En memoria a Luis Fernández Godard, gran persona.
Los enfrentamientos entre un gobierno y su pueblo, a raíz de diferendos por el cobro de impuestos y sus aplicaciones presupuestales, pueden acabar muy mal. La relación se desgasta y el tufo autoritario y el sabor a traición se combinan para generar la pérdida de la confianza en los gobernantes. El mal comienzo, queda garantizado.
El encontronazo denota serias fisuras en la operación de un gobierno desorientado. Traicionar a las élites que han sido la fórmula de la participación de la sociedad en la administración pública, tras la consigna de: “Tanta sociedad como sea posible y solo tanto gobierno como sea necesario”, descoyunta parte del ideario en el que se basa la contrapropuesta a la 4T.
Este conflicto es una mala idea, porque entraña, en lo profundo, el cambio político de la comunidad donde ocurre. La liquidación de los fideicomisos “Fondos Guanajuato” y del “Fideicomiso de Administración e Inversión para Financiar Obras, Infraestructura y Proyectos en Materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública” (Fidesseg) parecería un detalle nimio en el inicio del nuevo gobierno, pero no lo es. Reviste la mayor trascendencia por su significado para la sociedad civil organizada y para los postulados del PAN, contrarios al intervencionismo gubernamental.
Los gobiernos viven de la creación de confianza. El retiro doloso de las políticas de apoyo a organizaciones empresariales y de la sociedad civil, presupone la pérdida de certidumbre en la nueva administración. Significa traición a sus grupos de apoyo tradicionales, fundamentales para gobernar el estado bajo principios liberales. Ya habíamos advertido en esta columna que el patético gobierno de Diego Sinhue Rodríguez, ha dejado tras de sí una cauda de malos presagios y peores resultados. Por ello, la nueva gobernadora prometió, desesperadamente, un “Nuevo Comienzo”. Se trataba de dar esperanzas de cambio real a sus bases, que significaría enmendar el camino diseñado por su antecesor para producir funcionarios millonarios cada sexenio. Los ciudadanos, particularmente de los sectores empresariales, no están dispuestos a pagar impuestos para que luego sean sustraídos, cínica e ilegalmente, del erario.
Pero las primeras señales que se están enviando han sido desmoralizadoras: el pleito con los migrantes que huirán de la interacción con este gobierno; la nominación de un auditor superior del estado a modo, compadre del pastor panista del Congreso; el nombramiento de Juan Carlos Alcántara en el área de “Proyectos Especiales” de la nueva administración; y ahora la liquidación de “Fondos Guanajuato” y del Fidesseg, con lo que se quiebra el pacto con la sociedad civil organizada y las corporaciones empresariales.
En otros tiempos, esta relación sería básica para el PAN. La posibilidad de continuar en el gobierno dependería muchísimo de las actividades ciudadanas y sus apoyos. Ahora son intercambiados por el manejo de cuánto dinero disponga el gobierno, para concentrarlo en el designio unipersonal y populista, para así continuar en la repartición de dádivas y la compra de votos, para intentar mantenerse en el poder. Eso es lo único que parece importarles y saben hacer.
Manejar dinero a manos llenas sin fiscalización es su deporte favorito. Fomentar el contratismo con precios hiperinflados para multiplicar los moches es el modus operandi, acuerpado por un puñado de empresarios corruptos que les brindan cobertura y les lavan el dinero. Nada nuevo bajo el sol. Combatir esas perversiones era la tarea que se había propuesto el panismo que, vergonzosamente, ahora las encubre y fomenta. Prefieren comprar caballos finos y vivir en el extranjero. Los nuevos funcionarios, gerenciados por el mismo personaje que Sinhue, parecen tener las mismas aspiraciones de un cambio milagroso de su estatus económico. ¿Quieren hacerse ricos en seis años?
¿Cuándo han oído hablar a Libia, últimamente, de anticorrupción, rendición de cuentas y servicio profesional de carrera? El nombramiento de la nueva secretaria de la Honestidad (el nombre parece un chiste cruel) debe de ser procesado en el Congreso con mayoría calificada, pero no se advierte el empuje y las fortalezas necesarias para frenar el extractivismo de recursos públicos que se ha implantado dentro del gobierno.
¿Dónde están hoy los diputados que representan a los indignados ciudadanos que reclaman la sobrevivencia de los fideicomisos? Porque Aldo Márquez, el impugnado dirigente del PAN estatal, apoya todas las medidas que intentan implementar sus jefes. De hecho esta posición antagónica a ciudadanos y empresarios marca la ruptura política que venía funcionando desde hace muchos años. Ahora el PAN solo quiere más dinero para repartir y gastar en campañas electorales.
Frente a esta traición, ya se puede otear la formación de una contraélite agraviada e irritada que deberá encontrar nuevos caminos para expresarse políticamente. Más vale que empiecen rápido, porque el tiempo apremia. El barco naufraga.