Las broncas del ‘ Nuevo Comienzo’
Vaya inicio ‘calientito’ para el gobierno del ‘Nuevo Comienzo’ de la gobernadora Libia García. Además del repunte de la violencia, esta semana ‘explotaron dos bombas’: la extinción de Fondos Guanajuato y el descarrilamiento del Fidesseg como hasta ahora lo conocemos.
De la extinción de Fondos ni avisaron, se publicó el primer día del gobierno y a todos sorprendió que, de un plumazo, desaparecieran a la entidad responsable de otorgar financiamientos para las empresas, fundamental para librar los años duros del COVID. En su lugar anuncia que vendrá lo que llaman ‘Tú Puedes Guanajuato. Apoyos y Financiamiento”, con la novedad de que habrá “apoyos no recuperables”, o lo que es lo mismo, recurso público a fondo perdido. O sea ya no solo estarán para otorgar créditos. Hasta ahora no han explicado estos “apoyos”, cómo y a quiénes se repartirán.
A los organismos empresariales no los dejaron ni respingar en esta decisión. Las solicitudes de créditos quedaron en suspenso y no hay claridad de cuándo inicien con ‘Tú Puedes’.
Para esta dependencia en la presentación del gabinete anunciaron como titular a Ivón del Carmen Padilla Hernández, quien ha sido directora general de Administración tanto en la Sedeshu como en la Secretaría de Gobierno, es decir, bien conocida por Libia. Pero parece que a ella también la tomaron por sorpresa y es hora que la mantienen callada y entre cuatro paredes.
Fidesseg, la rebelión
En el caso del Fidesseg no lo han extinguido en lo formal, pero todo apunta que hacia allá van. Aquí sí encontraron una rebelión pocas veces vista frente al PAN-Gobierno, la de decenas de organismos sociales que valientemente han alzado la voz contra la intentona.
Esta bronca comenzó el 27 de junio cuando la mayoría en el Congreso Local, a iniciativa de la bancada panista, aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de Finanzas, que dirigía y dirige Héctor Salgado Banda, para solicitar la extinción de este fideicomiso. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez mandó al cajón la petición, pero la mecha ya estaba prendida.
Hay que tener presente que este fideicomiso surgió de una iniciativa que organismos sociales y empresariales presentaron en la campaña de 2018, de aportar una sobretasa del 0.3% del Impuesto Sobre Nómina (ISN) para destinarla a apoyar proyectos de las asociaciones que impactaran en el desarrollo social y en la seguridad. En el Comité Técnico están sentados los representantes de los consejos coordinadores empresariales.
La secretaria del Nuevo Comienzo (así se llama la anterior Secretaría de Desarrollo Social y Humano), Rosario Corona Amador, quien coordinó la campaña de Libia, convocó en la semana que termina a encuentros en Celaya, Irapuato y León, para intentar convencer de que la intención es democratizar, eficientar y transparentar el uso de estos impuestos.
Rosario no esperaba la desconfianza que hay frente al gobierno y que varios abandonaran la reunión acusando “traición”. A la protesta se sumaron líderes empresariales afines al panismo, como Roberto Novoa Toscano, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), y Héctor Rodríguez Velázquez, presidente de la Coparmex León.
Si algo bueno ha dejado esta discusión es el despertar de algunos nombres que habían preferido los aplausos y el silencio, a la crítica de quienes tienen 33 años en el poder.
Que el Fidesseg fue una buena idea, sin duda; que hay mucho que cambiar, también.
En lo que sí no se chupan el dedo los inconformes, es en que la coincidencia de “transformar” Fondos Guanajuato y el Fidesseg, tiene toda la intención a consolidar una gran bolsa de recursos de los que hoy el Estado no puede disponer a su antojo, con miras a diseñar programas sociales que compitan en el terreno electoral que les ha comido la 4T.
Ahí está por ejemplo la Tarjeta Rosa que Libia ofreció en campaña, que para el final de su sexenio sería un apoyo universal para todas las mujeres. ¿De dónde?
Secretariado Anticorrupción, grillas
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato tal parece que da más de que hablar por las grillas internas cada vez más intensas, que por los resultados.
La última de la que nos enteramos es que, desde inicios de este mes, el secretario técnico de esta dependencia, Erik Gerardo Ramírez Serafín, presentó su renuncia faltando aún un año para cumplir los 5 establecidos por la ley para este encargo.
Ni una palabra se dijo sobre las razones concretas que motivaron la repentina salida, pero sabemos que no terminó bien su relación con tres de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana -CPC- del Sistema Estatal Anticorrupción: Giovanni Appendini Andrade, Alejandro Ramírez Zamarripa y Juanita López Ayala.
De inmediato se publicó la convocatoria para este puesto, que tendrá que ser designado a mediados de diciembre.
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Guanajuato es un organismo descentralizado cuyo objeto es fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador -CC- del Sistema Estatal Anticorrupción.
Y en el CC están sentados: dos representantes del Comité de Participación Ciudadana, y los titulares de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG); la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; el titular de la Secretaría de la Honestidad del Gobierno del Estado; un representante del Consejo del Poder Judicial; la presidencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IACIP); la presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa, y un representante de las contralorías municipales.
Relevo en el CPC
Esta salida coincide con el fin del periodo como presidenta y como integrante del CPC, de Andrea González Polak, quien el 29 de octubre presenta un informe y dice adiós. La cabeza ahora del CPC, que lo es también del Comité Coordinador, será Giovanni Appendini.
