Al grano: un familiar cercano puso a la venta su departamento en la muy noble y leal Ciudad de México. Recibió una oferta del cliente para pagarlo con un enganche del 10% y el resto en 12 amortizaciones mensuales en dólares, con sus debidos intereses. El propietario desechó la jugosa propuesta con el siguiente argumento: si yo le doy la posesión y usted no paga el saldo, tendría que demandarlo y un juez, electo por medio de una tómbola sin carrera judicial, recomendado por 2 compañeros de trabajo empleados en una tienda de línea blanca, resolvería mi asunto, es decir, jamás recuperaría ni mi dinero ni mi departamento. La operación no se llevó a cabo, tal y como ocurriría en todos los órdenes económicos de la vida nacional.
De desaparecer las operaciones crediticias, la economía se paralizaría, la irritación social adquiriría perfiles amenazadores, la recaudación fiscal se desplomaría para asistir a la quiebra de la sociedad y con ella, a la del país, que vive del crédito.
Sin un marco legal que proteja a los individuos, los conflictos se dirimirían por medio de la fuerza en un ambiente de absoluta inseguridad. Los afortunados poseedores de más recursos impondrían sus propias reglas sobre quienes carecen de capacidades defensivas. Los poderosos actuarían como “jueces de facto” sin ninguna imparcialidad. Un sistema judicial inepto para hacer cumplir la ley o los acuerdos entre particulares, nos ubicaría en una economía cavernícola en la que el trueque volvería a adquirir carta de naturalización. Los derechos fundamentales, como la libertad, la propiedad y la igualdad carecerían de protección sin autoridades que los respalden. Algunos defenderían sus derechos, llegado el caso, con golpeadores para imponer “su” ley. Los jueces dependientes de Morena propiciarían la falta de certeza jurídica que aprovecharían las mafias para llenar los vacíos de poder.
¿Qué tal el caso de una mujer divorciada, cuyo marido deja de pagar la pensión porque “si”, o el empresario que despide a su personal sin liquidar la indemnización correspondiente, o un albacea que dispone para sí de la herencia y desfalca a los herederos, o un autor al que le roban sus derechos y se viola su propiedad intelectual, o un cuentahabiente que no puede recuperar sus haberes robados de su cuenta de cheques, o una esposa golpeada que no logra restringir la presencia del marido en el domicilio conyugal, o un banco que no logra ejecutar una garantía hipotecaria, o una agencia de automóviles imposibilitada de recuperar un crédito otorgado a un cliente, o el propietario de un inmueble imposibilitado de lanzar a un inquilino que se niega a pagar el arrendamiento pactado, o el empresario que padece la invasión de un terreno destinado a la construcción de un edificio, o el caso de socio que conoce la malversación de fondos de un colega y se encuentra impedido de encarcelarlo? ¿Cuál justicia?
México crece con arreglo al crédito y al desaparecer éste como consecuencia de un sistema de impartición de justicia integrado por maleantes deseosos de subastar la justicia al mejor postor o por ignorantes ajenos a la tragedia de las víctimas de la indefensión, tarde o temprano nos veremos obligados a resolver nuestras diferencias con las manos, tal y como acontecería en un partido de futbol en el que los árbitros fueran siempre de Morena y nunca marcaran penaltis ni fuera de lugar ni corners ni fauls y ganara indefectiblemente el equipo del gobierno en contra de cualquier particular. La nación siempre saldría derrotada. El precio de la desconfianza social conduciría a la quiebra de la economía. ¿Quién iba a conceder un crédito, de cualquier naturaleza, con el riesgo real de nunca poder recuperarlo? ¿Quién? ¿Cómo convencer a la inversión nacional y extranjera de arriesgar sus capitales ante la inexistencia de la “cosa juzgada”, la resolución final de un tribunal que declara la conclusión definitiva de un juicio? El nuevo tribunal de disciplina judicial podría reabrir un asunto concluido y juzgado, emitir una nueva resolución y hasta encarcelar el juez que dictó la sentencia definitiva. ¿Dónde queda la certeza jurídica indispensable para la evolución social?
Usted, amable lector que pasa la vista por estas líneas, ¿concedería un crédito sobre la base de que podría no recuperarlo jamás ante jueces especializados en la venta de línea blanca?