“Estamos. llegando a lo que algunos actores llaman ‘bifurcación de la historia’, este es un momento de no retorno: o nos vamos de un lado, o nos vamos del otro, o nos vamos hacia la democracia o nos vamos al autoritarismo”.
Porfirio Muñoz Ledo, 28.04.2021
Lo dijo Porfirio Muñoz Ledo el 4 de septiembre de 2019, cuando era todavía miembro distinguido de Morena y presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados: “Chinguen a su madre, ¡qué manera de legislar!”. Meses más tarde, el 12 de marzo de 2020, después de que los diputados morenistas hicieron maromas para cumplir la voluntad del presidente López Obrador y dar facultades a la Lotería Nacional para organizar “sorteos” y rifar el avión presidencial (rifa que nunca se hizo), Muñoz Ledo comentó en redes: “Hoy en la Cámara de Diputados se discutió con injurias durante cuatro horas la diferencia entre rifa y sorteo, cuestiones equivalentes en el diccionario. ¡Qué manera de no legislar! Me da pena por el prestigio del Congreso“.
No sé si alguna vez tuvo prestigio, pero el que haya tenido se ha desvanecido. En el afán de obedecer a ciegas al ejecutivo, los legisladores oficialistas impulsaron una nueva enmienda constitucional, perversamente llamada de “supremacía constitucional”, con implicaciones terribles para la democracia; y lo han hecho para blindar una “reforma judicial” que no solo no resuelve ningún problema de justicia, sino que crea otros enormes, y cuya única razón de ser es castigar a jueces, magistrados y ministros por haberle salido a López Obrador con “el cuento de que la ley es la ley”.
La última iniciativa la presentaron los líderes de Morena en el Congreso apenas el 24 de octubre y ya fue publicada el 31, noche de Halloween. Pretendía promover un principio de supremacía de la Constitución sobre otras normas que siempre ha existido, incluso ahora que los legisladores de la 4T han llenado la Constitución de ocurrencias que, si acaso, solo deberían tener cabida en leyes secundarias o reglamentos.
La nueva iniciativa empezaba con un despropósito enorme: abrogar el “control de convencionalidad”, o sea, suspender la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos. La medida habría convertido a nuestro país en un paria internacional. La propia presidenta Sheinbaum entendió que era un exceso y pidió eliminarla, pero se mantuvieron otras enmiendas cuestionables: al artículo 103, para descartar que los tribunales puedan resolver controversias sobre “las reformas y adiciones a esta Constitución, su forma, procedimiento y fondo, contra las que no cabe juicio o recurso alguno, en ningún caso”; al artículo 105, para establecer “que son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo o correlativa votación“; y al 107, para establecer que “no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación”.
Son disposiciones autoritarias que desconocen que la Constitución puede tener contradicciones internas o violar derechos humanos fundamentales por lo que es indispensable la interpretación. Además, descartan la posibilidad de impugnar reformas por faltas al proceso legislativo: el régimen podrá ahora violar todos los procedimientos para imponer sus reformas. Las disposiciones, por otra parte, son retroactivas: están hechas para anular una revisión de la reforma judicial que ya ha empezado, lo cual viola un principio fundamental del derecho. Ante este panorama hay que recordar hoy más que nunca a Muñoz Ledo: ¡Qué manera de legislar!”.
Depreciación
El tipo de cambio spot cerró el viernes en 20.2841 pesos por dólar, su mayor nivel desde agosto de 2022. El 5 de abril de 2024 tuvo su punto más bajo del año, 16.4530. Desde entonces ha subido 23.2 por ciento por las reformas constitucionales mexicanas y las posibilidades de triunfo de Trump en Estados Unidos. Es una fuerte depreciación del peso.
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