El rompimiento de IP y Gobierno
¿Quién lo iba a decir? La desaparición unilateral del Fidesseg por parte del Gobierno estatal ha provocado un distanciamiento y más que eso, un rompimiento de liderazgos empresariales del estado con el poder público al que han apoyado por más de tres décadas.
Los consejos coordinadores empresariales del estado fueron quienes plantearon en 2018 a los candidatos a la gubernatura el pago de una sobretasa del Impuesto Sobre Nómina (ISN) para pasar del 2.7 al 3 % y que ese 0.3 % se destinara a este fideicomiso en apoyo a instituciones que realizan proyectos con impacto en el desarrollo social y en la seguridad pública. Borrarlo de un plumazo es para ellos, con todas las letras: una traición.
Esta semana se publicó un inédito pronunciamiento de los cinco consejos coordinadores empresariales del estado: de Irapuato (José Augusto Martínez Camarena), Salamanca (Óscar Sergio Macías Jasso), Celaya (Juan Yudico Herrasti), León (Roberto Novoa Toscano) y Guanajuato capital (Salvador Salazar Sánchez), en el que exigen que sumen sus opiniones antes de tomar decisiones. “Juntos lo iniciamos, juntos lo definimos”, citan.
Sin embargo la decisión de extinción del Fidesseg ya está tomada y tal vez la estuvo desde hace tiempo. En el periodo de transición la gobernadora electa Libia García Muñoz Ledo se reunió con los representantes de Actuando por Guanajuato y Fe Guanajuato (fundaciones que operan como un primer filtro para acompañar a las organizaciones en definir sus proyectos) y nada les dijo de su desaparición, pero tampoco fue clara en su permanencia.
Con el inicio del nuevo gobierno y del “Nuevo Comienzo”, precisamente la ahora llamada Secretaría del Nuevo Comienzo (antes Secretaría de Desarrollo Social y Humano) que encabeza Rosario Corona Amador, excoordinadora de campaña de la hoy Gobernadora, realizó una serie de encuentros en Celaya, Irapuato y León con representantes de organizaciones sociales, pero para informar lo ya decidido, no para definir qué hacer.
Este recurso lo manejará una nueva subsecretaría de la Secretaría del Nuevo Comienzo con la promesa de que el recurso del ISN permanece íntegro para este fin y que las organizaciones de la sociedad civil participarán en el Comité de Validación de Proyectos.
A organizaciones sociales que han recibido poco o no han sido beneficiadas del fideicomiso por una u otra razón, las promesas de la autoridad les entusiasman. A muchas otras que sí han recibido el respaldo, que de no existir este fideicomiso no tendrían, les preocupa y mucho. Que dejen de protestar no es que estén conformes, es resignación.
La rebelión
Los que no están resignados son los empresarios que aportan este impuesto. Juan Carlos Usabiaga, presidente de Actuando por Guanajuato, ha sido enfático en que, si no hay Fidesseg, pues no tiene porqué pagar la sobretasa del 0.3 % al Impuesto Sobre Nómina. Veremos qué pasa en el Congreso donde tendrá que aprobarse el paquete fiscal 2025.
Tampoco están nada contentos con el mote que les han dado de intermediarios. “Somos mucho más que un ‘intermediario’. Somos los creadores, los que innovamos, los que desarrollamos, los que implementamos y los que soñamos… los disruptivos. Somos los que Actuamos y no nos quedamos en los ‘quizás’… Eso somos”, publicó Actuando por Guanajuato.
Los consejos coordinadores han sido menos rudos, pero advierten en su desplegado: “El sector empresarial continuará participando en el proyecto en la medida en que se garantice su eficacia y sus fines. Defenderemos hasta las últimas instancias el destino de este impuesto y exhortamos a que se respeten los acuerdos con las autoridades”.
