DESDE HACE UN MES, en acuerdo con el líder senatorial de Morena, Adán Augusto López, la mayoría de ministros de la Suprema Corte acordó presentar su renuncia con fecha del 29 de octubre de 2024 y efectiva el 31 de agosto de 2025.
CON ELLO LOS MINISTROS dejan en claro que no contenderán en las elecciones de junio del año próximo y podrán cobrar los haberes de retiro correspondientes. Lo que estaba por definirse es si la ministra presidenta, Norma Piña, renuncia hoy o sólo informa que declinaría su participación en los comicios de 2025, sin dejar el cargo. De todas formas, ella se iría el último día de agosto del próximo año.
LA MAYORÍA DE MINISTROS ha decidido jugarla de manera institucional sin romper antes de tiempo y dejando testimonio con una reprobación parcial de la reforma judicial. El proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara es severo con la reforma judicial, pero deja puertas abiertas con la intención de no generar una mayor crisis en el país. Habrá que ver si en el Poder Legislativo y en el Ejecutivo hay una respuesta que busque un acuerdo de todas las partes.
EL MINISTRO sostiene que el proyecto que someterá al pleno es tácitamente su carta de renuncia. “Nuestro ciclo como ministros de esta Corte ha terminado”, es la consideración central del togado.
LA SOLUCIÓN que está planteando el ministro parte de principios jurídicos, pero le permite una salida política a la 4T, poniendo a salvo -al mismo tiempo- el entramado judicial nacional. Y es que González Alcántara avala que se renueve la Suprema Corte de Justicia por medio del voto popular… con todo y que también lo considera ilegal.
SIN EMBARGO, en su proyecto de dictamen propone el “sacrificio” de los 11 integrantes de la Corte, a cambio de que se preserven los cargos de jueces y magistrados tanto federales como locales. Pues tanto la tómbola, como su remoción y la idea de elegirlos en urnas, son contrarios al espíritu republicano y al deber constitucional.
***
POR INCREÍBLE que parezca, la Ciudad de México es el único lugar en el mundo en el que una persona que no sabe manejar puede obtener una… ¡licencia de manejo! En lugar de ser la certificación de que se está capacitado para conducir un vehículo particular, para el gobierno de Clara Brugada es un simple pretexto recaudatorio.
INCLUSIVE AHORA en el Congreso capitalino están por aprobar que también haya licencias permanentes. El punto es que temporal o eterna, el problema es que las autoridades no aplican exámenes de ningún tipo.
CONTRARIO no sólo a las mejores prácticas, sino a la mismísima lógica, los morenistas que impulsan esta licencia de conducir afirman que los exámenes ¡no sirven! Inclusive el diputado Víctor Varela fue más allá, al afirmar que quienes más chocan y causan más accidentes son quienes sí pasaron un examen teórico y práctico. ¡No, pues sí!