Sheinbaum aduce que el pueblo votó para que “los ministros de la Corte sean electos por el pueblo de México y no por el Senado de la República”. ¡Falso! El pueblo jamás votó por semejante barbaridad política. El 2 de junio, después de una turbia y espuria elección de Estado, la nación le concedió a Morena y a sus partidos secuaces, tan solo un 54% de representantes populares en el Congreso de la Unión, sin embargo, después de maniobras ilícitas, de chantajes, amenazas y sobornos, Morena se apropió ilegalmente de un 74% de las curules en ambas cámaras, o sea, un escandaloso fraude a la Constitución y una flagrante violación de la voluntad electoral de los ciudadanos.
En ningún país del mundo, con excepción de Bolivia, (un desastre político), el pueblo elige a sus jueces. En México, en junio próximo, la nación tendría que escoger a 4,000 impartidores de justicia y, en algunos casos, a través de una tómbola, un golpe temerario en contra de las instituciones republicanas.
Varios legisladores oficialistas envilecidos, a la voz de que ”nada puede frenar la elección en el Poder Judicial”, han desacatado varias suspensiones provisionales o definitivas dictadas por jueces o magistrados, cuando lo procedente, ante una inconformidad, hubiera sido impugnar en los tribunales constituidos las determinaciones judiciales. ¿Las resoluciones de nuestros tribunales ya no valen? ¿Qué haríamos los ciudadanos sin la figura de amparo? Diversas autoridades responsables no han rendido los informes solicitados por los jueces ni han atendido los citatorios judiciales. El desacato a dichas resoluciones conduce a la destitución del funcionario responsable, a la pérdida de su libertad personal, sí, pero al mismo tiempo, constituye un atentado en contra de la división de poderes, un severo golpe a la integración del Estado, a nuestra democracia y a la supervivencia de la República y, sin duda, una clara invitación a un estallido social de pavorosas consecuencias.
¿Qué ocurre ante la presencia de un escenario de desacatos masivos o cuando 8 ministros de la Corte votan a favor de analizar la constitucionalidad de la tal Reforma al Poder Judicial y se descalifica a nuestro máximo tribunal? ¡Claro que estaríamos frente a la destrucción del Estado de Derecho. El gobierno podría reprimir a la oposición, actuar arbitrariamente sin temor a sanciones judiciales, en tanto los ciudadanos, al desaparecer las garantías individuales, ya no estaríamos protegidos por la ley y viviríamos en el contexto de un régimen dictatorial, como el prometido por AMLO el día de su toma de posesión en 2018.
La desaparición del Estado de Derecho implica el arribo de niveles elevados de corrupción e impunidad en todos los niveles de gobierno. Los líderes de la oposición, periodistas o activistas podrían enfrentar juicios manipulados o ser encarcelados sin el debido proceso legal, ya que la ley se aplicaría de acuerdo a los estados de ánimo del gerifalte en turno. Se darían huelgas y protestas masivas, movilizaciones, confrontaciones con el gobierno, polarización y violencia, además de enfrentamientos entre facciones políticas de alta peligrosidad, sin olvidar que, ante la ausencia de seguridad jurídica, las consecuencias económicas se traducirían en una fuga todavía mayor de capitales y en consecuencia, en desempleo y pobreza, en sanciones, embargos y aislamiento internacional que exacerbarían la crisis interna.
Conclusión: el gobierno morenista intenta por todos los medios, aplicar una Reforma Judicial, cuya validez constitucional está siendo analizada por los únicos 8 ministros respetables de la Corte. El Poder Ejecutivo no está dispuesto a someterse a las decisiones de nuestro máximo tribunal, por lo que podría asestar un golpe de Estado, o sea, la brutal irrupción de las fuerzas armadas en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para sacar a la calle, a punta de bayonetazos, a nuestros ínclitos jueces: he ahí la fotografía trágica que no quisiéramos ver jamás. Solo mediante el uso de la fuerza, los 8 ministros desalojados por modernos gorilas, dejarían de cumplir con sus obligaciones constitucionales. Si el poder judicial es demolido, nuestra paz pública se vería aun más amenazada ante la ausencia de garantías, derechos y libertades. Sería la ruina de México.