El tono de la mañanera del lunes de Libia y Rosario para anunciar el nuevo modelo, tampoco cayó bien al sector empresarial y a organizaciones de la sociedad civil. Se acusó falta de transparencia, burocratismo para los apoyos y exceso en gastos administrativos en los proyectos. Todo lo cual curiosamente estuvo y está en la cancha de la autoridad y Libia fue titular de Sedeshu, a la que estaba sectorizado este fideicomiso.
En algo coinciden todos: el modelo actual es perfectible en sus reglas de operación, pero lo que visualizan muchos son más riesgos que ventajas en que un ingreso de alrededor de los 800 millones de pesos anuales termine siendo mal invertido y menos transparente.
Zamarripa, ausente
Ante la perspectiva de irse el 1 de enero del 2025, por lo visto al fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, ya no le interesa cumplir con los compromisos institucionales que tiene, porque sus ausencias son cada vez más notorias en apenas tres semanas del nuevo Gobierno estatal.
La primera vez fue el 30 de septiembre, cuando la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo se reunió con 16 presidentes municipales; Héctor Tinajero Muñoz, presidente del Poder Judicial; Rolando Alcántar, presidente del Congreso; Eliseo Hernández, encargado del despacho de la Procuraduría de los Derechos Humanos; Itzel Balderas, directora del Imug; Jorge Jiménez, secretario de Gobierno; Mauro González Martínez, secretario de Seguridad Pública y Paz y otros funcionarios más.
El tema fue las acciones a tomar en virtud de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para Guanajuato y 17 municipios, por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, emitida el 25 de septiembre pasado.
Pero el Fiscal general del estado, uno de los principales involucrados en la Alerta, porque la institución que dirige es la encargada de investigar los feminicidios y las desapariciones de mujeres, así como perseguir y detener a los responsables, no asistió.
En su representación mandó a Zucé Hernández, fiscal de Derechos Humanos y a Elizabeth Durán, coordinadora jurídica.
La segunda vez que tampoco se hizo presente fue en el video conjunto que grabaron casi todas las autoridades antes mencionadas con un mensaje de cero tolerancia a la violencia hacia las mujeres, primera acción mandatada por la Alerta de Género. Nuevamente, quien habló en su lugar fue Elizabeth Durán.
Y la tercera ausencia de Carlos Zamarripa fue el martes pasado, durante la reunión encabezada por la gobernadora con 26 mujeres representantes de colectivos de mujeres buscadoras de personas desaparecidas, que duró más de tres horas.
A esa reunión asistieron una docena de funcionarios estatales, entre ellos, otra vez: Jorge Jiménez, secretario de Gobierno; Mauro González Martínez, secretario de Seguridad Pública y Paz; Jaime Rochín, titular de la Comisión Estatal de Víctimas; Héctor Díaz Ezquerra, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y Liz Esparza, Secretaria de Derechos Humanos.
Eliseo Hernández, encargado del despacho de la Procuraduría de los Derechos Humanos; Fabrizio Lorusso, de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato; Carlos Ventura, de la Organización Social Servicios y Asesoría por la Paz y hasta Janet Carmona, representante del Comité Internacional de la Cruz Roja para México.
Pero el Fiscal general del estado brilló por su ausencia. Volvió a enviar a Zucé Hernández, fiscal de Derechos Humanos.
‘Motín’ en la Fiscalía
Mientras Zamarripa se da el lujo de hacer lo que quiere, el descontento entre los empleados de la Fiscalía crece por el favoritismo para unos y el relego de otros en el reparto de prebendas por la próxima partida de su jefe máximo.
El 8 de octubre, después de que AM publicó que las “facilitadoras”, empleadas de la recepción de las agencias del Ministerio Público para ser el primer contacto de la gente que va a presentar denuncias, están siendo retabuladas por Carlos Zamarripa antes de irse, se armó una mini rebelión en ese órgano.
Los agentes del Ministerio Público del municipio de Guanajuato “se pusieron intensos” con el jefe de zona porque no solo le reclamaron, sino que hasta le gritaron que no era justo que ellos no van a recibir bonos ni compensaciones de fin de administración, según contó a AM una fuente de la Fiscalía.
