La narrativa para descalificar la posición empresarial con relación a la desaparición del Fidesseg se centra en una campaña mediática, apoyada en un discurso oficial lleno de histrionismo.
En ninguno de sus comunicados o presentaciones, la autoridad habla del origen del autoimpuesto que fue solicitado por los “empleadores” (como les llaman a los empresarios), es como si no existieran.
Se pone a los empresarios como los malos, con frases como “Fidesseg, ¿Fondo para la gente o para las empresas?”, pretenden dejar la impresión de que hay un abuso por parte de las “cúpulas empresariales”, los señalan de reventadores, de carecer de representatividad y de ser los grandes definidores, y que además las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) beneficiadas son unas cuántas con trato VIP. En los últimos 4 años, con el Fidesseg las OSC beneficiadas se triplicaron (de 104 a 346), y los recursos se quintuplicaron (de 247 a 1,366 millones).
Filtran información de supuestas irregularidades en auditorías llevadas a cabo al Fidesseg sin ninguna prueba que acredite las supuestas fallas, pero no dicen que en los últimos dos años lo han auditado seis veces, solventando las observaciones, y finalmente, a través de influyentes de las redes, lanzan insultos y amenazas a los líderes empresariales.
Se maneja un discurso oficialista con todo y mañanera en donde exponen sus verdades a medias y “otros datos”, como afirmar que solo el 45% de los recursos llega a los beneficiarios y el otro 55% se va en gastos de operación, argumento que, por absurdo, se cae de inmediato, pues deliberadamente revuelven y confunden la diferencia entre lo que es gasto corriente, gastos indirectos y programas de inversión, que dentro de la contabilidad gubernamental son clasificados en capítulos muy distintos. Las fundaciones confirman que sus gastos operativos se encuentran debajo de los estándares internacionales.
Quieren dejar la idea que la burocracia lo sabrá hacer mejor y más barato, algo que de por sí ya es utópico, dicen que van a ahorrar 17 millones en sueldos, más otros importantísimos 250 mil pesos de comisiones bancarias, es decir el 1.5% del total de recursos, pero eso sí, crean una subsecretaría donde el titular va a costar más de 150 mil pesos mensuales, sueldo que, por mucho, hoy no lo gana ninguno de los gerentes de mayor nivel de las fundaciones.
Dicen que el Fidesseg no es transparente ni eficiente, cuando fueron ellos mismos los que reservaron la información y quienes diseñaron las reglas de operación.
Están utilizando toda su posición de poder político, mediático y económico para aplastar los argumentos y las posturas de las empresas, algo por demás inequitativo.
Pero aún y con todo ese poder, no mencionan lo que sin duda es parte fundamental del debate, el de cambiar el modelo para que pase de ser uno donde la sociedad productiva trabaja y apoya a la sociedad más vulnerable, a pasar a otro en donde, a través de un supuesto órgano “plural” (que obviamente no dicen como se conformará), sea finalmente el gobierno subsidiando a la sociedad, lo que bajo cualquier criterio significa obtener ventajas electorales, y que, además, puede ser manipulado en cualquier momento.
Un gobierno que toma una decisión que destruye y se agandalla un esquema que tuvo su origen en la participación ciudadana, no es un gobierno que tome decisiones acertadas.
La parte más importante es la de la falta de honorabilidad al no respetar los acuerdos, ¿Cuál es el valor que el gobierno le da a la honestidad? Un “gobierno honesto” no solo es el que no roba, también es el que honra la palabra, y eso, ni se olvida, ni se perdona.