Algo que no ha tomado en cuenta el nuevo Gobierno en su plan para bajar el precio de la tortilla es la influencia que ejercen los cárteles en su distribución y precio. En el sureste y este de México el kilo de tortilla se vende al precio que los delincuentes ordenan a los tortilleros que lo vendan, esto en varias e importantes ciudades. En otras, los delincuentes cobran piso a los tortilleros, lo cual encarece el precio de este producto, esencial en la dieta de los mexicanos.
Mientras el Gobierno no acabe con la extorsión, esto es, el famoso “cobro de piso”, y con la intervención del crimen organizado en la distribución y venta de tortillas, no hay forma de que pueda influir en su precio final. Esto nos lo ha dicho directamente gente que conoce de este tema, pero además, lo ha denunciado de manera pública el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, que agrupa a miles de expendedores.
El otro punto digno de mencionarse, éste en términos económicos, es que mientras suban insumos como la electricidad y la gasolina, esto opera en contra de bajar el precio al producto final. Si la tortilla sube de precio no es por capricho de los tortilleros, sino porque para ellos el entorno encarece el costo de producirla, y obvio, como en toda economía, existe -y debe hacerlo- el incentivo de generar una utilidad. Lo cual se torna imposible si los insumos básicos padecen hiperinflación y ellos, los marchantes, el eslabón final entre productor y consumidor, no pueden trasladar esos incrementos en los insumos más adelante.
Entendemos perfectamente que siendo la tortilla un alimento básico exista interés por parte del Gobierno en mantener su precio accesible a la población. La pregunta de los 64 mil es: ¿cuál es la mejor manera de lograr estabilidad en los precios? Otros Gobiernos han intentado de todo: control de precios, subsidios al maíz, amenazas y castigos a los productores, precios de garantía, en fin, cuanta medida antieconómica se les ocurra.
La historia demuestra que nada de esto funciona y que lo único que SÍ funciona es una producción abundante que iguale o supere la demanda, ésta a partir de un entorno de costos razonables y estables, acudiendo a un mercado libre en donde los precios los establece el mercado mismo, el cual de por sí incentiva la eficiencia y la productividad. Por ello no funcionan ni los controles de precios, ni los subsidios, ni las interferencias gubernamentales que buscan imponer límites a los mercados de bienes y servicios.
En general, entre más barato se desea establecer el precio de un bien más se torna crucial incrementar su producción: la abundancia de un producto garantiza que éste sea adquirible para el consumidor a precios bajos. Si éste escasea, o no se produce en las cantidades que el mercado demanda, su precio se disparará inevitablemente. Si el Gobierno interviene en el mercado para evitarlo, lo único que logrará es la formación de un mercado negro.
Dicho esto, nos parece -y seguramente a ustedes también, estimados lectores- que mientras las organizaciones criminales controlen este mercado, el Gobierno de facto permite la intervención de factores externos que distorsionan el funcionamiento de cualquier mercado, lo que torna imposible regularlo o controlarlo.
El problema que enfrenta el Gobierno mexicano en el caso de pretender bajarle el precio a la tortilla es que se topa, adicional a los factores económicos, con la inseguridad que aqueja a prácticamente todo el País, lo cual es un problema de corte social. Resultaría inútil concentrarse en los factores económicos mientras el Gobierno no logre controlar este otro problema.
Palidecen las nultas de la Cofece a los productores contra las amenazas de muerte que reciben por parte de los criminales, quienes operan con absoluta impunidad. Solos, sin protección ni respaldo alguno de las autoridades locales, los productores forzados a pagar piso o vender el kilo de tortilla al precio que les ordenan los sicarios se encuentran en un lamentable estado de indefensión, a tal grado que las intenciones de las autoridades gubernamentales dejan de existir para todo fin práctico. Por ello crucial resulta para regular el mercado del taco comenzar por lo primero, esto es, imponer la ley y el orden en todo México.