Se toman su tiempo
La Junta de Gobierno del Congreso ya la está haciendo cansada con la elaboración de la convocatoria para elegir al próximo Procurador de los Derechos Humanos del Estado; se están dando su tiempo para definir los términos. Esperemos que ese retraso tenga como fin la elección de un buen perfil.
Aquí vale la pena reconocer la apertura de Jorge Espadas, coordinador de la fracción mayoritaria del PAN, quien la semana pasada aceptó la demanda de Morena, PVEM y PRD de que el proceso se realice con más tiempo, más de un mes, porque un nombramiento de esta importancia no puede hacerse a la carrera ni “al aventón”, sino que requiere análisis con tiempo y serenidad.
Lo único definido ya es que la fecha límite para el nombramiento será el 27 de febrero. Mientras tanto continúa como encargado de despacho Eliseo Hernández Campos, nombrado en junio pasado ante la anticipada salida de Vicente Esqueda, que fue nombrado magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.
En su sesión del miércoles pasado, los siete coordinadores parlamentarios hicieron sus propuestas de añadidos a los requisitos y procedimiento establecidos en la Ley para la Protección de los Derechos Humanos del Estado. Pero ahí se están evidenciando diferentes visiones de lo que debería ser la convocatoria.
Sergio Contreras, coordinador del PVEM, comentó a AM que algunas de las propuestas fueron: darle voz a los colectivos en esta materia, dar amplia publicidad a la convocatoria, a las fechas de registro, a los aspirantes y a quienes sí cumplieron con los requisitos.
Incluso la propuesta incluye hacer entrevistas a los candidatos, que no están contempladas en la ley, pero ya se había hecho en el pasado cuando eligieron a Raúl Montero de Alba, que por cierto no estuvo ni cerca de ser el mejor. Y resultó elegido.
Exactamente lo que ocurrió ahora en el Senado con la reelección de Rosario Piedra Ibarra. ¿Les suena la historia?
Militante o no militante
Pero bueno, regresando al presente, Sergio Contreras destacó que los términos en que quede la convocatoria serán aquellos que no vayan más allá de lo que marca la Ley para la Protección de los Derechos Humanos del Estado.
También aclaró que no se puede prohibir la participación de ningún militante de partido político porque eso sería inconstitucional al violar los derechos políticos de las personas a tener una militancia política.
Aunque no lo menciona, es evidente que se refiere a lo que ha propuesto David Martínez, coordinador de Morena, quien ha señalado públicamente que sus compañeros diputados de Morena no quieren otro panista en ese cargo, como ocurrió con Vicente Esqueda Méndez, anterior procurador.
Sergio Contreras destacó que en caso de que la convocatoria incluyera esta prohibición, podría ser impugnada y “tumbada” con todo derecho. Y lo que se busca es que no sea cuestionada jurídicamente y mucho menos “echada para atrás”. Él lo sabe bien porque es abogado.
Por su parte, Alejandro Arias, coordinador del PRI, sostuvo exactamente lo contrario: “Tiene que ser alguien que no sea militante de un partido político, sino que llegue al cargo por su palmarés, por su curriculum de vida”.
Morena pide abrir proceso
La propuesta de los diputados morenistas considera que la convocatoria no cumple con una amplia participación ciudadana, transparencia y publicidad en todo el proceso para elegir al próximo defensor de los derechos humanos.
Para efectos de una debida participación ciudadana y cumplimiento al principio de consulta pública, los “morenos” consideran que la consulta debe incluir la participación de las organizaciones sociales, eliminando el requisito innecesario que establece que las postulaciones hechas por organizaciones sociales deben sustentarse en una documental certificada del acta constitutiva de la organización social.
Propuso además, como elemento importante, que las organizaciones puedan participar en una amplia auscultación a los aspirantes, que deberán ser incluidas en las entrevistas que realice la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables en comparecencias públicas.
En las entrevistas deberán incluirse preguntas y casos prácticos planteados por organizaciones de la sociedad civil.
