El día de ayer fue un día negro en Guanajuato, con la publicación del decreto para la extinción del Fidesseg, el Gobierno destruye uno de los proyectos ciudadanos más importantes de los últimos años.
No sirvieron de nada las movilizaciones sociales a través de las asociaciones civiles afectadas, que acreditaron de forma contundente los beneficios del Fidesseg, tampoco tuvieron éxito las posturas empresariales señalando siempre su negativa ante la falta en el cumplimiento de acuerdos por parte del gobierno, la autoridad estaba decidida a desaparecerlo para ahora ellos manejar el dinero, o hasta para quedárselo.
En la exposición de motivos del decreto de extinción, el Gobierno hace un tardío reconocimiento al origen del proyecto y a la aportación de una “parte representativa” de los contribuyentes (empresas) del Impuesto Sobre Nóminas, e incluso en uno de sus apartados, la autoridad ofrece un “nuevo modelo más allá de ciclos sexenales” estableciendo “mecanismos legales de continuidad y blindaje”, que eviten “cualquier riesgo de manipulación contraria a su fin”.
Todo eso suena muy bonito, pero solo significa el reconocimiento y dan la razón a los miles de guanajuatenses que se oponían a su extinción. Pero lo real se plasma en el clausulado del Decreto de extinción, donde el gobierno no hace ningún compromiso que vaya en el sentido del párrafo anterior, más bien al revés, en los diez artículos que componen al documento, se describen una serie de disposiciones autoritarias que terminan de enterrar el Fidesseg, incluyendo los proyectos en proceso y las convocatorias emitidas, y solo confirma que, a partir de hoy, nuestros recursos los manejará la burocracia estatal a través de la Secretaría del Nuevo Comienzo.
Los compromisos que asumió el Gobierno del Estado ante los Organismos Empresariales, en los pocos diálogos que se llevaron a cabo, encaminados en preservar la iniciativa ciudadana, y que centran su atención en evitar que el dinero se utilice para fines electorales, a la creación de un consejo con la participación mayoritaria del sector privado y las organizaciones de la sociedad civil, y que todo quedara plasmado en una reforma de Ley que garantice la total transparencia, hasta ahora solo quedaron en palabras, pero no en un documento suscrito que comprometa la voluntad del gobierno para cumplirlo.
Ahora solo queda ver si en realidad esos compromisos que hizo el gobierno durante las mesas de diálogo, se materializan a través de iniciativas aprobadas, lo que desde mi percepción se antoja muy difícil, pues no hay ninguna razón para pensar que las autoridades tengan, ahora sí, la voluntad de cumplir su palabra, pues el golpe de estado que han dado, les quita cualquier indicio de credibilidad.
Todavía hay batallas que dar, la impugnación legal puede ser una opción si no se encuentra un modelo que respete el origen del modelo. Vale la pena reconocer la firmeza con la que los Consejos Coordinadores Empresariales de León y de Celaya se han conducido, así como el estoicismo que manifestaron las fundaciones y las asociaciones civiles que fueron constituidas y son conformadas por muchos respetables colegas empresarios y activistas sociales, respectivamente.
Lamentablemente y como ha sucedido en el pasado, hubo otras organizaciones empresariales que rápidamente capitularon frente al gobierno, su falta de empatía y de principios, así como su temor, le hicieron más fácil a la autoridad ejercer el despojo.
Mañana cumple un mes el nuevo gobierno en nuestro estado, y ha empezado con un patrón de decisiones que golpea al sector productivo y social guanajuatense, lo que sin duda ubica a las autoridades en un proceso que es todo menos un nuevo comienzo, sino más bien lo podemos considerar ya como, un mal comienzo.