El 18 de abril de 2018, en un evento realizado en Canacintra León, los organismos empresariales del estado entregamos a los entonces candidatos y candidata a la Gubernatura el libro de propuestas ciudadanas, que contenía, entre otras, la implementación de un “modelo probado de responsabilidad social compartida” a través de la creación de una “Fundación de segundo piso, y un fideicomiso”, que se fondearía con el 10 al millar adicional al Impuesto Sobre Nóminas, para que estos recursos excedentes fueran canalizados a apoyar a las asociaciones de filantropía de la entidad.
Esa propuesta fue producto del trabajo previo que varios empresarios y empresarias de Guanajuato estuvieron planeando y afinando para replicar en nuestro estado, el exitoso caso que ya tenía implementado mucho tiempo antes en el estado de Chihuahua. Todos los candidatos asumieron, con su firma, el compromiso de implementar ese modelo.
Una vez concluida la elección, y dando seguimiento a esa promesa, se fueron dando las pláticas con el nuevo gobierno, y en el mes de marzo de 2019, en una reunión que tuvimos representantes empresariales del estado con el ya Gobernador Diego Rodríguez, en la sala de juntas del Forum Cultural Guanajuato, finalmente definimos el esquema de funcionamiento del modelo, que terminó con la promulgación del decreto de creación del Fidesseg el 15 de abril de 2019.
En los meses posteriores el Gobierno estuvo diseñando las reglas de operación, en las cuales nosotros poco o nada pudimos opinar, y que a la postre se convirtieron en un vericueto burocrático que siempre entorpeció el funcionamiento y el flujo ágil de los recursos hacia las asociaciones civiles.
Pero no fue hasta el 1 de octubre de 2019 cuando por fin se instaló el Comité Técnico del Fidesseg bajo el discurso oficial que decía: “Las decisiones que aquí se tomen del fideicomiso, serán por un dinero bien empleado que decidirán los ciudadanos en qué quieren que se gaste a través de las asociaciones civiles con proyectos de seguridad y de inversión social”.
Pero la implementación del Fidesseg no fue gratuita, más bien fue producto de varios acuerdos que sostuvimos con las autoridades estatales para sumarnos en el resarcimiento de la reducción de recursos que la federación estaba aplicado a Guanajuato, de ahí se desprende nuestro apoyo al regreso de la tenencia, y a la aceptación para el incremento al 3% en la tasa del Impuesto Sobre Nóminas, a sabiendas que esos aumentos los podríamos descontar a la federación a través de nuestro pago del Impuesto Sobre la Renta.
Dicho de otra manera, la implementación del Fidesseg fue producto del acuerdo entre dos instituciones, el Gobierno del Estado y las organizaciones empresariales guanajuatenses, por lo que un cambio de gobierno y de sus titulares no puede justificar la violación unilateral de convenios previos celebrados de forma institucional. En el tiempo, las personas nos vamos, las instituciones se quedan.
Es inaceptable que se pretenda que sigamos contribuyendo a una causa que nosotros propusimos, cuando enfrente tenemos una postura autoritaria que busca quitarnos de la ecuación, mantener nuestras aportaciones y, para colmo, utilizarlas de manera discrecional con argumentos que no se sostienen al menor análisis.
Cuando un acuerdo no se honra, se pierde la decencia, la credibilidad y la honorabilidad; y cualquier institución, y más si es de gobierno, que carezca de lo anterior, entonces no tiene nada. Si la autoridad impone su propósito en extinguir al Fidesseg, lo único que logrará es extinguir toda la confianza que necesita de la sociedad para gobernar.