“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.
Artículo primero constitucional
Era tan regresivo, tan reaccionario, el nuevo embate de la 4T contra los derechos de los mexicanos que la propia presidenta Sheinbaum se vio obligada a ordenar la marcha atrás. Los autores trataron de esconder la mano, pero ahí están sus nombres en una iniciativa que quedará registrada como una vergüenza en la historia legislativa.
La propuesta que hoy quieren desconocer -en parte-los legisladores no es historia antigua. Apenas este 22 de octubre se sometió al Senado firmada por Adán Augusto López Hernández, coordinador de los senadores de Morena, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, y Sergio Carlos Gutiérrez, presidente de la mesa directiva del Senado, ¡la plana mayor de Morena en el Congreso de la Unión! No pueden decir que se equivocaron o que no leyeron su iniciativa.
En el artículo primero constitucional, el que protege los derechos fundamentales, los morenistas añadieron una cláusula que decía que “en ningún caso” las normas relativas a los derechos humanos “pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad”. Esto significaba que los mexicanos no podríamos ya recurrir a las convenciones internacionales para defender nuestros derechos humanos ante normas que los violaran. Arturo Zaldívar trató el tema en 2022 cuando era presidente de la Suprema Corte y todavía defendía las garantías: “Las normas de derechos humanos de tratados internacionales y convenciones” de las que México es parte “son Constitución. Si el día de mañana el poder revisor”, o sea, el legislativo, establece en la Constitución “la tortura, los azotes, la pena de muerte, la esclavitud”, ¿de verdad no podrá hacer nada nuestro tribunal constitucional? Según la iniciativa, no.
La regresividad de la propuesta era tan repugnante, y fue tan cuestionada por las organizaciones de defensa de los derechos humanos, que la presidenta la detuvo. Ayer dijo en la mañanera: “No, entiendo que esa parte la quitaron”. Adán Augusto López, que la tarde del 22 de octubre presentó la iniciativa, se echó para atrás la mañana siguiente en una entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, en la que dijo que no se tocaría ya el artículo primero: “Nos vamos a limitar a los 103, 105 y 107 constitucionales”, los otros artículos que el gobierno quiere enmendar.
Pero el que se haya omitido la parte más inaceptable no significa que lo que queda sea positivo. El gobierno/Morena está restringiendo los derechos de los mexicanos al impedir que la Suprema Corte pueda revisar la constitucionalidad de los decretos constitucionales. Este era precisamente el abuso que Zaldívar cuestionó cuando defendió la facultad de la Corte para proteger los derechos humanos ante decretos que los violen. El régimen quiere hoy eliminar esa posibilidad de defensa de los derechos, con lo cual viola el principio constitucional de progresividad, según el cual los derechos se pueden fortalecer, pero no socavar. La iniciativa también busca aplicar normas de manera retroactiva, lo cual quebranta un principio jurídico fundamental, no solo en México sino en el mundo.
Después de años de avances en derechos humanos, y en particular tras la reforma de 2011 que adoptó las convenciones internacionales como parte de nuestra Constitución, hemos topado hoy con un gobierno reaccionario que quiere concentrar el poder y debilitarlos. Lo peor es que lo hace con un discurso demagógico en el que afirma que está actuando por mandato del pueblo.
Vengativo
El PT ha pedido juicio político contra los ocho ministros “en desacato y rebeldía”. La presidenta Sheinbaum ha exigido sanciones contra la juez Nancy Juárez Salas por ordenar el retiro de una reforma judicial publicada pese a suspensiones. Tenemos un régimen no solo autoritario sino vengativo.
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