‘La salud no espera excusas’
El reciente informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública al tercer trimestre de 2024 arroja luz sobre un tema crítico que afecta a millones de mexicanos: la crisis del sistema de salud pública. Esta situación no es nueva, pero las cifras actuales evidencian una administración que, bajo el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador, heredó un sistema de salud devastado al autodenominado “segundo piso” de la presente administración.
De acuerdo con el informe de la SHCP, en 2024 se aprobaron 88,916 millones de pesos para la Secretaría de Salud, pero al tercer trimestre solo se le autorizaron (quedaban) 59,612 millones, una reducción de más de 29,304 millones de pesos. Esta drástica disminución impactó de manera directa programas esenciales como la vacunación, la atención a la salud materna y la vigilancia epidemiológica. Para ponerlo en perspectiva, la Secretaría de Salud bajo el mando del Dr. David Kershenobich está operando este año con apenas una cuarta parte del presupuesto ejercido en 2023 y es probable que en el paquete fiscal 2025 que será entregado mientras escribo estas líneas, estará igual de disminuido.
El contraste más preocupante se encuentra en el destino de los recursos: mientras programas esenciales enfrentan recortes, el organismo público descentralizado OPD-IMSS-Bienestar recibió un incremento presupuestario del 52 %, llegando a 195,756 millones de pesos. Sin embargo, este aumento no ha demostrado ser una solución efectiva para los más vulnerables. Estudios independientes, como los de México Evalúa, muestran que los recursos asignados al IMSS-Bienestar no han generado un impacto significativo en la atención a la población sin seguridad social.
El costo de las decisiones políticas es claro: El desmantelamiento del Seguro Popular en 2018 marcó el inicio de una serie de decisiones que han dejado al sistema de salud pública en un estado crítico. En su lugar, primero el Insabi y ahora el OPD-IMSS-Bienestar, han intentado cubrir la demanda de atención médica, pero sin los resultados esperados. Según datos oficiales, el gasto per cápita en salud para personas sin seguridad social es hoy un 13.8 % menor que en 2018, mientras que la población que depende de estos servicios ha aumentado en 30 millones de personas.
El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), diseñado para financiar servicios médicos en los estados, también ha sido víctima de estos recortes. En 2024, su presupuesto se redujo en 38,187 millones de pesos, afectando directamente a estados como Chiapas, Veracruz y la Ciudad de México. Este centralismo no solo contraviene los principios de federalismo, sino que también reduce la capacidad de respuesta de los estados para atender las necesidades de salud de sus poblaciones como lo hemos denunciado desde la tribuna.
En mis libros “Legislando la Salud desde la curul 083 y “Contestatario: crítica, propuesta y debate sobre nuestra salud”, he abordado la importancia de un sistema de salud eficiente, descentralizado y con recursos suficientes. Estas características fueron pilares del Seguro Popular, un programa que, aunque no perfecto, ofrecía un modelo más equilibrado y con mejores resultados que los observados bajo el actual sistema centralizado.
El retroceso en la atención médica no solo se mide en cifras, sino en las historias de millones de mexicanos que han enfrentado desabasto de medicamentos, largas esperas para recibir atención y un incremento en los gastos de bolsillo para cubrir servicios médicos privados. La falta de inversión en capacitación de personal, infraestructura y programas preventivos ha agravado problemas como la obesidad, la diabetes y la mortalidad materna.
México no puede permitirse seguir en esta trayectoria. Un sistema de salud que funcione requiere de una visión a largo plazo, basada en evidencias y no en decisiones políticas improvisadas. Es imprescindible: Restituir los recursos a la Secretaría de Salud y a los programas estatales para garantizar servicios básicos; fortalecer la transparencia en el uso de recursos del IMSS-Bienestar, asegurando que los fondos lleguen realmente a las personas más necesitadas; incentivar la participación estatal en la provisión de servicios de salud, respetando el principio de federalismo; revisar los mecanismos de financiamiento, incluyendo el Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), que actualmente enfrenta problemas de opacidad y recortes presupuestales.
De cara al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025, hoy más que nunca, el debate sobre la salud pública en México debe ser prioridad, máxime cuando se acaba de reformar la Ley Orgánica del Ejecutivo Federal para dar más facultades a la Secretaría de Salud para ejecutar el denominado “Programa de trabajo 2024-2030 en Salud Pública”. Lo debatiremos desde la tribuna de San Lázaro en los próximos días.
RAA