El funcionario gritoneado fue Noé Javier Rodríguez Morales, jefe de la Unidad de Tramitación Común de la Zona “A”, Región “D”.
Empleados de la Fiscalía comentaron a este diario que gran inconformidad han causado los criterios para el otorgamiento de los bonos que se darán dentro de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG), ya que no se están considerando los méritos profesionales o de eficiencia, solo los de favoritismo hacia el jefe, es decir Zamarripa Aguirre, quien, según dicen sus subordinados, se siente todopoderoso y es quien decide a quien incluye en la lista, para darle el toque democrático.
También se dice que no tiene sentido la remoción del Fiscal general si se van a quedar los fiscales regionales y sus directivos, quienes son precisamente los que no entregan resultados y están hostigando en todo momento al personal operativo sin ninguna guía, sin liderazgo, sin fomentar el desarrollo personal y profesional.
Ya que es sabido que a los cursos de capacitación, a las reuniones con los directivos, a los conversatorios solo envían a sus preferidas o preferidos, como quedó de manifiesto en las propuestas del bono de “gratificación”. Ante ello, no creen que algo cambie después del 1 de enero del 2025, fecha en que se hará efectiva la renuncia de Zamarripa Aguirre.
Celaya y su nuevo comienzo
Los primeros días del morenista Juan Miguel Ramírez Sánchez como alcalde Celaya han buscado poner mano dura en seguridad pero dejando dudas en la confirmación de su gabinete.
Al más puro estilo de la cuarta transformación, Juan Miguel Ramírez ha querido llevar la narrativa de su gobierno con decisiones, declaraciones y simbolismos que buscan desterrar las casi tres décadas del PAN en Celaya.
La primera decisión de su gobierno fue despedir a los expolicías federales que seguían contratados en la corporación policiaca con el argumento de las constantes denuncias por abusos policiacos.
Juan Miguel Ramírez escuchó el clamor popular de depurar la Policía local y dejó en manos de la Guardia Nacional la seguridad pública del municipio que estará acompañada de los poco más de cien elementos locales que restan en la corporación.
Desde el Gobierno federal le mandaron a los coroneles Pablo Muñoz Huitrón para que dirija la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a Bernardo Rafael Cajero Reyes para que tome las riendas de la Policía Municipal y con ello tengan una mejor coordinación con las fuerzas federales.
Desde las nuevas mañaneras de seguridad que se realizarán los viernes, los nuevos jefes de la seguridad presumieron que los homicidios se redujeron un 71 % durante la primera semana de administración pero se les olvidó que desde hace casi dos meses la Guardia Nacional se hizo cargo de la seguridad municipal con notable incremento de la violencia.
La seguridad seguirá siendo la tarea primordial del Gobierno Municipal, pero Juan Miguel Ramírez ha buscado mandar mensajes como la negativa al incremento salarial del Ayuntamiento que recomendó el Congreso o rechazar el incremento a las tarifas del transporte público.
El profesor también acusó a su antecesor, Javier Mendoza Márquez, de supuestamente llevarse cinco camionetas blindadas para su seguridad personal, pero también reconoció que no sabía cuántos vehículos tenía la administración, ya que había trabajadores que le estaban ocultando información.
La narrativa morenista no esconde las dudas que hay en la conformación del nuevo gabinete con perfiles que habían sido despedidos en administraciones pasadas y directores que no cumplen las expectativas de colegios de profesionistas.
Uno de los señalamientos es que hay perfiles cercanos al senador Ricardo Sheffield Padilla, que no son originarios de Celaya, como Juan Refugio Rojas en Obras Públicas o Luis Martínez González en Desarrollo Urbano y otros foráneos como Carlos Olvera en el Consejo de Turismo y la poca experiencia de Saúl Trejo Fuentes en la Jumapa.
RAA