El dictamen deberá contemplar, al menos, los indicadores, la evaluación documental de idoneidad, las comparecencias y entrevistas públicas, la experiencia en materia de derechos humanos, las opiniones de las organizaciones civiles defensoras o promotoras de derechos humanos, la autonomía respecto a los poderes públicos y privados, el reconocimiento social de la persona como congruente y consistente en su desarrollo personal y profesional, y el conocimiento en materia de derechos humanos.
Estos dos puntos de evaluación, vale decirlo, no están en la ley, por lo que lo más seguro es que no pasarán.
Sobre la propuesta de Morena de que participen las organizaciones sociales en la selección de los aspirantes, el coordinador priista Alejandro Arias ya anticipó: “Eso no va a pasar, porque esa es una facultad de nosotros los diputados”, sostuvo.
Y seguramente así sucederá en la reunión del miércoles de Junta de Gobierno donde se espera que, ahora sí, ya terminen de definir la convocatoria.
Fosa y memoria
Se cumplieron cuatro años del hallazgo de las fosas en Salvatierra en la que fueron localizados 80 cuerpos. Hoy el colectivo “Ángeles de pie por ti” hará una jornada de memoria y lucha e insistirá en su petición de tener en este mismo espacio un “jardín de la memoria”.
La gobernadora Libia García prometió que apoyará el memorial, pero no han dicho cuándo.
El colectivo publicó un mensaje: “¿Por qué ese jardín de memoria? Porque será el primero en el estado que representará lo que son las violaciones a derechos humanos, el gran número de desaparecidos en el estado y que el esfuerzo de una familia y una madre buscadora rinde frutos. ¿Por qué un jardín de memoria? Porque ese lugar necesita ser respetado y arrebatado de esos delincuentes para que nunca más se vuelva a repetir”.
Entre los cuerpos encontrados en este lugar está el de Guadalupe Barajas Piña, la maestra Lupita, quien fuera reportada desaparecida el 29 de febrero de 2020 y cuya historia familiar retrata la tragedia que viven muchas personas en Guanajuato.
Su hermano Francisco Javier y sus padres Javier y María del Tránsito, no dejaron de buscarla. Javier, quien fuera parte de la Comisión Estatal de Búsqueda, fue asesinado en mayo de 2021. Frente al riesgo, los señores se vieron obligados a dejar su tierra.
En agosto pasado cuatro personas acusadas de la desaparición de Lupita fueron absueltas.
Celaya, Alcalde desmentido
El aumento de la violencia en Celaya con el asesinato de un joven en el estacionamiento de una plaza comercial y contra una pareja en plena Alameda Hidalgo marcó la primera gran prueba del Gobierno morenista de Juan Miguel Ramírez Sánchez.
A pesar de los esfuerzos del nuevo Gobierno por presumir que los homicidios van a la baja, los hechos de alto impacto de la última semana pusieron en jaque a la administración.
Primero, un joven fue asesinado a balazos en el estacionamiento de Parque Celaya la noche del martes y 24 horas después una pareja fue asesinada en plena Alameda Hidalgo cuando paseaba con su pequeña hija, en un hecho que volvió a conmocionar a la ciudad.
La reacción de Juan Miguel Ramírez a este hecho fue asegurar que las cámaras de seguridad de la Alameda Hidalgo habían sido movidas de manera externa poco antes del crimen y volvió a dejar entrever la posibilidad de que el C4 está hackeado, argumentando que era información corroborada por personal especializado de la Sedena.
El Alcalde morenista volvió a culpar a la administración pasada encabezada por Javier Mendoza Márquez por supuestamente no darle mantenimiento al C4, y la realidad es que hace un año y medio hicieron una inversión millonaria, con recursos del extinto Fidesseg, para modernizar este centro de monitoreo.
