EL ASESINATO del sacerdote Marcelo Pérez en Chiapas no es un delito más en un estado sin ley. O no puede serlo. Tendría que significar un quiebre en la forma en que el gobierno federal enfrenta la crisis de gobernabilidad que se vive en aquella región.
BAJO LA LÓGICA de “lo que no se menciona, no existe”, desde el sexenio anterior se ha venido minimizando lo que padecen en la entidad: control territorial del crimen organizado y crisis de desplazados por la violencia, que se suman a la pobreza y la marginación que arrastra Chiapas y que ningún programa de bienestar ha logrado revertir.
LA EJECUCIÓN del padre Marcelo, un indígena tzotzil que sólo pedía paz para su pueblo y que rezaba diariamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, no puede ser sólo una cifra más en la estadística criminal de Chiapas. No debería serlo.
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ALLÁ en Jalisco resulta que el gobernador Enrique Alfaro decidió tomarse un “break” de la chamba y anunció que se separa 10 días del cargo por “cuestiones personales”. ¿Y qué tiene de raro? Pues que a su gobierno sólo le quedan… ¡40 días!
PERO LO QUE más inquieta es que mientras el mandatario emecista opta por desaparecer, en los círculos militares se habla de que en ese estado está comenzando a operar una preocupante alianza: la del Cártel Jalisco Nueva Generación con “Los Chapitos”.
LA UNIÓN entre ambos grupos delictivos resulta extraña porque justo el jefe del CJNG, Nemesio Oceguera “El Mencho” fue quien secuestró a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán en un restaurante de Puerto Vallarta, en agosto de 2016. Y quien logró que los liberara fue ni más ni menos que Ismael “El Mayo” Zambada, el mismo al que “Los Chapitos” se llevaron a pasear a Estados Unidos sin pedirle permiso.
PERO AHORA con la guerra que se desarrolla entre las facciones de la chapiza y la mayiza, los viejos enemigos habrían unido fuerzas para operar en Jalisco. ¿Y el gobernador? Bien, gracias.
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DA LA IMPRESIÓN que el superasesor jurídico de la Presidencia, Arturo Zaldívar, no está haciendo del todo bien su chamba. Y es que nomás no se entiende que él, como ex ministro de la Suprema Corte, permita que Claudia Sheinbaum tome una ruta taaan arriesgada como es la de decidir qué acata y que no acata de las resoluciones judiciales.
POR SUPUESTO la Jefa del Ejecutivo y su equipo tienen una postura fundamentada sobre el tema, pero eso no significa que así nomás, por sus pistolas, la Presidenta tenga la facultad para determinar qué decisiones judiciales son válidas y cuáles no. Justo para eso está la Suprema Corte, que es un tribunal cons-ti-tu-cio-nal.
UNA COSA es que en México la tradición sea decirle que sí a todo lo que diga quien encabeza la Presidencia, pero otra muy distinta es que su asesor Zaldívar no la prevenga de aparecer como alguien que ignora la separación de Poderes.