Con la reciente postura asumida por el Gobierno del Estado, para no hacerse responsable de los 8 millones de pesos correspondientes a los pasivos laborales relacionados con los empleados que trabajaban en las fundaciones que evaluaban los proyectos y canalizaban los recursos del Fidesseg, ya se deja ver una intención no solo de destruir el proyecto, sino de hacerlo con saña.
Dejar a su suerte a más de 40 trabajadores significa no solo una irresponsabilidad, sino una evidencia del verdadero rencor que se le tenía a esta iniciativa ciudadana. De hecho, el problema podría resolverse con una mera reclasificación presupuestal, pero ni eso quieren aceptar los gobernantes, dicen simplemente que las liquidaciones del personal que trabajaba en un proyecto conjunto público-privado, no les corresponden, cuando incluso algunos habían sido empleados estatales que llegaron “recomendados” por el mismo gobierno.
Y aquí es donde posiblemente se empiece a ver una pequeña señal de lo que pudieran ser los verdaderos motivos por los cuales el gobierno dio el “guillotinazo” fulminante y sordo al Fidesseg.
Una de varias hipótesis que encuentran validez ante una serie de hechos y anécdotas, puede sostenerse en que uno de los motivos surge por una vendetta que pudo haber tenido sus orígenes y haberse fraguado entre el gobierno anterior y el nuevo, en un escenario donde grupos empresariales importantes de las principales ciudades del estado, asumieron posturas críticas y desalineadas hacia el “sistema” panista que nos gobierna.
Empecemos por León, en donde el sector empresarial institucional en su momento asumió una postura diferente a la línea oficial, que indicaba apoyar a la entonces precandidata Libia García, y se decantó mayoritariamente por la alcaldesa de nuestra ciudad Alejandra Gutiérrez, lo cual quedó manifiesto en desplegados periodísticos firmados por cientos de ciudadanos, algo que siempre se supo había molestado a la clase gobernante.
Luego vamos a Irapuato, ciudad en la cual, a pesar de no haberse hecho público, se sabía ampliamente la ruptura que tuvo el grupo empresarial que había encabezado el apoyo al modelo del Fidesseg y que era muy cercano al anterior Gobernador, quienes por razones que solo ellos saben decidieron apoyar mejor al candidato del partido Movimiento Ciudadano a la alcaldía de esa ciudad, lo que evidentemente provocó nuevamente la ira de la nomenklatura gobernante, la que salía y la que entraba.
Y finalmente tenemos el caso de Celaya, en donde empresarios agrupados en torno a instituciones y a familias de alta jerarquía empresarial hicieron fuertes reclamos al Gobierno del Estado por el abandono en el que dejaron a su municipio ante la ola de violencia que ha padecido en los últimos años, además de que acusaron al anterior gobierno, con buena razón, de carecer de liderazgo y visión para Guanajuato, calificando a la estrategia estatal como obsoleta. Incluso en ese municipio, para muchos empresarios, la derrota panista revitalizó y dignificó a la ciudadanía celayense. Evidentemente esta postura también caló fuerte ante los políticos que detentan el poder.
Lo sucedido en estas tres ciudades son hechos y no especulaciones, y son suficientes para que alguien piense que, analizados de forma conjunta, en la mente de los políticos los empresarios merecerían una reprimenda, aún y cuando el gobierno quedara como una institución deshonesta.
El Gobierno de Guanajuato nos quitó el dinero, se quedó con él, nos lo arrebató, pero no nos quitará el sueño, ni la vocación, ni la ilusión, ni la iniciativa de seguir promoviendo proyectos de asistencia social, con ellos, sin ellos, o a pesar de ellos, pues queda claro que la gran mayoría de los políticos de este país, ha perdido la vergüenza.