La división al interior del CPC fue evidente en temas como la insistencia tanto de Andrea como de la anterior presidenta, Katya Morales, en presionar al Legislativo para concretar una reforma a la Ley de Contrataciones Públicas. Usted recuerda que incluso la bancada del PAN, cuyo presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización era (y es) el irapuatense Víctor Zanella, presentó una iniciativa de ley que los mismos azules terminaron rechazando bajo el argumento de que no era necesario ya legislar sobre este tema.
Andrea y Katya, respaldadas por la Red Ciudadana Anticorrupción, empujaron sin éxito, mientras que el otro bloque de integrantes del CPC se alineó con los deseos del gobierno.
Pero González Polak no quiere irse sin intentar algo más, y para la sesión de esta semana del Comité Coordinador presentó una propuesta de recomendación no vinculante, o sea una sugerencia para que Estado y municipios implementen un sistema de evaluación de contratistas, proveedores y prestadores de servicios en los procedimientos de contratación. Desde ahora se advierte que le dirán lo mismo: que el Legislativo no lo vio necesario, aunque una cosa sea una reforma legal y otra una recomendación que ellos emitan.
Lo cierto es que las compras públicas son el principal foco de corrupción en todas partes, y en Guanajuato no es la excepción. La pregunta es: ¿Qué hacen entonces para resolverlo?
A nivel nacional la presidenta Claudia Sheinbaum plantea desaparecer la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción e integrar sus funciones a la Secretaría de la Función Pública. Si es así, la misma suerte correrá la Secretaría Ejecutiva del SEA en Guanajuato, que terminaría como parte de la Secretaría de la Honestidad.
Es cierto que este complejo modelo anticorrupción no terminó por cuajar, pero también se va una oportunidad de oro para que los ciudadanos influyan en esta política. Una pena.
Diputados, a trabajar
Terminadas las ceremonias protocolarias, las fotografías y las felicitaciones por la instalación de la nueva Legislatura del Congreso local, llegó la hora de que los 36 nuevos diputados locales se pongan a trabajar.
Y para ello, independientemente de las propuestas que hagan, de entrada ya recibieron un buen cúmulo de pendientes de las dos legislaturas anteriores, que tendrán que ir desahogando por principio de cuentas.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, presidida por Juan Carlos Romero Hicks es la que tendrá mayor carga de trabajo, pues recibió nada más y nada menos que 112 iniciativas pendientes, de las cuales 32 son reformas constitucionales, 28 reformas a diversas leyes, 47 de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 12 puntos de acuerdo y una solicitud de licencia de un diputado de la anterior Legislatura, la cual ya quedó más que desfasada.
La Comisión de Justicia, que preside la morenista María Eugenia García Oliveros, anda por las mismas, porque tiene 95 iniciativas pendientes, de las cuales 13 se vienen arrastrando desde la Legislatura 2018-2021 y 82 de la Legislatura que terminó el 25 de septiembre pasado.
La Comisión de Asuntos Electorales, que encabeza la priísta Ruth Tiscareño Agoitia, recibió 21 pendientes, de los cuales 20 son de la gestión que recién terminó en septiembre y solo una del periodo 2018-2021.
La Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Vulnerables, que encabeza la diputada indígena Plásida Calzada Velázquez, tendrá algo de trabajo para empezar, pues recibió 19 iniciativas que les tocará analizar, más cuatro puntos de acuerdo, para hacer un total de 23.
Elección del Procurador de Derechos Humanos
Pero además de eso, el gran pendiente que heredaron los anteriores diputados a esta comisión es el nombramiento del titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, vacante desde que renunció Vicente Esqueda Méndez el 18 de junio pasado, quedando como interino Eliseo Hernández Campos, quien era el secretario general.
El activista por los derechos humanos Raymundo Sandoval asistió el miércoles al Congreso a observar la instalación de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, presidida por la diputada Plásida Calzada, a quien le recordó que está pendiente este nombramiento.
En un video publicado en su cuenta de X, explica que la Ley para la Protección de los Derechos Humanos del Estado establece que el plazo para elegir a ese funcionario público es el 15 de diciembre. Rememoró que el anterior titular, Vicente Esqueda, fue nombrado el 15 de diciembre de 2020. Aquella ocasión la convocatoria se emitió en noviembre y el proceso duró cerca de un mes.
La convocatoria tiene que ser emitida por la Junta de Gobierno del Congreso para recibir postulaciones personales o de organizaciones que tengan trabajo en la materia.
Y el proceso lo lleva la Comisión de Derechos Humanos, la que recibe las postulaciones; las evalúa, además del currículum, con una entrevista personal con los aspirantes, forma una terna que se pone a consideración del pleno y éste vota el nombramiento que, aunque no lo dice la ley, obviamente es un acuerdo político de la Junta de Gobierno o del partido que tiene la mayoría en el Congreso.
Sandoval consideró que debe hacerse una consulta amplia a las organizaciones de la sociedad civil en esta materia -como el movimiento de víctimas que ha surgido en los últimos años- y poner estudios de casos prácticos para los candidatos. Destacó que se tiene que poner énfasis en un perfil idóneo.
Regresando al resto de los grupos de trabajo, la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, que encabeza el penjamense Erandi Bermúdez Méndez, recibió 25 asuntos por analizar y dictaminar, de los cuales 15 son iniciativas y 10 puntos de acuerdo.
La Comisión de Educación, que encabeza la morenista Edith Moreno Valencia, recibió 24 pendientes, de los que 17 son iniciativas y siete puntos de acuerdo.
La Comisión de Hacienda, presidida por Víctor Zanella, tiene siete iniciativas pendientes, siete informes de resultados y 9 puntos de acuerdo, para dar un total de 23.
Para el resto de las comisiones legislativas los pendientes son menos. Esta información es la que está disponible en la página del Congreso del Estado.