Verde luego devolvió para que Morena pudiera tener control de la Junta de Coordinación Política los tres años de la legislatura.
Por otra parte, el 55 por ciento de los votos se convirtieron en 83 escaños del gobierno en el Senado. Como faltaban tres para la mayoría calificada, para cambiar la Constitución a discreción, Morena compró a dos senadores del PRD y luego a Miguel Ángel Yunes Márquez del PAN. El senador Daniel Barreda fue “persuadido” de no participar en la votación por la reforma judicial cuando su padre fue retenido por la fiscalía veracruzana. Así consiguió el gobierno la mayoría calificada en el Senado.
La reforma judicial pasó por el Congreso con muchos vicios. Se aprobó al vapor, pese a la promesa de la presidenta Claudia Sheinbaum de que abriría un diálogo con juristas y con la oposición. La votación de los diputados se hizo en una sede alterna, un gimnasio de la Magdalena Mixhuca, sin certeza de quórum ni de que todos los que votaron eran diputados.
La reforma viola la división de poderes al convertir el judicial en un apéndice del ejecutivo, y el derecho fundamental de los gobernados a tener una justicia imparcial. Quebranta también los tratados internacionales firmados por México que obligan a que el nuestro sea un país de leyes con un sistema judicial independiente.
No está claro si la Suprema Corte tiene la facultad de revisar una reforma constitucional, pero la única que puede decidirlo es ella. Por ocho votos contra tres el máximo tribunal decidió estudiar el tema, sin que esto signifique que haya declarado inconstitucional la reforma. El gobierno, sin embargo, ha dicho que seguirá adelante con la reforma sin importar las decisiones judiciales. Ha heredado la filosofía de que no le “salgan con el cuento de que la ley es la ley”. Está llevando a cabo así un golpe de Estado.
Solo 16
No solo Felipe de España estuvo ausente. En 1988, 105 jefes de Estado y de gobierno participaron en la inauguración de Salinas de Gortari. Con Peña Nieto fueron 95. A las de Fox y Calderón vinieron 80 y a la de Zedillo 60. Con López Obrador bajaron a 50. A la de Sheinbaum llegaron solo 16 (La Crónica).
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