Mal comienza su gestión el nuevo gobierno que inicia con el pie izquierdo. Antes de tomar protesta, ya se habían confrontado con las agrupaciones de migrantes guanajuatenses en Estados Unidos, al eliminar su Secretaría del Migrante, largamente anhelada por estos grupos. Inmediatamente continuaron confrontando a los empresarios, liquidando los apoyos a pequeñas empresas que otorgaban los Fondos Guanajuato y el fideicomiso Fidesseg, bajo el alegato de falta de probidad de los empresarios filántropos. No satisfechos con esto, ahora se encuentran en un oscuro y peligroso callejón sin salida, copados por el sindicato magisterial que les exige cuentas claras de las retenciones de ISR, que les descuentan a los maestros. Debe de haber responsabilidades y sanciones, empezando por las que le correspondan al Secretario de Finanzas que deberá de irse pronto.
No saciados con ello, los encumbrados funcionarios estatales, desde sus apacibles despachos, se convierten en discretos cómplices de la intentona de la alcaldesa de Guanajuato capital, que pretende la aprobación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Guanajuato (PMDUOET), que consigna la urbanización del cerro sagrado de los guanajuatenses: La Bufa, así como de la Sierra de Santa Rosa.
Están a punto de reabrir una profunda herida a los capitalinos; que desde 2010 combaten sin cuartel, a los intereses mezquinos, siempre empecinados en urbanizar áreas que han sido de conservación ecológica. Apoyados por un Instituto Municipal de Planeación (Implan) colonizado por los intereses de constructores y vivienderos, no desisten, ayuntamiento tras ayuntamiento, en procurar convertir los escarpados cerros en zonas habitacionales y comerciales de alta densidad.
La alcaldesa y su familia, para variar, tienen conflictos de intereses en diversas zonas. Ansían, por ejemplo, un gran estacionamiento en Paseo de la Presa que dé cabida a los turistas que asisten a uno de los “museos” familiares.
Por lo pronto, presentan a los ciudadanos un programa de ordenamiento (PMDUOET), que expresa en su texto una cosa y consigna, en sus planos, otra muy diferente; destacándose, como lo advertimos, la afectación a La Bufa y a la Sierra de Santa Rosa. Su contenido no son las políticas públicas de desarrollo urbano sustentable, sino un plan de negocios inmobiliarios para apoyadores de la campaña electoral de Samantha y para la propia familia de la presidenta municipal. Unos cuántos linajes guanajuatenses, muy voraces y ambiciosos, continúan exigiendo privilegios, por sobre los intereses de la ciudadanía y la concreción del bien común.
Probablemente se deba iniciar una nueva movilización, como en 2010 para defender el entorno y los paisajes icónicos de la ciudad de las cañadas. El Gobierno del estado nunca ha querido resolver esta gravísima confrontación social. Les gusta sentarse en barriles de pólvora. Bastaría con que la gobernadora declarara el acceso Diego Rivera, como vía escénica, prohibiendo cualquier interconexión con este camino. Pero prefieren expresar su inexplicable apoyo a la familia gobernante de la capital. Pero, en esta ocasión, la apuesta podrá resultar muy cara para todos.
En una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, el Instituto de Antropología e Historia (INAH) no ha sido siquiera consultado sobre el turbio programa. No obstante que parte de las áreas se encuentran ubicadas en la zona monumental de Guanajuato, el gobierno local detesta la intervención de la instancia federal, que se ha atrevido a poner freno a diversas ocurrencias del gobierno anterior. Imprudente, a la alta burocracia estatal no le importa poner en riesgo la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad de la ciudad. Privilegian que los Navarro Smith se sigan despachando, a gusto, con cuchara grande.
Alterar el paisaje emblemático, demeritar el patrimonio cultural y lesionar el medio ambiente, no parece importarles, siempre y cuando el signo de dinero esté presente para los impíos empresarios que habitan en esta comunidad. Todo ronda alrededor de negocios sucios, que tratan de realizar como contraprestación a los substanciosos apoyos para la campaña electoral triunfadora. Una vez más la economía de compadres marca el rumbo.
Ante las amenazas a los símbolos de la naturaleza que construyen el paisaje que cobija a la extraordinaria urbe de tintes barrocos, neoclásicos y eclécticos, la movilización cívica debe de resurgir, así como la exigencia de un nuevo plebiscito. El secretario de Medio Ambiente, un viejo conocido de por acá, no suscita confianza alguna, y muy pronto se verá dentro del torbellino y los señalamientos de descuido ambiental y ecológico. Quizá, quien pudiera encontrar caminos sensatos sería la Arq. Graciela Amaro, la directora del Instituto de Planeación Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (Iplaneg). Es una profesionista seria y conoce esta comuna. Aparte es egresada de la UG. Por lo pronto, muy cerca del fin de la consulta ciudadana del PMDUOET, que concluye el próximo viernes 22 de noviembre, la frágil barca en la que navega la alcaldesa, surca ya aguas turbulentas.
RAA