Más allá de un video publicado en sus redes sociales, donde Juan Miguel Ramírez asegura que las condenas ya no bastan para mejorar la situación, la estrategia de culpar a sus antecesores ya no cayó nada bien entre la ciudadanía, que le exige resultados.
Pero la cosa no acabó ahí. Durante la mañanera semanal de seguridad, el director de la Policía Municipal, Bernardo Rafael Cajero Reyes, desmintió al alcalde al asegurar que no hay pruebas de que el C4 esté hackeado, ni que las cámaras de videovigilancia de la Alameda se hayan movido antes del homicidio de la pareja la noche del miércoles.
No es la primera vez que el experimentado Teniente Coronel contradice al Alcalde en una mañanera de seguridad.
El 25 de octubre también descartó la versión del Alcalde sobre el hallazgo de vehículos oficiales y camionetas blindadas supuestamente abandonadas, argumentó que como cualquier otro vehículo estaban en mantenimiento, y puso fin a los rumores de la desaparición de un dron de seguridad, detallando que se había dado de baja en su momento, todo esto ante una incómoda mirada de Juan Miguel Ramírez.
La respuesta de la nueva administración ante su primer gran problema de seguridad pone en duda el origen de estas teorías de conspiración y abre el camino a un peligroso camino de desinformación que parece no tener retorno.
Protegen Parque Explora
Para evitar sorpresitas y sorpresotas con la realización de eventos que provoquen un impacto ambiental en el Parque Ecológico Explora, en la pasada sesión de Ayuntamiento la regidora de Movimiento Ciudadano, Dessire Ángel Rocha, presentó una iniciativa.
La propuesta implica una reforma a los reglamentos del Patronato de la Feria (del cual depende este espacio verde) y de Gestión Ambiental. El propósito es establecer reglas claras para que todo uso intensivo del parque cumpla con criterios ambientales.
“Cualquier evento masivo tendría que contar con estudios de impacto ambiental que garanticen que el parque no será dañado. Análisis de capacidad de carga (cuántas personas pueden estar en el parque sin que el ambiente se degrade), la contaminación lumínica, auditiva, visual, y planes de prevención, mitigación y recuperación”, explicó.
El Parque Ecológico Explora tiene 17 hectáreas de áreas verdes, y es administrado y operado por el Patronato de la Feria desde que abrió sus puertas en noviembre de 1994. Al estar sujeto a la normativa de la Feria y no de Gestión Ambiental como parque público, no cuenta con regulación ambiental que lo proteja de eventos masivos que podrían dañarlo.
Y puso como ejemplo la autorización de un evento sin tener un estudio claro sobre su impacto, el festival “Villa Nevada” anunciado con bombo y platillo por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez y el director general de la Feria, Alonso Limón. Se hará del 29 de noviembre al 27 de diciembre y esperan más de 200 mil personas, es decir un promedio de 7 mil por día. Las autoridades municipales y de la Feria defienden que todo está en regla.
“Esta propuesta no se trata de frenar eventos ni de impedir el sano esparcimiento, que quede claro, sin duda los parques y los espacios públicos son para el disfrute de la gente, se trata de proteger uno de nuestros espacios verdes más importantes y asegurar que su uso sea responsable y sostenible”, expone la exlegisladora local y hoy regidora.
Lo cierto es que la zona verde del Parque Explora ha sufrido daños considerables por los espectáculos ahí celebrados en ediciones anteriores de la Feria Estatal de León (se recuerda la Expo Ganadera en la edición 2022), y durante meses se observó seca.
En otras ciudades del país y el estado se ha tenido que meter reversa a eventos masivos para proteger espacios verdes. Tras protestas, en septiembre en Puebla se canceló el evento “Coca-Cola Food Fest” programado en el Parque Ecológico; o en Salamanca en 2023 ambientalistas lograron un amparo para frenar realizar la feria en el Ecoparque.
Esta semana el Patronato de la Feria León presenta el programa de la edición 2025, y ahí veremos si el parque sigue siendo un espacio verde, o un foro más para el espectáculo.
RAA